Casi tres años después de que se conociera el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el escándalo de corrupción más grande del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, serán llamados formalmente a juicio los congresistas de la Comisión de Crédito Público que habrían usado sus votos como moneda de cambio para que les fueran asignados multimillonarios contratos.
La decisión de 667 páginas, conocida en exclusiva por SEMANA, deja claro que hay motivos suficientes para llevar ante la justicia, en juicio formal, a los congresistas Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, todos miembros de la Comisión de Crédito Público, célula encargada de avalar los créditos que pide la nación ante la banca internacional.
Justamente, el corazón del juicio que empieza es, según la decisión, que “probablemente aceptaron promesa remuneratoria ofrecida por agentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a cambio de realizar actos propios de sus funciones como integrantes de esa Comisión”.
En la práctica, los congresistas habrían votado positivo los empréstitos a cambio de multimillonarios contratos de obra pública de la UNGRD, por lo que los implicados son acusados por el delito de cohecho impropio.
La acusación en poder de SEMANA es clara en señalar las circunstancias bajo las cuales se habría dado el oscuro intercambio de favores entre los congresistas y el Ministerio de Hacienda, con la venia del entonces ministro Ricardo Bonilla, quien afanosamente, sobre el cierre del año 2023, requería con urgencia que la Comisión de Crédito Público aprobara los créditos ante la banca internacional.
El auto, de la magistrada Paula Andrea Ramírez, quien hace apenas unas semanas fue elegida como magistrada de la Sala de Primera Instancia, ubica como fechas clave el 5 y 6 de diciembre de 2023, cuando se habrían realizado encuentros en el Ministerio de Hacienda para establecer el acuerdo corrupto.
Según las pruebas y los testimonios de dos de los testigos estrella del caso, Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Bonilla, el 5 de diciembre se habrían ofrecido los beneficios a los congresistas durante dos reuniones celebradas con autorización de Bonilla. Esa primera reunión habría sido encabezada por el viceministro Diego Alejandro Guevara y la misma Benavides.
El 6 de diciembre, señala el extenso documento, el ministro Bonilla, el viceministro Guevara y la asesora Benavides habrían sostenido un nuevo encuentro con los congresistas, para ratificar los compromisos de entregar las obras públicas a cambio de su apoyo.
En cuanto a los contratos con los que se habría comprado la conciencia de los congresistas de la Comisión de Crédito Público, según el auto, se ratifica que son tres y habrían sido distribuidos así: el primero era Cotorra, en Córdoba, por un valor superior a 46.000 millones de pesos, y habría sido dirigido para la senadora Liliana Bitar y los representantes Wadith Manzur y Julián Peinado.
El segundo, para obras en Saravena, Arauca, por cerca de 35.000 millones de pesos, habría sido asignado a los representantes Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. Y, por último, el de Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, por un monto de más de 12.000 millones de pesos, habría sido para comprar el voto de Juan Pablo Gallo.
Para esta acusación fue clave la colaboración de Benavides con la justicia, quien recibió como beneficio la inmunidad total, pues fue quien de primera mano manejó la tabla de cupos indicativos, eufemismo con el que se llevaba el inventario de obras que eran asignadas a los congresistas y, sin dudar, señaló al ministro Bonilla como cerebro de las oscuras transacciones.
La acusación da especial relevancia a los mensajes de Benavides con el entonces ministro Ricardo Bonilla, y a una reunión del 18 de septiembre de 2023, en la que le habría comunicado, luego de acordar los contratos, que “la Comisión (de Crédito Público) se iba a empezar a mover”.
De igual forma, están los testimonios, los chats y las pruebas entregadas por López, quien confirmó las órdenes que le dieron en la Casa de Nariño de “colaborarles” a los congresistas, y entregó la que es considerada la prueba reina en este caso. Una libreta, escrita con puño y letra de la representante Karen Manrique, en la que le reclamaba por la demora en los tres contratos y explicaba la forma como se había hecho la repartija.
Por su parte, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien fue delegado por su jefe Olmedo López como contacto con los alcaldes y contratistas, entregó los chats y las pruebas de las gestiones para presentar la documentación y sacar adelante los contratos, cumpliendo el cuestionado compromiso con los congresistas de asignarles obras a cambio de sus votos.
Para llegar a esta etapa en la que los seis congresistas de la Comisión de Crédito Público tendrán que debatir las pruebas en su contra e iniciar formalmente el juicio, la magistrada de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Paula Andrea Ramírez, tuvo que estudiar los recursos presentados por las defensas que buscaban la anulación de las acusaciones.
En el caso de Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, quienes solicitaron la cesación del proceso por considerar que la gestión de proyectos no era un ejercicio legítimo de la función parlamentaria y la ausencia de una prueba incontrovertible, la Corte señaló que ese es un debate que se debe dar en el juicio.
La Sala también rechazó varias solicitudes de nulidad de Wadith Manzur y Juan Diego Muñoz sobre la reasignación interna del proceso y la garantía del juez natural; los de Liliana Bitar, Karen Manrique y Muñoz, relacionados con la intervención de los conjueces; y los de Manrique y Julián Peinado, por la incorporación posterior de salvamentos y aclaraciones de voto.
Otro de los puntos centrales fue la negativa a excluir pruebas que las defensas consideraban cuestionables. La representación de Juan Diego Muñoz pidió retirar del expediente los interrogatorios rendidos ante la Fiscalía por Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, así como documentos y evidencia obtenida del teléfono celular de Benavides.
Sin embargo, en el extenso documento en poder de este medio hay un párrafo que puede implicar un salvavidas para los congresistas, pues advierte que las solicitudes o gestión de obras públicas “no representaría una inmediata utilidad patrimonial para los sindicados, ya que se traduce materialmente en, al menos, la consolidación y expansión de su capital relacional y social frente a autoridades centrales y locales”.
Esto podría implicar que la intención no era enriquecerse, sino extender y fortalecer su capital político.
El próximo martes, los congresistas de la Comisión de Crédito Público tendrán que dar la cara ante la Corte Suprema de Justicia.