“Los niños y niñas wayú siguen enfrentando barreras inaceptables para acceder a condiciones de agua potable y alimentación”. Así, de manera tajante, el magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo reprochó los incumplimientos de las entidades estatales para atender la grave situación que se presenta en La Guajira y a la cual no se le ha dado solución.
La advertencia es más grave si se tiene en cuenta que han pasado nueve años desde que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional, por medio de la sentencia T-302 de 2017, para proteger el goce efectivo de los derechos de salud, al agua potable, a la alimentación y la participación de los menores de edad de las comunidades de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
Frente a este desolador panorama y los incumplimientos, el magistrado Camargo advirtió que la sentencia no es un simple papel que puede ser arrumado. “Las decisiones de la Corte Constitucional no son recomendaciones, se emitieron para que sean cumplidas”, afirmó.
El reciente caso de una bebé wayú que falleció por falla en la atención médica revivió la discusión. “El Estado les falló”, lamentó Camargo.
Casi una década después de la emisión de esta sentencia, el panorama es desolador. Según el procurador Gregorio Eljach, “es una vergüenza para el Estado” la falta de avances para solucionar la crisis; “la situación está igual o peor”.
Ruth Chaparro, presidenta de la Veeduría Ciudadana para la implementación de la sentencia con las comunidades de La Guajira, es una voz autorizada.
Las cifras que ha recolectado son preocupantes: año tras año la mortalidad infantil en la comunidad wayú va en aumento, lo que representa un fracaso en la aplicación de políticas públicas para atender los problemas que citó la Corte.
En lo que va de 2026, 13 niños wayú han fallecido. “Cuando empezamos en 2017, la mortalidad infantil era 6,7 veces superior a la medida nacional. Hoy, en 2026, es 83 veces superior”, alertó ante la sala de seguimiento, conformada por los magistrados Carlos Camargo, Paola Meneses y Vladimir Fernández.
Desde la sentencia, se ha presentado un aumento de muertes relacionadas con la desnutrición: no se ha podido atender de raíz el acceso de los menores de edad a una alimentación básica. “Me pregunto si murieron por desnutrición o fue homicidio culposo”, alertó la lideresa.
Para Chaparro, quien fue reconocida como Mujer Cafam en 2011, hay “bloqueos institucionales” que evitan avances. “¿Todavía se cree que depende de la voluntad política del funcionario o que depende del Gobierno? No, esto es una sentencia de la Corte Constitucional de obligatorio cumplimiento”.
En uno de los puntos más cruciales del seguimiento a la sentencia, el magistrado Carlos Camargo advirtió frente a ideas recurrentes que se han presentado en diferentes instancias y con las que se cree que se resuelve una de las problemáticas: los carrotanques para llevar agua potable a las comunidades. “La Corte Constitucional no aceptará que el carrotanque siga siendo, nueve años después, la respuesta permanente del Estado a la sed del pueblo wayú”, indicó el magistrado. Esta posición fue compartida por los representantes indígenas y autoridades del departamento.
Para Ruth Chaparro, la sentencia no se puede cumplir sin un enfoque territorial. “No es lo mismo la zona costera que la zona sabana o la zona de Santa Rosa. Por eso, cada zona debe tener su plan de vida para priorizar. Debe haber rutas de transporte de agua concertadas con las comunidades. Debe haber una gobernanza del agua (...) Siempre se ha pedido un plan articulado del agua, pero cada entidad maneja sus pesitos aparte. Esto no puede seguir así”, enfatizó.