En diciembre de 2016, Lorena Murcia recibió la noticia de que su hijo de 4 años había sido secuestrado. Ese día se había estrenado el documental Las mujeres de las Farc, en el que Lorena denunció las atrocidades que sufrieron los niños que, como ella, fueron reclutados. Por eso sabía que el secuestro de su hijo era una represalia de este grupo.
El niño estuvo secuestrado 25 días, hasta que fue rescatado por el Ejército. Estaba encadenado. El hecho ocurrió dos meses después de la firma del acuerdo de paz de La Habana. Desde entonces, Lorena no ha parado de contar lo que vivió en las Farc: fue reclutada a los 10 años, violada por varios comandantes, golpeada, obligada a abortar. Dice que seguirá contando su historia hasta que haya justicia para ella y para los miles de niños reclutados y abusados.
El 9 de abril de 2021, Día de las Víctimas, Lorena, para entonces presidenta de la Corporación Rosa Blanca, que agrupa a cerca de 1.200 mujeres víctimas de violencia sexual de las Farc, habló ante el Congreso y calificó a los excomandantes, que estaban ahí como congresistas en virtud del acuerdo, de terroristas, asesinos y violadores, y leyó una lista de 25 excomandantes de las Farc como autores de violación, aborto forzado y reclutamiento.
Seis meses después, Lorena fue sorprendida con una citación a la Fiscalía. La atendió sin saber de qué se trataba. El corazón se detuvo cuando de un carro blindado y rodeada de escoltas descendió la senadora Sandra Ramírez, quien fue durante 30 años la pareja sentimental de Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, máximo comandante de las Farc. La “honorable senadora” pretendía que Lorena se retractara de lo dicho en el Congreso, pues atentaba contra su derecho al buen nombre. Lorena recuerda el cinismo de Sandra Ramírez, que alegaba que, como no existe ninguna condena en su contra, nadie puede llamarla criminal. Lorena se negó a retractarse. “Si me tengo que ir a la cárcel por decir la verdad, me voy a la cárcel”, dijo. Entendió esta acción judicial como una instigación para que cesara sus declaraciones contra las extintas Farc.
Meses después, el hijo de Lorena, de 12 años, recibió una corona fúnebre con su nombre. Desde entonces, esta familia vive en el exilio.
Lorena dice que solo fue escuchada por la JEP una vez, y nada pasó con su testimonio. Nunca supo qué pasó con sus hermanos desaparecidos por las Farc. No recibió indemnización por la Unidad para las Víctimas. En el exilio ha limpiado casas y desempeñado oficios varios. Pero sigue buscando justicia. Cursa tercer semestre de Derecho y asegura que llevará a los exlíderes de las Farc a la Corte Penal Internacional.
Su historia es similar a la de Deisy Guanaro, que, después de denunciar los vejámenes que sufrió al ser reclutada a los 11 años, ha recibido varias amenazas de muerte y fue despedida de su trabajo. ¿La razón? Debe andar con escoltas y nadie emplea a una trabajadora doméstica con amenazas públicas de muerte. También acudió a la JEP y señaló directamente a Sandra Ramírez. Asegura que la congresista la entregó para ser abusada por los comandantes. Incluso asegura que la obligaron a usar ropa interior de mujer, a pesar de que era una niña. Sufrió abusos múltiples y hoy lucha con sus secuelas. Ha dicho que Pablo Catatumbo, hoy congresista, fue uno de sus violadores.
A pesar de que pasó más de seis horas ante la JEP, nada pasó. Sandra Ramírez no ha sido vinculada. Por eso, la senadora sigue denunciando a todo aquel que la llama criminal.
A Derly Pastrana, las Farc le secuestraron un hijo y luego la secuestraron a ella. La violaron múltiples veces. Producto de esas violaciones tuvo una hija. Llevó su testimonio ante la JEP, donde estaba acreditada en el macrocaso 07, que investiga el reclutamiento forzado de niños. Se convirtió en una líder de estas víctimas. El 15 de junio de 2021 fue asesinada de ocho tiros por un sicario.
A “la Mona” la asesinaron el primero de diciembre de 2025 junto a su hija. Su prima, de quien me reservo su nombre, también interviniente ante la JEP, recibió un mensaje ese día: “Vaya recoja a su prima la Mona y a su hija, que las matamos a las dos. Tiene que cargar con esas dos muertes, Sapa hp, solo falta usted”. Esta mujer le había narrado a la JEP cómo fue reclutada a los 9 años, violada durante años y obligada a abortar cinco veces.
Son 18.677 niños y niñas que han sido reconocidos por la JEP como víctimas de reclutamiento forzado y violencia sexual por las Farc. Por estos hechos, la JEP solo declaró responsable a seis miembros del antiguo secretariado: Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Parra (el Médico), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo.
Esta semana, el país se indignó con la autorización que le otorgó la JEP a Rodrigo Londoño para viajar a España, a pesar de haber sido condenado a “ocho años de sanción restaurativa” por secuestro. Londoño aseguró que no entendía el escándalo, si después del acuerdo ha viajado al exterior varias veces. “Ya tengo casi el pasaporte lleno”, dijo.
Los firmantes de paz recibieron 2 millones de pesos tras la dejación de armas, una renta básica mensual del 90 por ciento del salario mínimo y 8 millones de pesos para emprendimientos o vivienda. Además, fueron afiliados a seguridad social y accedieron a programas de educación y acompañamiento psicosocial.
Ninguna de las mujeres víctimas de reclutamiento con las que he hablado ha sido indemnizada, no tienen seguridad social, jamás han recibido un estímulo para emprendimientos ni mucho menos acceso a vivienda o educación. No tienen cómo atender las secuelas físicas y psicológicas del abuso. Todas han denunciado las amenazas, y ninguna denuncia ha avanzado.
La JEP terminó siendo la garante de los victimarios, pero no de sus víctimas.