En la sesión técnica de la Corte Constitucional, en Riohacha, la consejera presidencial para las Regiones, Valerie Lafaurie, reconoció los rezagos del Estado para el cumplimiento del estado de cosas inconstitucional, declarado por ese tribunal en la Sentencia T-302 de 2017, y anunció recursos para el drenaje de Riohacha.
Se comprometió a presentar, en mayo de 2027, un plan estructural unificado, con la meta de incorporarlo al Plan Nacional de Desarrollo.
La consejera Lafaurie, en la sesión técnica del 13 de octubre en Riohacha, dijo que el Gobierno De La Espriella busca no solo cumplir el fallo, sino “cumplirle al pueblo wayuu”.
“Nuestro compromiso va mucho más allá de simplemente cumplir con la sentencia; la muerte de los niños y las niñas wayuu no puede volverse parte del paisaje”, afirmó ante la Sala, que preside el magistrado Carlos Camargo Asís y que integran la presidenta de la Corte, Paola Andrea Meneses Mosquera, y el magistrado Vladimir Fernández Andrade.
Lafaurie coordina el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP), la instancia que articula a las entidades obligadas por la sentencia. Reconoció que en nueve años el Estado concentró sus esfuerzos en un plan provisional para mitigar lo inmediato, sin avanzar hacia una solución de fondo.
Lafaurie cuestionó las cifras oficiales: “No queremos seguir llenando indicadores que permitan, por ejemplo, reportar un 90 % de cumplimiento, como hoy lo tiene el plan provisional, mientras que la realidad del territorio nos demuestra otra cosa”.
Ante la Sala, la consejera para las Regiones presentó cifras que muestran la magnitud del reto. En salud figuran cerca de 1,6 billones de pesos entre lo asignado de 2022 a 2026 y lo proyectado para 2027, pero los pagos reportados apenas llegan a unos 175.000 millones.
Con un dato que resulta preocupante y explica la corrupción que carcome a La Guajira: “Cerca del 60 % de los registros contractuales asociados a la sentencia corresponden a contratación directa”.
Los anuncios
Lafaurie anunció que con 80.000 millones de pesos garantizados se financiarán las tres fases del drenaje pluvial de Riohacha, una ciudad que se inunda con cada aguacero.
En cuanto al agua potable, anunció que la entrega de filtros se priorizará para las comunidades identificadas por la Corte, con pruebas en terreno y gestiones con Unicef para ampliar la cobertura. Además, con el Dane se trabaja en un código de georreferenciación para seguir cada inversión hasta su población beneficiaria.
Con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se revisan los indicadores para que se midan “impactos reales en la garantía de los derechos y no simplemente una gestión institucional”.
Plan estructural
El anuncio de fondo es que, a finales de noviembre, el MESEPP celebrará una sesión extraordinaria para consolidar “un solo plan estructural” con las propuestas de cada comité.
La información será validada por la Presidencia y el DNP, y se buscará incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo “para garantizar su consolidación técnica y financiera dentro de este documento que será ley”.