Es momento de llamar las cosas por su nombre, sin el maquillaje del lenguaje políticamente correcto y sin el miedo a que nos tilden de enemigos de la paz. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no solo fracasó; se convirtió en una herramienta perversa que institucionalizó la impunidad y que, hoy por hoy, es el mayor obstáculo para la verdadera justicia en Colombia. Lo que empezó como una promesa de reconciliación terminó siendo un pacto de silencio, un refugio para criminales y una guillotina para quienes, durante décadas, pusieron el pecho para defender esta democracia.
El hecho lamentable y vergonzoso de haberle otorgado permiso al narcoterrorista alias Timochenko para salir del país es apenas la última estocada. Mientras el país observa atónito cómo un sujeto que encarnó el terror, el secuestro, el reclutamiento de menores y la barbarie se pasea por el mundo con la venia y el sello oficial de una corte colombiana, las víctimas, las verdaderas protagonistas de esta tragedia, siguen esperando. Esperan una reparación que nunca llega, una verdad que siempre es a medias y una justicia que, en este sistema, brilla por su ausencia. Es una burla que no tiene nombre: aquí los victimarios tienen pasaporte y privilegios, mientras los ciudadanos que sufrieron sus crímenes apenas tienen derecho a un silencio que les duele en el alma.
La JEP ha demostrado y confirmado ser un tribunal diseñado a la medida de los narcoterroristas. El tiempo nos sigue dando la razón. Bajo la fachada de “justicia transicional”, los responsables han logrado blindarse contra la justicia ordinaria, obteniendo beneficios que cualquier colombiano común consideraría una utopía. No hay penas reales, no hay cárcel efectiva y, lo que es peor, la verdad se ha convertido en una moneda de cambio, donde el criminal decide qué contar y qué omitir para seguir disfrutando de sus prebendas. Es un fiasco total, una puesta en escena donde el guion está escrito por quienes deberían estar pagando por sus atrocidades.
Pero lo más indignante son los números. El país no puede permitir que se active la prórroga de los otros diez años contemplada en el artículo 34 de la Ley 1957 de 2019. Estamos a punto de cumplir la primera década y el balance es desastroso: 38 magistrados que, en diez años, no han entregado resultados sustanciales que justifiquen su existencia. Peor aún es el despilfarro: de los 20 billones de pesos presupuestados originalmente para los 20 años de funcionamiento, ya se han gastado 12 billones en menos de una década. Es decir, se han consumido el 60 % del presupuesto para ofrecer, a cambio, un 0 % de justicia real. Es un saqueo al bolsillo de los colombianos.
Por otra parte, la infamia no se detiene ahí. Mientras estos bandidos se dan el lujo de viajar, la JEP ha desplegado una persecución sistemática y sesgada contra nuestras Fuerzas Militares. Es una estrategia de espejo invertido: intentan equiparar, en un ejercicio de cinismo jurídico sin precedentes, a quienes cometieron delitos de lesa humanidad con quienes tenían el deber constitucional de enfrentarlos. Los soldados y policías de Colombia, que arriesgaron su vida para evitar que este país cayera en manos de la barbarie, hoy son el blanco preferido de magistrados que, con una lupa inquisidora, buscan cualquier error para aniquilar su honorabilidad y sus carreras. Es una cacería de brujas disfrazada de legalidad.
Y, por si fuera poco, la JEP se ha erigido como el tribunal de los opositores políticos. Cualquier voz que cuestione el modelo, cualquier pensamiento crítico que señale las falencias de este proceso, es visto como un enemigo por batir. La justicia, que debería ser ciega, aquí tiene los ojos muy abiertos para perseguir a quienes no se arrodillan ante la narrativa del “acuerdo perfecto”. La impunidad es rampante; es un cáncer que corroe nuestras instituciones y que, desde el edificio donde opera este tribunal, se valida diariamente con resoluciones que le dan la espalda al dolor de la nación.
Colombia no puede seguir financiando su propia destrucción. Cada peso que se invierte en este adefesio es un insulto al contribuyente. La JEP no está cerrando heridas; las está cauterizando con ácido. Un tribunal que no imparte justicia, que premia al criminal, que persigue al héroe y que margina a la víctima, no tiene razón de existir. No podemos permitir que la historia se reescriba según los intereses de quienes nos pusieron de rodillas.
Este experimento fallido tiene que terminar. Se deben cerrar las puertas de esta justicia de papel, devolverle la competencia a la justicia ordinaria y garantizar que, de una vez por todas, los responsables paguen por sus crímenes sin beneficios VIP. La impunidad ha reinado demasiado tiempo bajo el amparo de estas siglas. Por dignidad, por memoria histórica y por el futuro de nuestras instituciones, hay que acabar con la JEP. Es la única forma de limpiar nuestra casa y empezar a construir, ahora sí, una justicia que sea digna de llamarse tal.