SEMANA conoció en primicia el ultimátum que expidió la Corte Constitucional por la grave crisis humanitaria que atraviesa la niñez wayúu en La Guajira. El auto, emitido por el magistrado Carlos Camargo, advirtió sobre posibles sanciones a ministros y alcaldes frente a eventuales desacatos.
La Sala de Seguimiento adoptó la decisión nueve años después de que se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), con el que pretendía proteger los derechos fundamentales a la salud, la alimentación y el agua potable de los niños wayúu en ese territorio.
La decisión se conoció mediante un auto expedido por el magistrado Carlos Camargo Assis, que dio un plazo a los ministros, altos consejeros, gobernadores locales y municipales para que entreguen informes completos sobre lo que ha hecho el Estado para proteger esos derechos fundamentales que siguen siendo vulnerados en La Guajira.
El ultimátum, según la Corte Constitucional, fue provocado por los incumplimientos reiterados de los plazos ordenados para frenar y evitar la grave crisis humanitaria que se vive en el norte del país, sin que las entidades entreguen evidencia real que demuestre los avances en esa materia.
Alerta en La Guajira: Corte Constitucional evidencia grave crisis humanitaria en la población wayuu. Niñas, niños y familias están consumiendo agua contaminada por heces de animales y plantas. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/UapzrTHim0
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 29, 2026
El documento de la Corte reveló que los incumplimientos se estarían dando en las órdenes dirigidas al Ministerio de Vivienda relacionadas con agua potable; a las alcaldías de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia (La Guajira) sobre el censo y la caracterización de la niñez wayúu; a la Superservicios y a la Secretaría de Salud por las muestras de laboratorio sobre la calidad del agua, y al Ministerio del Interior por la traducción al wayuunaiki de las providencias.
El tribunal le dio 10 días hábiles al Ministerio de Vivienda, al Ministerio del Interior, a la Consejería Presidencial para las Regiones, a la Gobernación de La Guajira, a las alcaldías de Maicao, Manaure y Uribia, a sus respectivas secretarías de Salud y a la SuperServicios para que presenten informes completos sobre el cumplimiento de las órdenes sobre agua, salud y niñez wayúu.
El documento cerró con una advertencia: “El incumplimiento de lo ordenado en esta providencia dará lugar a la aplicación de los medios coercitivos previstos en la ley, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, penales y por desacato a que haya lugar”.
Este duro ultimátum se conoce a pocos días de la audiencia pública que llevará a cabo la Corte Constitucional con 25 entidades en Riohacha, La Guajira, para abordar la grave crisis humanitaria que atraviesa la comunidad indígena wayúu que habita en esa región del país.