Una ponencia del magistrado César Reyes será objeto de discusión en la Corte Suprema de Justicia para determinar si hay mérito y abrir una investigación formal contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por el delito de abuso de función pública en el llamado caso del ‘tarimazo’.
Se trata de la actividad que se realizó en la ciudad de Medellín, en la plazoleta de la Alpujarra el 21 de junio de 2025, cuando varios privados de la libertad, capos de organizaciones criminales más peligrosas de Antioquia, fueron invitados a un evento en el marco del proyecto de paz total del entonces presidente Gustavo Petro.
Los narcos fueron trasladados desde distintas cárceles del país para instalar lo que se denominó la paz urbana y la senadora Zuleta fue la encargada de pedir al Inpec el traslado de privados de la libertad. Luego, todos fueron recluidos en la cárcel de Itagüí para continuar las conversaciones, aunque terminaron en una parranda vallenata.
Por esa solicitud al Inpec, la senadora Zuleta fue denunciada y un año después la Corte Suprema discute si hay mérito para avanzar en una investigación formal con todas las implicaciones legales que conlleva. El primero en alzar la mano fue el magistrado César Reyes, que anticipó: “No hay elementos de prueba para avanzar en un proceso”.
“La aforada no ordenó, no dio instrucciones, ni dispuso absolutamente nada en relación con el personal PPL que ciertamente fue llevado en el día, la hora y el lugar solicitado, por grupos especiales de apoyo al Inpec, entidad encargada y responsable de los condenados voceros reconocidos de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá en el marco de espacio de conversación sociojurídica de construcción de la Paz Urbana”, señala la ponencia del magistrado.
La posición del magistrado, según fuentes judiciales, dividió la Corte Suprema de Justicia, particularmente porque no abre más escenarios que inhibirse de abrir la investigación a partir de un análisis y unos elementos de prueba que se remiten a una resolución de la Presidencia y a declaraciones de delegados del gobierno, incluso de funcionarios de la UTL de la senadora.
“De contera, no puede predicarse con razón que Zuleta López haya incurrido en abuso de su función pública, mucho menos usurpando competencias, cuando de lo que se trató fue justamente de formular la solicitud correspondiente a la entidad que legalmente tiene la atribución de resolverla”, advierte el magistrado Reyes.
Para el magistrado es claro que la senadora, a partir de la resolución de la Presidencia, estaba facultada para hacer las solicitudes que hizo al Inpec en el sentido de trasladar a los privados de la libertad, como efectivamente lo hizo. Incluyó las palabras de la defensa de la senadora en su decisión.
“Lo anterior por cuanto la ‘fantasmal’ ocurrencia de los ilícitos se hace derivar de la petición que en junio de 2025 su defendida formuló a la dirección del Inpec, donde se habla de ‘solicitud de traslado para participación en acto público con el presidente de la República-sábado 21 de junio-La Alpujarra’, advierte el documento.
Así las cosas, por lo menos en criterio del magistrado, no hay mérito para abrir una investigación en contra de la senadora Isabel Zuleta en el episodio del ‘tarimazo’. Será la Corte Suprema en pleno quien determine si la ponencia de Reyes se ajusta a los elementos de prueba y acompañen la decisión o, por el contrario, la descarten.