Crisis en La Guajira: Corte ordena medidas urgentes para proteger la salud de la niñez wayúu

La grave crisis humanitaria que atraviesa el departamento de La Guajira obligó a los magistrados de la Sala de Seguimiento que declararon el estado de cosas inconstitucional en 2017, a ordenar nuevas medidas urgentes para proteger la salud de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad wayúu.

El magistrado Carlos Camargo, presidente de esa Sala, explicó sobre la decisión: “Después de una inspección judicial realizada en el mes de agosto (...) la Corte encontró tres problemas que requieren atención inmediata: en primer lugar, la falta de coordinación entre las entidades y las EPS que atienden a una misma comunidad; en segundo lugar, la atención extramural insuficiente o discontinúa en comunidades dispersas; en tercer lugar, los graves riesgos para la salud mental de la niñez wayúu en la comunidad de Maicao”.

Esa última afectación de la salud mental de niños, niñas y adolescentes de las comunidades cantawamana y majayupana, según la Corte, estaría relacionada con la falta de agua, las altas tempreturas y las dificultades para desplazarse dentro del territorio.

Por esa situación, la Corte Constitucional le ordenó al presidente Abelardo De La Espriella, a través de la Consejería Presidencia para las Regiones, que en un plazo de 15 días reuna en un espacio técnico al Ministerio de Salud, a las secretarías de salud departamental y municipales, a las EPS, a las entidades de salud indígenas y a los prestadores de servicio para que enfrenten la desarticulación que deja a los menores sin seguimiento.

En ese espacio se deberá construir y ejecutar una estrategia que permita acompañar, caso por caso, a las niñas, niños y adolescentes que han sido identificados como prioritarios para atender su condición de salud. Ese plan también deberá responder por la atención, las demoras y las barreras que ha tenido cada paciente.

Durante esos 15 días, las entidades citadas deberán identificar las comunidades que hoy reciben atención insuficiente, treinta días para poner en marcha un esquema que cubra 60 comunidades dispersas y seis meses para tener listo un plan que garantice una visita mínima mensual.

Por su parte, el Ministerio de Salud tendrá ocho días hábiles para activar una respuesta psicosocial de urgencia para la niñez y las familias de las comunidades cantawamana y majayupana. Ese plan acción deberá contar con el respaldo del ICBF, La Secretaría de la Salud de La Guajira y la Alcaldía de Maicao. Esas acciones se deberán consolidar en tres meses, mediante un informe que identifique la situación de salud mental de esas comunidades.

Los magistrados de la Sala de Seguimiento también requirieron a la Superintendencia de Salud que le haga seguimiento a esta orden, a la Procuraduría que vigile el cumplimiento de las medidas urgentes y a la Defensoría del Pueblo que acompañe la implementación de ese protocolo para la protección de la salud de los niños de esa comunidad indígena en La Guajira.

Otra de las entidades que también deberá atender esta crisis humanitaria es la Registraduría, la cual, tendra acompañamiento del ICBF y la Alcaldía de Maicao para que en dos meses realice una jornada de identificación y registro civil en La Pista, el asentamiento informal más grande de la región.

Desde la Corte Constitucional explicaron que estas medidas son transitorias y no reemplazan las órdenes estructurales de la sentencia que declaró el ECI en La Guajira por la grave vulneración de derechos humanos.