¿Qué puede pasar en la tan cuestionada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la entrada del nuevo Gobierno? SEMANA revisó una decena de declaraciones del recién electo presidente Abelardo De La Espriella y buscó a un grupo de expertos para analizar la viabilidad de la propuesta de desmontar y modificar este tribunal.
En más de una decena de oportunidades, en medio de la campaña, Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, cuestionaron las acciones adelantadas en estos diez años por la JEP, el tribunal creado después de la firma del acuerdo de paz en 2016.
El pasado 6 de junio, el entonces candidato calificó a la JEP como un “bodrio” y un “directorio disfrazado de tribunal” que en su existencia no había “producido absolutamente nada”. Reiteró su interés de revisar los recursos económicos que estaba recibiendo ese tribunal para su operación.
Hasta la fecha, la JEP solo ha emitido una sanción contra siete exintegrantes del secretariado de las Farc. El 15 de septiembre se dictó la “sanción propia” contra los siete excomandantes guerrilleros –liderados por Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko– por secuestros en contra de la población civil, de dirigentes políticos e integrantes de la fuerza pública.
Para el vicepresidente José Manuel Restrepo, “hoy su legitimidad (de la JEP) está en entredicho: millones de colombianos sienten que no ha respondido a las víctimas, que ha generado impunidad y que sus resultados son insuficientes frente a la magnitud del conflicto”.
¿Qué puede pasar con la JEP?
Para este análisis, es necesario verificar tres aristas clave: su marco legal y constitucional, la vigilancia de organismos internacionales y las fuentes de financiación para su labor.
Frente a esta discusión, la ex vicefiscal general María Paulina Riveros fue clara en señalar que la JEP fue conformada mediante un acto legislativo que se incluyó en el bloque de constitucionalidad. En consecuencia, cualquier intento de modificación debe pasar por un trámite especial “a través de una norma de la misma categoría, esto es, a través de un acto legislativo que modifique la carta”. Riveros renunció al cargo tras una polémica decisión de la misma JEP frente a la solicitud de extradición de alias Jesús Santrich.
En palabras simples, cualquier modificación o desmonte de la JEP debe pasar por una constituyente, puesto que desde hace diez años forma parte del bloque de constitucionalidad, que está protegido y respaldado por una decena de artículos.
Riveros explicó que hay unos tiempos establecidos para la investigación, juzgamiento y emisión de sanciones. ¿Qué opciones tiene el Gobierno? “Dejar intactas las normas vigentes y exigir el cumplimiento de los plazos constitucionales. En este caso, el mayor reto para la JEP será producir todas las acusaciones y resoluciones de conclusión en los 11 macrocasos en menos de dos años, esto es, en un plazo constitucionalmente improrrogable”.
Según ella, se podrían modificar las “disposiciones vigentes a través de los actos administrativos”, lo que se traduce en volver a realizar un trámite riguroso que debe contar con una aprobación mayoritaria absoluta en el Congreso de la República.
Por su parte, el abogado especialista en justicia transicional Diego Martínez Castillo, exintegrante de la Comisión Jurídica que participó y creó la arquitectura jurídica de la JEP, manifestó que cualquier intento de modificar este tribunal lo único que busca es “promover la impunidad” para los determinadores de los macrocasos.
“Desde el punto de vista jurídico, la viabilidad de reabrir un debate en el Congreso sobre la eliminación o modificación de la JEP es muy reducida. Ello implicaría alterar un plexo normativo complejo, integrado, entre otros, por el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley Estatutaria de la JEP y la Ley de Amnistía, normas que hoy forman parte del bloque de constitucionalidad”, detalló.
En su concepto, cualquier propuesta para modificarla “requeriría una reforma constitucional profunda, susceptible de ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, al vulnerar el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, en particular ante la Corte Penal Internacional”.
Teniendo en cuenta varias sentencias de la misma Corte y el hecho de que el Acuerdo Final de Paz fue reconocido como un acuerdo especial bajo el derecho internacional humanitario (DIH), el Estado colombiano está en la obligación de atender su cumplimiento. “Lo que puede hacer el Gobierno nacional es fortalecer el funcionamiento de la JEP dentro de los términos establecidos en la Constitución. Conviene recordar que esta jurisdicción es de carácter temporal, con un mandato que se extiende solo hasta el año 2038, fecha en la cual deberá culminar su labor”.
En voz de Humberto de la Calle, exjefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc, la Corte Constitucional ya resolvió muchas de las dudas que existían frente a la implementación del acuerdo de paz y la creación de la JEP. Él ha sido reiterativo en señalar que existe un blindaje jurídico y legal. “El acuerdo fue incorporado a cinco actos constitucionales, seis leyes y 35 decretos. Hay 774 disposiciones normativas”, explicó.
Por esto, agrega, es inviable proponer cualquier tipo de modificación o alteración sobre lo que ya ha sido ratificado y se viene implementando desde hace una década, puesto que, además, se estarían desconociendo los derechos de las víctimas a acceder a verdad, justicia y reparación.
En marzo de 2019, la Corte Constitucional ratificó la ley estatutaria por medio de la cual se conformó la JEP. Esto, en respuesta a seis objeciones presentadas por el presidente Iván Duque, que pedía claridad sobre la aplicación en las etapas de investigación y juzgamiento a los exguerrilleros e integrantes de la fuerza pública que se sometieron.
Para la Sala Plena, las objeciones elevadas por Duque ya fueron resueltas tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, cuando avalaron la Ley 1957 de 2019.
¿Y la financiación?
En febrero de 2025, la decisión del recién posesionado presidente Donald Trump de cerrar la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) generó un gran impacto en la JEP, que recibía financiación directa de sus programas. Por esto, le hizo insistentes llamados al Gobierno Petro para que desembolsara recursos.
A finales de julio, el Gobierno giró 550.000 millones de pesos; de ellos, 486.000 millones iban a ser destinados para los gastos de funcionamiento de la justicia transicional y 190.000 millones para el pago de los salarios de magistrados, abogados y otros funcionarios y empleados de la JEP.
Incluso, el pasado 25 de mayo (cinco días antes de la primera vuelta presidencial), el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 0536 por medio del cual se fijó una adición presupuestal cercana a los 1.687 millones de pesos, echando mano de los recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Este punto es clave: la disposición del Gobierno de turno a fin de agilizar el desmonte de los recursos económicos para su respectivo funcionamiento.
Para Riveros, la financiación acordada para la JEP también debe ser presentada, discutida y aprobada por el Congreso. “Cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró el examen preliminar que se daba sobre la situación de Colombia, se firmó un acuerdo entre el Estado colombiano en el que el Gobierno se comprometió a continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales”.
Punto en el que coincide el abogado Diego Martínez, al considerar que la afectación de las fuentes de financiación de la JEP por parte del próximo Gobierno “equivale a afectar la autonomía de la Rama Judicial. Imagínese si el Gobierno nacional decidiera reducir los recursos de la Corte Suprema de Justicia: estaríamos frente a un caso similar de vulneración institucional, la mejor forma de edificar una dictadura”.
Por esto, el Gobierno entrante debe continuar garantizando los recursos, pues, como advierten los analistas, la falta de financiación podría interpretarse como una señal de incumplimiento del Acuerdo Final de Paz, generando presión diplomática y aumentando el riesgo de intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).