Opinión
El cerco de Trump contra Maduro: oportunidades para Colombia
El despliegue naval y aéreo marca un verdadero punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico.
El fenómeno del narcotráfico, aunque no constituye la mayor prioridad de Estados Unidos en el escenario internacional, sí es un asunto altamente sensible: impacta de manera directa la salud pública y, por ello, se concibe como un problema de seguridad nacional. Bajo esa lógica, Washington ha adoptado en las últimas semanas un conjunto de medidas que reflejan un endurecimiento de su estrategia.
En primer lugar, elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, una cifra sin precedentes en la región, acompañada de la confiscación de bienes del régimen estimados en 700 millones de dólares. En paralelo, el Departamento del Tesoro señaló al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista global, mientras el Departamento de Estado amplió su lista de grupos terroristas a estructuras latinoamericanas como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, donde las guerrillas colombianas tienen una participación significativa en las rentas ilegales.
A esto se suma la información divulgada por medios internacionales sobre directivas emitidas al Pentágono para desplegar operaciones militares contra objetivos vinculados al narcotráfico del régimen de Maduro. Todo indica que se trata de una estrategia articulada: ejercer presión en varios frentes, asfixiar las finanzas mediante sanciones, reforzar el cerco militar en el Caribe y, en el escenario más extremo, permitir operaciones especiales con el propósito de desestabilizar al régimen, como resultado de esa presión acumulada.
El despliegue naval y aéreo marca un verdadero punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. Ya no se trata de simples operaciones intermitentes de guardacostas, sino de una acción sostenida con buques de guerra y aeronaves de exploración aeromarítima de la Marina de Estados Unidos, respaldados por una amplia capacidad de inteligencia. Este incremento de medios refuerza la interdicción en aguas internacionales próximas a Venezuela y deja en total vulnerabilidad los vuelos ilegales que, como es sabido, transportan droga hacia islas del Caribe y Centroamérica, con destino final, entre otros, a Norteamérica.
De igual manera, las rutas marítimas hacia Europa quedarán seriamente comprometidas, lo que representa un golpe directo a las finanzas del régimen de Maduro. El impacto es inmediato porque se ataca el eslabón más crítico de la cadena del narcotráfico: la fase en que la droga ya está en tránsito hacia los mercados internacionales, precisamente el punto donde las organizaciones criminales enfrentan los costos más altos y donde la pérdida de cargamentos significa un daño económico importante.
Según el Informe Mundial sobre las Drogas de Naciones Unidas (2023), Colombia concentra el 67 % de los cultivos de hoja de coca a nivel global, con 253.000 hectáreas sembradas, lo que configura una auténtica bonanza cocalera. Ante el bloqueo de las rutas que salen por Venezuela, se prevé el conocido “efecto globo”: el narcotráfico desplazará sus operaciones hacia otras modalidades y corredores, modificando la dinámica de los carteles de la droga.
En este escenario, la cooperación internacional seguirá siendo la herramienta más decisiva para desarticular las redes y limitar su capacidad de adaptación. Todo indica que el flujo se redirigirá, en primera instancia, hacia las costas y fronteras colombianas, mediante diversas modalidades marítimas —lanchas rápidas, semisumergibles y buques mercantes, que constituyen el principal medio de salida de los alijos—. En ese punto, las autoridades tendrán una oportunidad invaluable para aumentar las incautaciones y golpear la logística de las organizaciones criminales.
Naturalmente, esta presión hará que el precio de la cocaína en el mercado interno tienda a disminuir de manera considerable. El efecto globo también se manifestará en un incremento de la salida de cocaína a través de la frontera con Ecuador, un corredor particularmente vulnerable por su escasa vigilancia naval y aérea. Estados Unidos es consciente de esta situación, por lo que no se descarta un reforzamiento de los controles en la zona, aprovechando las buenas relaciones con el gobierno del presidente Rafael Novoa.
Lo verdaderamente injustificable es que, en su recta final, el Gobierno colombiano se muestre como aliado ideológico de Nicolás Maduro, en lo que parece ser un reconocimiento político a Venezuela y un aporte al blindaje de su frontera mediante la llamada zona binacional, catalogada hoy por Washington como un objetivo estratégico de alto valor. El memorando de entendimiento para crear esa zona fronteriza, la complacencia frente al refugio que el régimen venezolano ofrece al ELN y a las disidencias de las Farc, así como la cercanía con potencias como China, Rusia e Irán —señaladas de respaldar a grupos terroristas—, no solo proyectan una pésima imagen internacional, sino que resultan impresentables para un país que ha sufrido tanto.
Constituyen una afrenta a la memoria de los colombianos que han derramado su sangre por cuenta del narcotráfico y de la violencia de los grupos armados ilegales que, con total impunidad, encuentran santuario en el vecino país.
Pese al tono confrontacional del presidente Petro, Estados Unidos ha mantenido una postura pragmática. Washington ha optado por la prudencia: dar tiempo al tiempo y esperar el relevo de gobierno en Colombia, previsto en menos de un año, evitando así poner en riesgo más de cuatro décadas de cooperación antidrogas y preservando una alianza estratégica muy importante para los dos países en los frentes militar, político y económico.
Lo que está en marcha es una estrategia integral dirigida contra el régimen de Maduro. Aunque su objetivo inmediato es debilitar al gobierno venezolano, Colombia ocupa un lugar central en esta ecuación: es aliado estratégico de Estados Unidos, principal productor de cocaína y sus actores armados ilegales continúan siendo pilares del negocio. Un golpe al régimen de Maduro implicaría, además, afectar la retaguardia estratégica del ELN y de las disidencias de las Farc en territorio venezolano. En ese escenario, se abriría un punto de inflexión decisivo para que un nuevo gobierno en Colombia enfrente de manera frontal todo el entramado criminal, sin que este pueda seguir contando con un refugio seguro al otro lado de la frontera.
