Los carrotanques de la corrupción

El acostumbrado escándalo semanal de corrupción de la “potencia mundial de infamia” estuvo relacionado, esta vez, con la compra de carrotanques para La Guajira. Las revelaciones han demostrado, de nuevo, que las promesas de cambio no eran más que delirantes declaraciones, quizás pasadas por litros de café, por no llamarlas burdas mentiras. Una plétora de hechos que le restan toda autoridad moral al presidente Gustavo Petro, que sigue creyendo ser el dueño de la transparencia y de la honradez.

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) Olmedo López y su exsubdirector Sneyder Pinilla tienen arrinconado a Petro y pusieron contra las cuerdas a varios funcionarios, senadores y representantes. Valga decir que el señor Olmedo es un viejo conocido del mandatario. Tanto, que fue uno de los “Decentes” que el mismísimo presidente recomendaba para votar en las elecciones bajo el eslogan “Los candidatos de Petro son decentes”. La apabullante realidad hizo trizas tanto el eslogan como la estatura moral de un Gobierno que parece no cansarse de producir escándalos y mover “platas” en maletas.

En medio de la urgencia climática que el mismo presidente ha declarado como su responsabilidad galáctica principal, el otrora “decente” Olmedo López fue nombrado por Petro como director de la entidad responsable de prevenir y atender los desastres en el país. Es lógico que para estas responsabilidades, la entidad disponga de un régimen especial que disminuye tiempos, pero también requisitos que garantizan la transparencia. Fue esa la oportunidad que aprovecharon para, como lo señaló Pinilla, subalterno del exdecente Olmedo López, sacar maletines repletos de “platas”. Según el mismo Pinilla, hoy arrepentido exfuncionario, el “recurso” se utilizó para pagarle 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal), y 3.000 millones a Iván Name (Partido Verde), presidente del Congreso.

Presuntamente, y de acuerdo con los mismos, ahora no decentes, exfuncionarios, el “recurso” se usaría para comprar el apoyo de los congresistas que, justamente, estaban en medio de la aprobación de las muy cuestionadas reformas promovidas por el Gobierno potencia mundial de escándalos. Además, según Pinilla, fue la alta consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz (Partido Verde), quien recibió las maletas con el “recurso” y quien amablemente se las entregaría, presuntamente, al también “decente” Iván Name.

El primer efecto de esta tormenta fue la renuncia del ya retirado líder espiritual del Partido Verde, Antanas Mockus, seguida del oportunista retiro de la aprendiz de candidata presidencial y nefasta exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, antigua abanderada del “cambio” y hoy crítica del Gobierno galáctico. Renuncias que no tienen mayor importancia, toda vez que los senadores y representantes del Partido Verde, con juicio, con contratos y ahora parece que con “recurso”, le han aprobado todas las reformas a Petro. De hecho, esa colectividad tiene a varios funcionarios en puestos claves, como la Dirección de Inteligencia, en cabeza de Carlos Ramón González; la dirección general del Sena, a cargo de Jorge Eduardo Londoño; la Superintendencia de Salud, a cargo de Luis Carlos Leal, y la renunciada consejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Estas revelaciones marcan el principio del fin de la colectividad que estructuró una consulta anticorrupción que costó más de 300.000 millones y que hizo grabar en piedra la promesa de cuidar los recursos públicos que porque eran sagrados.

Petro ha intentado de todas las formas posibles desmarcarse de su propio equipo de Gobierno, atenuar los efectos políticos de este nuevo escándalo, victimizarse y dar a entender que Olmedo López es una suerte de infiltrado de la oposición que busca desestabilizar su mandato. A pesar de ello, muchas preguntas siguen en el ambiente: ¿qué otros congresistas recibieron dinero para aprobar las reformas del Gobierno? ¿Qué ministros estuvieron involucrados en esas transacciones? ¿El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco? ¿El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla? ¿El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo? ¿La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez? ¿La mujer del escándalo del polígrafo, Laura Sarabia? ¿En qué otras entidades y con qué otros recursos de los colombianos se están realizando estas prácticas?

¿Qué harán los demás senadores y representantes del Partido Verde frente a estas revelaciones? ¿Habrá consecuencias políticas? Por ejemplo, no se han tenido noticias de los eficientes y locuaces senadores y representantes Angélica Lozano, cofundadora y coadministradora del poderoso feudo López-Lozano, la del analista Ariel Ávila o la de la muy eficiente Katherine Miranda. ¿Su permanencia y sus votos en el Congreso no quedan manchados por las cuestionadas actuaciones de los miembros de su partido sobre las que ahora dicen que nunca supieron nada? ¿Claudia López insistirá en su candidatura presidencial?

El Gobierno del cambio quiere bajar el volumen de este escándalo. Para eso, está obstinado en montar la narrativa trágica del supuesto “golpe blando” o del “entramado periodístico”, cuando la realidad es que los recursos públicos o bien se desperdician en suntuosos gastos o contrataciones innecesarias, o bien se distribuyen en bolsas y maletas para comprar conciencias y aprobar reformas que apacigüen el odio y el rencor de Petro y su Gobierno.