La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá este jueves, 17 de septiembre, para elegir cinco de los cargos más importantes en la Rama Judicial del país.
Se trata de los nuevos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, encargados de investigar a los congresistas.
Luego de un largo concurso, con más de 300 aspirantes, el Consejo Superior de la Judicatura envió una lista con 50 candidatos.
Los aspirantes ya tuvieron la oportunidad de estar cara a cara con los magistrados y exponer sus argumentos para ocupar ese cargo.
SEMANA conoció que uno de los temas fundamentales que están teniendo en cuenta los magistrados para la selección es la experiencia y trayectoria de los aspirantes en temas relacionados con la justicia penal.
La Corte busca que la elección final sea muy rápida, para que los cinco elegidos puedan hacer un empalme con los magistrados actuales, que dejarán sus cargos el próximo 8 de octubre, y de esta manera blindar los términos y el avance de los delicados expedientes.
Entre los aspirantes aparecen varios fiscales, entre ellos los delegados ante la Corte Suprema Gabriel Sandoval, Diego Montaña, María Cristina Patiño y Diana Yolima Niño.
Además, la actual directora contra la corrupción de la Fiscalía, Madeleyne Pérez. También están en la puja otros funcionarios y exfuncionarios de la Corte, Procuraduría y Fiscalía.
En los últimos días, por los pasillos del Palacio de Justicia se ha visto a varios de los aspirantes buscar citas con los magistrados de las distintas salas de la Corte Suprema (Penal, Laboral y Civil) para hablar con ellos durante unos minutos y tener un diálogo de manera individual.
El periodo de un magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema es de ocho años.
En este organismo, los magistrados son los encargados de llevar las investigaciones y acusaciones contra los miembros del Congreso de la República.
Actualmente se llevan procesos sensibles como el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), las investigaciones por irregularidades de la Dian y en el Invías (30 congresistas y excongresistas investigados), entre otras.
Los magistrados de la Sala de Instrucción tienen la potestad de ordenar la detención y enviar a la cárcel a sus procesados o mantenerlos bajo detención domiciliaria. O, como ocurrió en los últimos días, ordenó poner un brazalete electrónico de vigilancia al senador Miguel Ángel Barreto, investigado en el escándalo de corrupción conocido com Las Marionetas.