El libre comercio y el capitalismo han sido, con evidencia histórica abrumadora, la palanca más potente para sacar a grandes masas de la pobreza en los últimos dos siglos. A nivel global, la proporción de personas en pobreza extrema (umbral internacional de US$1.90 diarios) cayó de alrededor del 36 % en 1990 a cerca del 9 % antes de la pandemia. Pese a retrocesos temporales, la caída sostenida en las últimas décadas es, según el Banco Mundial, innegable.
Un caso paradigmático es China: de nuevo de acuerdo con el Banco Mundial, más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema desde comienzos de los años ochenta, en paralelo a la apertura económica e integración comercial internacional de su país.
Aquí en Colombia hay quienes presentan el liberalismo como una “religión absurda”. Hagamos el diagnóstico con honestidad: Colombia no fue, durante el mandato de Gustavo Petro, un país liberal en sentido clásico. El gasto público creció de forma notable y el gobierno buscó intervenir con fuerza en múltiples sectores —contratación, precios y regulaciones— con la intención de redefinir la presencia estatal en la economía. Esa expansión del Estado y de la intervención no es lo que la mayoría entiende por liberalismo económico.
Definamos entonces qué se entiende por verdadero liberalismo. No es una consigna: es un proceso institucional. Es competencia abierta; derechos claros sobre la propiedad; Estado de derecho; libertad de empresa; y la posibilidad vital de quebrar. Es un sistema donde el consumidor arbitra; donde la remuneración proviene de servir mejor a la gente que el vecino; donde ningún privilegio queda garantizado por el poder político. En ese esquema, nadie está protegido por privilegios; todos, en principio, son libres para competir.
Lo que en Colombia se ha practicado en las últimas décadas es, con frecuencia, lo contrario: capitalismo de amiguetes. Es el Estado el que elige ganadores: subvenciones dirigidas, monopolios o privilegios protegidos por normas que desincentivan a los pequeños, captura de rentas mediante la política. En ese sistema, la ganancia proviene menos del cliente que del lobby; no se premia tanto la creación de valor como la compra de favores. Eso es exactamente lo que hay que denunciar con nombre propio: la orientación del Cepedismo.
La retórica de “proteger a nuestros productores” suele traducirse en medidas proteccionistas que benefician a sectores establecidos a costa del consumidor —que, en Colombia, suele ser el más vulnerable— y del empleo potencial que podría crear la competencia. La fábrica subsidiada que se salva aparece en los titulares; mientras tanto, los millones de consumidores afectados por precios más altos, la falta de empleos productivos y el capital mal asignado no aparecen con la misma visibilidad.
Quienes hoy critican el “ultraliberalismo” no son necesariamente anticapitalistas en abstracto; muchos abrazan, sin embargo, una versión perversa del capitalismo: la del amiguismo disfrazado de justicia social. Gobiernos que proclaman mayor intervención y “protección” terminan reproduciendo el proteccionismo que frena la competencia y, en última instancia, el progreso de los más pobres.
Si la pregunta es quién puede sacar adelante a Colombia, mi respuesta es la misma que aplica en el resto del mundo: los comerciantes, empresarios y emprendedores que crean valor y compiten para servir mejor a los consumidores. La verdadera apuesta por la libertad no es un eslogan: es abrir mercados, asegurar reglas claras, combatir la captura y reducir privilegios. Colombia no ha probado, con intensidad y continuidad, un liberalismo genuino. Esto, el liberalismo genuino, es lo que propone el candidato Abelardo de la Espriella y que soluciona esta asignatura pendiente. Voten bien.