Tragedia en La Guajira: bebé wayúu murió por presunta omisión médica y problemas de movilidad

La crisis humanitaria que atraviesa el departamento de La Guajira es uno de los episodios más dolorosos que vive Colombia. La desalentadora situación se agravó el pasado 24 de septiembre, cuando una comunidad indígena wayúu habría evidenciado la muerte de una recién nacida, por una presunta omisión médica y problemas de movilidad en la zona.

Sobre las 6:00 p. m. de aquel jueves, una mujer indígena en estado de embarazo de la comunidad karraguaysumana empezó a presentar fuertes dolores del trabajo de parto. Sus familiares reaccionaron llamando a la ruta de emergencia con la IPS Súpula Wayúu y la Secretaria de Salud del municipio de Uribia.

Lo desconcertante, según la denuncia, fue cuando las entidades contactadas respondieron que no podían desplazarse hasta la comunidad por la distancia, la hora y las condiciones de seguridad. Esa presunta falta de atención médica habría provocado el fatal descenlace.

La delicada denuncia en poder de la Corte Constitucional generó órdenes al Ministerio de Salud, a las secretarias de salud departamental y municipal, a la Nueva EPS y a la IPS Súpula Wayúu para que en 10 días hábiles presenten un informe completo sobre lo que ocurrió ese 24 de septiembre de 2026.

Urgencia sin respuesta

SEMANA conoció en exclusiva la denuncia completa que la comunidad Wayuu entregó a la Corte Constitucional el pasado 28 de septiembre. En el documento relataron cómo cuatro días antes, una joven de 24 años en estado de embarazo comenzó a presentar fuertes dolores de parto en medio del desierto del corregimiento de Jojocinto, en Uribia.

El hermano de la mujer, un líder de la comunidad, habría empezado a llamar desde las 6:00 p. m. a la IPS Súpula Wayúu y a la Secretaría de Salud de Uribia, tratando de buscar una ruta de atención que permitiera trasladar a la joven y a su sobrina a un centro asistencial para atender el parto.

Sin embargo, desde la Nueva Eps y la IPS Súpula Wayúu les habrían manifestado que “no realizan el desplazamiento hasta la comunidad debido a la distancia, la hora y razones relacionadas con la seguridad”, dice la denuncia.

Una hora y medía más tarde, el hermano de la gestante se comunicó con una autoridad tradicional para contarle la situación, buscar apoyo de la comunidad para trasladarla y hasta utilizar los medios propios para tratar de atender la emergencia médica.

Sobre las 9:00 p. m., un aparente funcionario de la IPS Súpula se habría contactado con la comunidad para confirmar que la ruta de atención estaba activa, presuntamente manifestó que él solo recibía órdenes y al final habría dejado claro que su superior no autorizó la salida para buscar a la joven.

La denuncia detalló que entre las 11:50 y las 11:57 p. m., la situación se empeoró y provocó que un profesor del pueblo subiera a la mujer a un vehículo para sacarla de la zona, pero pocos minutos después de iniciar el desplazamiento se dio el parto y el bebé “nació sin vida”.

La joven de 24 años fue trasladada durante dos horas por las vías del departamento hasta llegar a la Clínica Talapui, en Uribia, donde recibió atención médica por el fuerte sangrado y la dolorosa pérdida de su hija.

La denuncia cerró con una contundente frase: “Además de enfrentar la pérdida de su hija, esta joven madre debe cargar con el dolor de saber que durante horas su familia tuvo que buscar por sus propios medios una respuesta ante una emergencia que, en principio, debía ser atendida mediante la ruta institucional de salud”.

Una crisis que se agrava

Desde hace nueve años la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La Guajira, por la vulneración de derechos fundamentales como el agua potable, la salud y la alimentación que tiene en una crisis humanitaria a la población wayúu.

Este año la situación se ha complicado después de que la Sala Especial de Seguimiento de esa ECI, presidida por el magistrado Carlos Camargo, ordenó una inspección judicial a cuatro municipios para verificar el estado actual de la situación.

Para llegar a esa diligencia que estuvo liderada por el magistrado auxiliar Hugo Escobar, la comitiva de la Corte Constitucional se demoró más de seis horas en llegar desde Riohacha, capital del departamento, al corregimiento de Jojocinto, en Uribia. Lo que dejaría en evidencia la dificultad de movilizar en esa región del país.

Esa inspección sacó a flote las dificultades que están teniendo las comunidades para recibir el servicio de salud por la fragmentación del aseguramiento de la niñez wayúu, la desatención de comunidades dispertas por parte de equipos en territorio y la grave afectación de la salud mental de niñas, niños y adolescentes que permanecen en el sector de La Pista, en Maicao.

El lamentable panorama que encontró la Corte durante esa investigación también provocó la orden para que se tomen medidas urgente frente a la escasez de agua potable y el magistrado Camargo hasta pidió investigar los posibles incumplimientos institucionales que no han garantiza el líquido vital en la región.

El magistrado Carlos Camargo ahora le pidió al Ministerio de Salud, a las secretarias de salud de La Guajira y de Uribia, a la Nueva EPS y a la IPS Súpula Wayúu para que en 10 días hábiles entreguen un informe detallado con el caso de la bebé que murió en pleno parto.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) también deberá informar en el mismo plazo si la comunidad de Jojoncito está en el área de influencia de alguno de los 36 corredores viales priorizados por la Corte e indicar el estado de las condiciones de movilidad hacia los centros de atención médica más cercanos. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría le harán seguimiento a esos requerimientos.

Esta nueva tragedia ocurrió justo pocos días antes de que se llevara a cabo la sesión técnica que realizará la Corte Constitucional junto a 25 entidades convocadas para revisar el cumplimiento de las órdenes que protegen a los niños, niñas y adolescentes wayúu.