Aurelio Suárez Montoya. Columna Semana

OPINIÓN

La Escombrera: el horror de una fosa común urbana

La administración distrital de Federico Gutiérrez debe garantizar el trabajo de todas las entidades y el derecho que les asiste a las víctimas a movilizarse y expresar su dolor.

Aurelio Suárez
18 de enero de 2025

Pasaron más de 22 años para confirmar uno de los peores horrores del conflicto armado colombiano: la desaparición e inhumación de personas en La Escombrera, un vertedero de desechos de construcción, de propiedad de una firma constructora, ubicado en la comuna 13 de Medellín. En 2002, la ciudad vivió episodios de confrontación armada en los que se enfrentaron, por el control territorial, guerrillas, paramilitares y Fuerzas Armadas del Estado. Actores vinculados a estructuras nacionales y locales pusieron a la población civil en el medio, en un lugar en el que la urbanización del conflicto encontró un ejemplo vívido. La crisis económica, el desempleo, las múltiples formas de economía ilegal, la pobreza, la informalidad laboral, entre otros, fueron factores, vueltos en criminalidad, para causar este fenómeno en Medellín (González, A., 2019).

Dice el informe Medellín: memorias de una guerra urbana (2017, pág. 29) que todos los actores del conflicto, durante décadas, “apelaron a los asesinatos selectivos, la desaparición forzada, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, las masacres, el secuestro, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y el daño a bienes”. En la comuna 13, la intensidad fue mayor y su momento culminante a inicios del siglo XXI.

En 2002, entre el 24 de febrero y el 18 de octubre, se realizaron 11 operaciones militares en 16 barrios de la comuna 13, en los que, por la fuerza desproporcionada con que los agentes del Estado procedieron y las acciones contra la población civil, se destacaron la Mariscal (mayo 21) y la Orión (octubre 16) (González, A., 2019).

Esta última, al amparo de la conmoción interior decretada por el Gobierno nacional, fue “la acción armada de mayor envergadura que ha tenido lugar en un territorio urbano y en el marco del conflicto armado en el país” (Grupo de Memoria Histórica, 2011, pág. 282); con 88 fallecidos, 370 detenidos, más de 95 desaparecidos y 155 allanamientos. Tan solo dos personas fueron condenadas cinco años después.

En 2007, alias Don Berna, excomandante paramilitar del bloque Cacique Nutibara, reveló la existencia de un cementerio ilegal en La Escombrera, con aproximadamente 100 fosas comunes que contendrían 300 cuerpos enterrados (Aldana, 2016). En 2009, el mismo Don Berna declaró ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que la ocupación de la comuna se hizo en conjunto con la IV Brigada del Ejército, comandada por el general Mario Montoya, y con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dirigida por el general Leonardo Gallego (ver https://verdadabierta.com/don-berna-implica-al-ex-general-mario-montoya-en-actividades-paramilitares/).

Tras el terror, decenas de familiares de las eventuales víctimas, que se presume estarían inhumadas en La Escombrera, no encontraron respuestas ni información de las autoridades sobre su paradero, e inclusive en algunos casos se desconocieron las detenciones.

Gracias a la presión continuada, en 2009 se realizó el primer estudio técnico para excavar La Escombrera. Marcó el inicio de acciones judiciales y acuerdos institucionales para buscar personas desaparecidas en este y otros sitios de la ciudad. Sin embargo, solo hasta 2023 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) concretaron la intervención técnico-forense que permitiera avanzar en medidas ciertas de reparación.

Aunque los hallazgos recientes de restos humanos no son concluyentes para relacionar la inhumación de personas en el lugar con las operaciones mencionadas, la excavación concuerda con los testimonios de víctimas y victimarios que afirman que allí en fosas se ocultaron cadáveres de implicados y de no implicados en el conflicto (Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, 2013; declaraciones de alias Móvil 8).

El ELN, las Farc y las milicias vinculadas; los paramilitares del bloque Metro, del Cacique Nutibara y del Frente José Luis Zuluaga; distintas ramas de la fuerza pública; el crimen organizado y las mafias confluyeron en Medellín en una espiral de violencia urbana que, gracias a la insistencia de las familias de las víctimas, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, se ha puesto en tétrica evidencia.

Queda a prueba la capacidad del Sistema Integral de Paz para dinamizar la búsqueda, esclarecer las circunstancias de los hechos criminales, reparar a las víctimas y judicializar a los responsables.

En cuanto a la administración distrital de Federico Gutiérrez, debe garantizar el trabajo de todas las entidades y el derecho que les asiste a las víctimas a movilizarse y expresar su dolor, actuar con absoluta dignidad frente a la que puede ser la fosa común urbana más grande del mundo en un país sin guerra regular.

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