En el marco de la audiencia de seguimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que ordenó medidas cautelares para proteger a la niñez de los pueblos wayuu en el departamento de La Guajira, el magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo Assis hizo un fuerte llamado de atención ante la falta de respuestas y acciones claras.
“La Corte no aceptará que el carrotanque sea la respuesta permanente del Estado a la sed del pueblo wayuu”: el fuerte llamado de atención del magistrado Carlos Camargo por la crisis en La Guajira. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/URb8sEYOgD
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 13, 2026
Para el magistrado Camargo, quien preside la Sala de Seguimiento, existen varias fallas a la hora de atender la grave problemática. Esto se ha hecho evidente con las últimas y trágicas noticias que dan cuenta de la muerte de menores de edad por falta de atención médica.
Por esta razón, hizo un llamado a los delegados de los ministerios del Interior y de Salud, a la Superintendencia de Salud y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que tengan en cuenta las recomendaciones.
“La Corte no aceptará que el carrotanque siga siendo, nueve años después, la respuesta permanente del Estado a la sed del pueblo wayuu”, enfatizó el magistrado Camargo en la instalación de la audiencia que se realiza en Riohacha, La Guajira.
Esto, citando uno de los hechos recientes que más ha afectado a la comunidad indígena, que no recibió la ayuda prometida para atender las graves problemáticas derivadas de diferentes fenómenos ambientales y situaciones.
“A las autoridades obligadas les hago una advertencia directa: las órdenes de la Corte Constitucional no son recomendaciones, son el mínimo constitucional para que las niñas, niños y adolescentes wayuu vivan con dignidad. Su cumplimiento no es facultativo”, manifestó.
Por esto, señaló que en el pasado se compulsaron copias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría General para que se realizaran las investigaciones correspondientes frente a las omisiones y falencias en el cumplimiento de la sentencia emitida hace ya nueve años.
“De esta jornada, la sala espera dos cosas: un plan unificado y un cronograma con fechas ciertas para adoptarlo y, en consecuencia, nosotros vigilarlos estrictamente. Esta sala no sustituye a los órganos de control”, indicó el magistrado. “La sala pedirá cuentas del trámite de esas compulsas”, dijo.
Fallas estructurales
Al comienzo de la audiencia, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, indicó que hay muchos factores estructurales que han afectado a los menores de edad que hacen parte de estas comunidades.
“No tienen acceso al agua potable ni a una buena alimentación. Son unos factores muy diversos y estructurales que la Corte ha evidenciado y ha llevado a declarar el estado de cosas inconstitucional”, precisó la presidenta del alto tribunal.