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La JEP se rehúsa a expulsar al general (r) Mario Montoya, ¿por qué?
La JEP se rehúsa a expulsar al general (r) Mario Montoya, ¿por qué? | Foto: Semana

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General (r) Mario Montoya, a responder ante la JEP por la Operación Orión en la Comuna 13

Igualmente, fue citado a rendir su versión libre el general en retiro Leonardo Gallego Castrillón.

Redacción Nación
14 de septiembre de 2024
OPERACIÓN ORIÓN
Medellín Comuna 13. Operación Orión Foto: Natalia Botero. | Foto: Natalia Botero

El oficial en retiro deberá dar su declaración, principalmente, por las operaciones ejecutadas por la fuerza pública en la comuna 13 de Medellín, entre los años 2001 y 2003, entre esas la llamada Operación Orión.

Este operativo se adelantó cuando Montoya era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército que operaba en dicha región. Igualmente, fue citado a declarar por la Sala de Reconocimiento el general en retiro José Leonardo Gallego Castrillón.

La JEP sustentó el llamado a versión de estos oficiales en varios informes de organizaciones de víctimas y en las versiones de otros miembros de la fuerza pública que ya han entregado versión dentro del Caso 08, específicamente entre noviembre de 2023 y agosto de este año.

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En agosto de 2023, la JEP le imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general en retiro Mario Montoya por su conocimiento y responsabilidad en 130 ejecuciones extrajudiciales registradas en el oriente antioqueño.

En la imputación se señaló que el entonces comandante de la Cuarta Brigada ejerció presiones con el fin que sus subalternos mostraran resultados operacionales.

Las “muertes en combate” fueron establecidas por el general Montoya –según revelaron varios testigos– como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del Ejército Nacional.

La Sala de Reconocimiento de Verdad citó que la obligación impuesta de manera recurrente por el general a sus unidades tácticas para que reportaran “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles” o “carrotancados” de sangre. Las capturas no funcionaban.

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Para la JEP existe evidencia testimonial y documental suficiente para inferir que el general Montoya “presionó” a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada, “midiéndolos, comparándolos e intimidándolos, para que produjeran bajas a toda costa”.

En sus mensajes tácticos semanales empleaba “un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal”, rechazando el “reporte de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintos de las bajas, considerándolas resultados operacionales indeseados”.

En el caso que representa la base de la imputación fue la presentación en rueda de prensa como guerrilleros del IX Frente de las Farc de dos niñas y tres jóvenes civiles, que cayeron en una emboscada militar contra un vehículo que conducían dos paramilitares el 9 de marzo de 2002 en San Rafael.

En ausencia de transporte público, los muchachos le habían pedido al paramilitar conocido como ‘Parmenio’ que los llevara a una vereda vecina donde había una fiesta. A sabiendas de que se trataba de civiles que no participaban en las hostilidades, porque así se lo había reportado claramente el comandante del Batallón a cargo de la operación, el general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja en combate.

Cuando el general Montoya se llevaba los cuerpos en un camión, la madre de Érika Castañeda recordó en audiencia pública ante la JEP haberle gritado “te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera”.

Por estos mismos crímenes fueron imputados los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado regular, todos antiguos integrantes del Batallón de Infantería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez (Bajes) y retirados del Ejército Nacional.