La Defensoría del Pueblo hizo una radiografia de la crisis humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo, en Norte de Santander, en medio de los ataques con drones cargados con explosivos, los enfrentamientos armados, seuestros y desplazamiento que afectan la vida y los derechos de las comunidades que habitan en ese sector del país.
Esa situación se ha venido agravando en las últimas horas después de que la Defensoría del Pueblo, entidad a cargo de proteger los derechos de los habitante en el país, denunció que el ELN y un frente de las disidencias de las Farc ha venido amenazando a los equipos que trabajan en territorio.
En un comunicado de cinco páginas, la entidad alertó que en los últimos días se han presentado situaciones de “extrema gravedad” que aumentan la crisis humanitaria en el Catatumbo, afectan a la fuerza pública y de paso las intimidaciones también están “impactando la acción humanitaria de la Defensoría del Pueblo”.
Esas estigmatizaciones y señalamientos también estaría afectando a personeros, líderes sociales y otros líderes sociales que han tratado de alertar la compleja situación pero terminan amenazados, especialmente en el municipio de Tibú.
17 hechos de violencia en diez días
El contundente comunicado reveló que los hechos graves de violencia han dejado 17 eventos en solo diez días, donde han muerto cinco personas - cuatro militares y un civil - y otras diez y siete han resultado heridas.
El informe expuso el uso indiscriminado de drones bomba contra viviendas, hospitales y escuelas; así como una disputa territorial entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias que asfixia la labor humanitaria de la Defensoría y deja un llamado al Gobierno nacional.
Uno de los hechos más graves tiene relación con las dos interceptaciones que habrían hecho integrantes del ELN contra comisiones humanitarias de la Defensoría que cumplían labores en territorio. Los guerrilleros requisaron y amenazaron a los equipos institucionales.
Esta situación se agaravó el pasado 21 de noviembre, cuando el Frente 33 de las Farc difundió un video en el que acusaron a la Defensoría y a las personerías, específicamente a la de Tibú, de supuestamente operar “al servicio del ELN”.
La Defensoría también documentó que desde el pasado 13 de noviembre se han venido presentando ataques con explosivo en El Tarra, detonaciones con drones bomba en Sardinata, otro atentado a la vivienda de un líder social en Filo Gringo, explosiones cerca a un colegio en Tibú y otros hechos que han provocado muertes y despalazamientos.
El mensaje al Gobierno
La entidad liderada por la defensora Iris Marín trazó su postura frente a la estrategia de orden público del nuevo Gobierno, precisando que la escalada violenta en el Catatumbo ocurre en medio de “los cambios en la política de seguridad”.
Aunque la entidad reconoció el deber del Estado de enfrentar a los ilegales, también lanzó una advertencia directa: la acción netamente militar puede “terminar agravando las condiciones de vida de las personas a quienes precisamente se busca salvaguardar”.
La Defensoría del Pueblo cerró la alerta pidiéndole a los grupos ilegales que liberen a los secuestrados, frenen el reclutamiento de menores y respeten el Derecho Internacional Humanitario.
