La zona del Catatumbo, en Norte de Santander, es uno de los territorios donde la guerra no ha cesado. En este territorio que lleva directamente a Venezuela, los grupos ilegales dan las órdenes y las comunidades deben huir o mueren en medio de la guerra a sangre y fuego que tiene el ELN con las disidencias de las Farc por las millonarias rentas del narcotráfico y las extorsiones.
Un informe de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín, titulado Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz, muestra cómo el horror de la guerra se ha incrementado e incluso reciclado con el pasar de los años. Venezuela juega un papel importante porque es uno de los países que respalda tajantemente a la guerrilla del ELN.
Todo ocurre desde la llegada de las guerrillas en la década de los ochenta, pero desde la Defensoría advierten que hay nuevos puntos a tener en cuenta en estos ciclos de violencia: mayor control de los territorios, una economía ilegal más sólida y una comunidad entre la espada y la pared, que es presionada por varios grupos armados.
El informe de la Defensoría es claro en asegurar que la frontera con Venezuela es clave porque “permite el paso de lado y lado de asuntos ilegales”, es decir, los grupos armados pueden traficar libremente armas y drogas. Lo anterior ha hecho que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sea el más poderoso e influyente en el Catatumbo.
“La posición geográfica del Catatumbo es una de las razones por las que este territorio está en disputa”, advierte el documento. Asimismo, señalan en el informe al ELN y a las disidencias de las Farc mediante el Frente 33 como los protagonistas de estos combates sin precedentes en la zona de frontera.
No es un secreto que desde el Catatumbo salen cargamentos de droga hacia Venezuela, el Caribe e incluso hacia Estados Unidos y otras zonas a nivel internacional. Esto muestra que esta zona de Norte de Santander es clave para el narcotráfico de varios países del mundo.
Desde la Defensoría insisten en que la coca sigue siendo el combustible para la guerra que hoy vive este territorio y que, mientras no existan alternativas reales para las comunidades campesinas, esto nunca acabará. En el informe, muestran esos testimonios duros, pero ciertos, de lo que está ocurriendo.
“Sacar los productos de la finca, como el plátano o la yuca, nos cuesta más de lo que nos pagan. En cambio, la hoja de coca la compran a mejor precio y sin intermediarios”, dice uno de los campesinos.
Los ilegales son los que imponen sus reglas como si fueran los alcaldes, pues establecen horarios, castigos y decisiones sobre el diario vivir de las comunidades. “Como hay un grupo dominante, los catatumberos terminan ajustándose a las normas de un solo grupo”, señala la Defensoría en el impactante informe.
De acuerdo con el Ministerio Público, la situación se complicó a partir del 16 de enero de 2025, donde lograron identificar un punto de quiebre reciente, pues hubo varios casos de homicidios, confinamientos y desplazamientos masivos en municipios como Tibú, El Tarra y Convención. Las alertas tempranas fueron emitidas por la Defensoría, pero desde el Estado no fueron capaces de contener estos hechos.
“Se evidenció un aumento masivo y sistemático de desplazamientos y ataques contra la población civil”, señala el documento. Lo que sucedió fue sin precedentes. Familias completas abandonaron sus fincas; otras se confinaron y no podían salir porque había minas antipersona y explosivos por toda la zona.
“En el Catatumbo, las bombas caen del cielo y las minas se instalan en el suelo”, dice el informe cuando dice que la guerra no tiene que ver entre ilegales o la misma población civil, pues todos son atacados por igual.
Este duro informe también muestra cómo las comunidades se sienten en completo abandono del Estado colombiano. Precisaron que, pese a los Acuerdos de Paz y las iniciativas que se han dado como el Pacto Catatumbo, todo ha quedado en palabras y pocos hechos. Insisten en que el Estado sigue siendo muy débil para atacar a los ilegales y, en otros casos, es nulo.
“Todo se quedó en promesas. El Gobierno vino, militarizó por un tiempo y después se fue. Aquí no hay seguridad, no hay inversión y no hay futuro”, relata un líder social en el informe.
En medio del horror de la guerra, la zona del Catatumbo sigue siendo alimentada por la coca de los ilegales que se mueve sin control por la frontera colombo venezolana y ocurre por la ausencia del Estado colombiano, mientras que los grupos armados siguen tomando poder y amenazando a las comunidades.
