El decretazo y la intolerante ministra

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dejó en claro su intolerancia frente a los temas de su cartera y arremetió la semana pasada contra la prensa cuando se le preguntó por los efectos reales del decreto que evalúa el Gobierno sobre los derechos a la protesta de los campesinos.

El hecho ocurrió en nuestro programa matutino de La FM de RCN. A la ministra, al aire, le pregunté: “Señora ministra, déjeme preguntarle una cosa muy precisa, porque tampoco quiero quitarle toda la mañana. Le agradezco mucho su tiempo aquí en La FM. En el momento en que haya movilizaciones campesinas que bloqueen carreteras, ¿cómo cambia esto la manera en que las autoridades pueden o no hacerlos retirarse de la vía?”.

La funcionaria contestó con evasivas y dijo: “El ministro Velasco ha insistido en eso. En este año que se cumplió de gobierno, se han dado cero choques o agresiones entre la fuerza pública y las movilizaciones de todo tipo. Este año hemos visto movilizaciones de sectores populares, de sectores productores, de sectores industriales, de sectores políticos, de todo tipo, de movilizaciones continuamente…”.

Ante su extensa respuesta, en la que evidentemente evade responder al crucial interrogante, la interrumpí y aclaré: “Permítame terminar la pregunta si es tan amable. ¿Qué van a hacer no solamente cuando bloqueen las vías, sino cuando secuestren a militares y policías, como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca?... Respóndeme con la verdad frente a cómo cambia este decreto la operatividad que esperan de las Fuerzas Armadas”.

La ministra se molestó y manifestó: “¿Me podría decir su nombre?”, y aseguró: “Doctor, yo no sé por qué insiste en que el ejercicio de la movilización es el ejercicio de grupos armados ilegales”.

Ante esto, le contesté: “Yo no he dicho eso. No, señora ministra, por favor, le pido que no le mienta a la gente y que me respete... Usted me está estigmatizando, está poniendo mi vida en peligro diciendo cosas que yo no he dicho. Tenga cuidado”. Y procedí a cerrar el micrófono. Lo hice de la misma manera en que se le ha hecho a Donald Trump cuando en discursos dice mentiras o como a Hugo Chávez cuando aprovechaba el aire nacional para amenazar a diestra y siniestra. Así no.

Es muy grave la acusación de la señora ministra; es tenebroso el señalamiento ininteligible que hizo el propio presidente sobre el tema, pero la preocupación real sigue siguiendo la misma: ¿en qué cambia este decreto la operatividad de la fuerza pública en el campo frente a los bloqueos de vías, secuestros o, como las llama el Ejecutivo, “retenciones” de algunas organizaciones campesinas?, ¿es este decreto una patente de corso para que se haga, incluso, más difícil el castigo para aquellos que violen la ley?

El documento plantea también una seria ambigüedad jurídica para las fuerzas del orden, que nuevamente ven cómo se van quedando sin protección legal para realizar su labor y, a cambio, ven cómo se construye todo un entramado legal para dejarlos paralizados frente a quienes violan la ley.

Y ni qué hablar de lo que esto significa para la defensa de la propiedad privada. ¿Qué pasará cuando algunos grupos indígenas, no todos, invadan predios que no les pertenecen? ¿Cómo se podrá ejercer el derecho a la propiedad de las personas?

Este tema es de máxima gravedad también para el campesinado. No es justo que los estén usando como carne de cañón para una pelea política. No es verdad que todos los que trabajan en el campo quieran salir a las calles a protestar y apoyar las propuestas de un Gobierno que dice tener su vocería. Las organizaciones campesinas no son homogéneas, esa es una gran mentira.

Nuestro campesinado, en su mayoría, está compuesto de hombres y mujeres trabajadores, que con ahínco, esfuerzo y honestidad han levantado nuestro país. Familias enteras que con grandes convicciones y arraigo han dedicado generaciones a darnos un mejor futuro. La mayoría de nosotros somos descendientes de trabajadores de la tierra, que con esfuerzo nos mandaron a la ciudad a buscar mejor educación y un buen futuro.

Todos venimos de la misma tierra. No es justo que hoy, con discursos incendiarios, quieran levantar al desprevenido campesino para, subrepticiamente, defender los intereses de narcos y guerrilleros y cumplir el pacto de La Picota.

No engañen a nuestro campo con cuentos chinos. Nuestros campesinos necesitan créditos, mejores vías, mejores mercados para vender sus productos y más acceso a la información y la tecnología, no supuestos permisos para protestar. Hipócritas.

Supuestamente, el decreto en mención fue publicado para que el país pudiera tener un diálogo sobre su conveniencia y aplicabilidad, pero la virulencia con la que la ministra de Agricultura enfrenta cada pregunta que se le hace sobre el tema deja claro que este no es un Gobierno que quiera conversar; es un Ejecutivo que quiere imponer a su manera y, si no se cumplen sus devaneos, está dispuesto a todo.

Queda claro, entonces, por qué esto es un decreto y no un proyecto de ley o una política pública más estructural. Como lo expusimos en nuestra columna pasada sobre las determinaciones ejecutivas en minería y tierras, el Gobierno Petro ha encontrado la manera de hacer su voluntad por medio de la vía menos democrática que permite la Constitución y esto es a punta de decretazos.

Señores de las cortes, estamos en sus manos frente a los deseos de un presidente que cada vez parece más un dictadorzuelo en ciernes, rodeado de incompetentes y violentos arlequines sin criterio, formación o experiencia.