Los columnistas de oficio enfrentamos un dilema: ¿comentar los estertores del Gobierno Petro o, simplemente, pasar la página? Hay quienes argumentan que lo sensato sería ignorar esta catarata de despropósitos de última hora, negarle oxígeno mediático a sus delirios y mirar hacia adelante, hacia una Colombia liberada de la retórica ideológica divorciada de la realidad.
No obstante, lo que presenciamos no son meros discursos vacíos. Mientras Petro despotrica desde su tribuna, en las entrañas del aparato estatal se perpetra un saqueo metódico: contrataciones aceleradas, favores que traspasan todo límite ético, prebendas a granel para los incondicionales. El botín se reparte con prisa y sin pudor.
La evidencia más contundente de esta rapiña es la Resolución 478 del 6 de julio de 2026, firmada por la directora del Dapre, Nhora Yhanet Mondragón. Mediante este instrumento, a menos de un mes del relevo presidencial, se declararon hábiles varios fines de semana hasta el 7 de agosto. ¿El propósito? Contratar, contratar y contratar.
La justificación oficial raya en el cinismo: supuestamente se trata de “cerrar metas pendientes” y “ejecutar el presupuesto”. Falacia. Los presupuestos son anuales, no cuatrienales, y vencen en diciembre. Lo que subyace es la perversa lógica de que todo debe comprometerse antes del cierre del gobierno, sin importar la pertinencia o necesidad real del gasto.
Desde que el pueblo colombiano eligió a Abelardo de la Espriella, el Gobierno de Petro aceleró desaforadamente la adjudicación de contratos. Superada la veda de la ley de garantías, más de 733 contratos de contratación directa se firmaron desde un centenar de entidades: Invías, Inpec, Interior, la Unidad Nacional de Protección. La lista es extensa y reveladora.
Seamos francos: esto no es gestión administrativa normal. Es el saqueo sistemático de las arcas públicas, el pago de favores políticos a quienes respaldaron incondicionalmente al presidente. Así como durante la campaña Petro no escatimó recursos —ni coqueteos con la ilegalidad— para beneficiar a su delfín, en esta fase terminal no renuncia a esfuerzo alguno por vaciar las bóvedas del Estado junto a sus copartidarios.
¿Cuál debe ser nuestra postura? ¿Ignorar o vigilar? La respuesta es clara: no podemos permitir que profundicen la crisis fiscal solo para engordar los bolsillos de sus seguidores. El presupuesto público bajo Petro creció de 350 a 546 billones de pesos —un incremento anual del 11,7 % cuando la inflación promedio fue del 8,43 %—. Y aun así, endeudó al país en 400 billones adicionales, llevando la deuda total a cifras récord: 1.200 billones de pesos.
El tamaño del desfalco perpetrado por el Pacto Histórico no solo es inaudito; se volvió tan rutinario que lo seguirán ejecutando hasta el último minuto del mandato. Por eso no sorprende el “conveniente” hackeo de Ecopetrol que, casualmente, compromete información sensible. Demasiado oportuno, ¿no les parece?
Hasta el último microgramo de oro. Ese es el lema tácito de este gobierno.