El fuerte llamado de atención de la JEP al minInterior por las labores en La Escombrera: “No sé a dónde nos lleva”

El informe presentado por el Ministerio del Interior en la audiencia de seguimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, no convenció a los magistrados.

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El magistrado Gustavo Adolfo Salazar, quien hace parte de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, interrumpió al viceministro Héctor Gabriel Rondón cuando mostraba sus diapositivas por las mesas técnicas realizadas entre octubre de 2025 y junio de 2026.

“Perdón, doctor, yo siento que no nos estamos entendiendo. Porque usted está presentando un informe de actividades”, le dijo el magistrado al recordarle lo que ordenaba el auto emitido el 6 de mayo de 2025.

“Voy a leer la orden: ‘Ordenar al Ministerio del Interior; al de Hacienda y Crédito Público; al Departamento Nacional de Planeación, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín para que procedan de manera inmediata, coordinada y articulada a gestionar, asignar y garantizar la disponibilidad de recursos necesarios para la continuidad del proceso de búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas’”, citó el togado.

Esto, señaló, no tiene relación con los datos que estaba mostrando el representante de la cartera política. “¿Por qué lo interrumpo? Siento que me está presentando un inventario de reuniones que no sé a dónde nos lleva. Entonces, acá hay una orden muy clara y la pregunta es: ese inventario de bienes, ¿a dónde nos lleva? Y, por favor, para poder responder de manera más concreta, de tal manera que la discusión se centre en los objetivos del resuelve”.

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El magistrado aseguró que el Ministerio tiene un papel clave en el cumplimiento de las medidas cautelares frente a este terreno donde se adelantan indagaciones y excavaciones por casos de desaparición forzada.

“El Ministerio del Interior es el primer ministerio en el orden de un Gobierno Nacional y en esa medida tiene una labor y un liderazgo particular. Por eso, le pido que retome, por favor, enfocando hacia la efectiva asignación de recursos y no hacia el inventario de reuniones”, enfatizó.

Ante esta situación, el viceministro comentó que se está creando la metodología y un plan de trabajo para el 2028, en colaboración con la Alcaldía de Medellín y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

“Por eso solicitamos respetuosamente un tiempo prudente de diez días para terminar dicho plan”, aclaró. “La presentación de las entidades era para mostrar dos cosas: que se ha avanzado en la articulación y llegar al punto fundamental, que es llegar a un plan que vamos a presentar la idea en diez días con una metodología y un tema presupuestal”.

Incumplimientos del Gobierno Petro

En su intervención, el secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Carlos Arcila, cuestionó la posición del Gobierno Petro para cumplir con las órdenes fijadas en la medida cautelar.

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Para el funcionario, pese a los intentos, el Ejecutivo no ha atendido las peticiones que se han hecho para asumir un presupuesto con el fin de realizar las respectivas inspecciones y medidas de protección en la zona. Así como un apoyo al grupo de las ‘madres buscadoras’.

Pese a esto, se ha buscado la forma de lograr con lo ordenado, realizando convenios con otras entidades.

“No compartimos y nos parece, honorables magistrados, que no hay voluntad del Gobierno nacional y nos parece que la justificación que ha hecho no amerita credibilidad porque los mismos argumentos que está presentando los tendría la Alcaldía para no ejecutar. Nosotros no tenemos la maquinaria amarilla; por eso hicimos un convenio para cumplir esta orden judicial con un enfoque de derechos humanos y de memoria”, explicó.

Arcila recordó que la decisión judicial también vincula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la vigilancia de la medida cautelar. Por ello, se hicieron las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en el documento mencionado.

“Por esto solicitamos que se decrete el incumplimiento del Gobierno nacional y se adicionen los presupuestos necesarios para que queden financiados la excavación y el tema de memoria”, recalcó.

Por los constantes incumplimientos, el funcionario pidió que se evalúe la posibilidad de “generar” los procesos disciplinarios, penales y administrativos contra el Gobierno por no asignar el presupuesto necesario para el cumplimiento de esta orden judicial: “Tuvieron tiempo de planeación, capacitación, reserva presupuestal y que hoy presenten ante las víctimas que no tienen asignado ni reservado el presupuesto es una irresponsabilidad frente al compromiso que tiene el Estado con las víctimas”.