SEMANA conoció la denuncia que una comunidad indígena wayúu del municipio de Uribia, en La Guajira, le envió a la Corte Constitucional para alertar por la muerte de una recién nacida por una presunta omisión médica y graves problemas de movilidad en el departamento.
Los hechos pasaron el 24 de septiembre, quince días después de que el alto tribunal inspeccionara la grave crisis humanitaria en la zona. La joven embarazada no recibió ayuda de su EPS ni de la Alcaldía de Uribia, por lo que su familia tuvo que actuar para ayudarla con los fuertes dolores de parto.
Durante la tarde de ese jueves, la mujer indígena comenzó a presentar fuertes dolores por el trabajo de parto. Sus familiares intentaron llamar a la IPS Súpula Wayuu y a la Secretaría de Salud de Uribia, pero la respuesta causó indignación al interior de la comunidad.
La denuncia conocida por este medio detalla que “los funcionarios Mileydi González y Libardo Parada de la Secretaría de Salud conocieron la situación” para tratar de trasladar a la paciente.
Después explicaron que “desde la Nueva EPS y la IPS (Súpula Wayuu) se habría manifestado que no efectuaban el desplazamiento hasta la comunidad debido a la distancia, la hora y las razones relacionadas con la seguridad”.
Esa respuesta provocó una reacción de la comunidad, que empezó a buscar a las autoridades tradicionales y a los líderes indígenas para tratar de sacar a la mujer por sus propios medios hasta un centro médico donde recibiera atención urgente.
Los esfuerzos de la familia y de los vecinos de la joven de 24 años se vieron en vano cuando a la medianoche un profesor de la comunidad intentó sacarla en un vehículo, pero solo bastaron siete minutos después del desplazamiento para que la mujer diera a luz.
La “bebé nació muerta”, según la denuncia.
Esta es la denuncia sobre la muerte de una recién nacida wayúu por presunta omisión médica y problemas de movilidad en La Guajira. El documento en poder de la Corte Constitucional generó órdenes al MinSalud y a la Nueva EPS para dar explicaciones. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/iDa2LIsxVe
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 8, 2026
La Corte Constitucional recibió esa grave denuncia justo después de inspeccionar cuatro municipios de La Guajira. Durante la inspección, encontraron serios problemas de agua potable, salud y transporte que enfrentan las comunidades wayúu en la zona alta del departamento.
El caso generó que la Corte Constitucional les ordenara al Ministerio de Salud, a las secretarías de Salud de La Guajira y Uribia, a la Nueva EPS y a la IPS Súpula Wayuu que en un plazo de 10 días hábiles entregaran un informe completo sobre lo que ocurrió con la bebé esa noche del 24 de septiembre.
La crisis humanitaria en La Guajira se ha agravado tanto que a la misma Corte le tocó convocar una audiencia pública este martes 13 de octubre, en la que participarán varias entidades del Estado ante la falta de cumplimiento que se estaría dando sobre las órdenes para proteger la niñez wayúu.