Este jueves 16 de julio, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, formalizó la invitación para una “reunión institucional” con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.
En la carta, se manifiesta que el encuentro tiene como finalidad “dialogar con ustedes” frente a “los principales retos y desafíos que enfrentamos en cumplimiento de nuestro mandato constitucional, en especial, lo atinente a la financiación de las sentencias recientemente impuestas”.
Esto en referencia al fallo contra los siete excomandantes que integraron el último Secretariado de las Farc y que siguen acogidos al Acuerdo de Paz, firmado en 2016.
A esto se suma la sanción propia impuesta a 12 exintegrantes del Batallón La Popa, con sede en Cesar, por la comisión de 135 ejecuciones extrajudiciales.
“La reunión representaría una valiosa oportunidad para fortalecer el diálogo institucional y participar en un intercambio de información que contribuya a la necesaria preservación de las instituciones, asegurar el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz”, indica la carta firmada por el presidente de la JEP.
La carta añade que la reunión beneficiaría “una adecuada articulación entre las ramas del poder público, siempre dentro del marco de nuestra autonomía e independencia judicial. De igual manera, permitirá identificar mecanismos de coordinación y cooperación, desde el ámbito de nuestras respectivas competencias, para contribuir al cumplimiento de nuestros mandatos constitucionales y legales, fortalecer la garantía de los derechos de las víctimas y generar un mayor impacto en beneficio de la sociedad colombiana”.
Por ello, Ramelli le pidió al presidente y al vicepresidente electos que le comuniquen la “fecha, hora y lugar que consideren convenientes para la realización de este encuentro”.
“Tendrá que pasar por una revisión constitucional”: el magistrado Danilo Rojas, de la JEP, frente a los anuncios de eliminar el tribunal creado tras la firma del Acuerdo de Paz. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xSt5yn4NxU
— Revista Semana (@RevistaSemana) July 15, 2026
“Agradezco de antemano su atención y la disposición para atender esta invitación, con la certeza de que este intercambio contribuirá al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, a brindarles seguridad jurídica a más de 17.000 comparecientes ante la JEP, así como a la garantía efectiva de los derechos fundamentales de más de 439 sujetos colectivos que agrupan a cerca de 3.000 personas y 15.000 víctimas acreditadas individualmente en nuestros procesos, en su mayoría mujeres”, concluyó la carta.
Recientemente, en varios foros académicos y entrevistas con medios de comunicación, el presidente de la JEP ha manifestado que la existencia de esa jurisdicción está blindada tanto por el bloque de constitucionalidad como por tratados internacionales.
Esto en referencia a la propuesta de cerrar sus funciones y trasladar los expedientes a otros organismos.
Las críticas de De La Espriella a la JEP
Durante la campaña presidencial, una de las principales propuestas de De La Espriella fue revisar los recursos que el Estado destina al funcionamiento de la JEP.
Esto alegando la falta de decisiones de fondo en contra de los máximos exjefes de las Farc por los actos atroces cometidos durante el conflicto armado, así como la falta de reparación a las víctimas.
El pasado 6 de junio, el entonces candidato calificó a la JEP como un “bodrio” y un “directorio disfrazado de tribunal” que, durante su existencia, no había “producido absolutamente nada”.
Para el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, “hoy su legitimidad (de la JEP) está en entredicho: millones de colombianos sienten que no ha respondido a las víctimas, que ha generado impunidad y que sus resultados son insuficientes frente a la magnitud del conflicto”.