Urgente: Kiko Gómez estaría detrás del ataque contra la Procuraduría; Corte Suprema lanza advertencia

Kiko Gómez, el exgobernador de La Guajira condenado a 31 años de cárcel por el homicidio de un concejal, estaría detrás del ataque contra la sede principal de la Procuraduría, en Bogotá. Uno de los aspectos graves del hecho es que la bala fue hallada en la oficina de un procurador delegado ante la Corte Suprema, la misma instancia que lo sentenció.

El oficio número JJUM-0085 fue emitido por el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, quien explicó que en contra de Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como Kiko Gómez, se adelantó un proceso judicial por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

El caso estuvo en el Tribunal Superior de Bogotá, que dejó prescribir la acción penal por dos homicidios, absolvió en el caso restante y terminó condenándolo únicamente por el delito de concierto para delinquir.

La Sala de Casación Penal de la Corte, con ponencia del mismo magistrado Solórzano, conoció el recurso de casación presentado contra esa sentencia. Así fue como, el pasado 29 de abril de este año, el alto tribunal revocó la absolución y lo condenó por el delito de homicidio agravado.

La sentencia de 31 años de cárcel estuvo relacionada con el homicidio del concejal de Barrancas, en La Guajira, Luis Gregorio López Peralta, quien tenía proyección política y respaldo popular para disputar el poder local que en ese momento tenía Gómez Cerchar.

Sin embargo, la Corte Suprema expuso que, varias semanas después de esa decisión, empezó a circular información relacionada con “un poderoso asesino guajiro —hoy preso y con varias condenas en última instancia— les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra”.

Después de que se conoció esa situación, el pasado 26 de agosto, una procuradora judicial, encargada de presentar una de las demandas de casación contra la absolución del Tribunal Superior de Bogotá, acudió a la oficina del presidente de la Sala Penal para compartirle la preocupación por su seguridad personal y la de los funcionarios judiciales que intervienen en ese proceso.

El oficio emitido por la Corte Suprema expuso que, el pasado 1.° de septiembre, el procurador delegado para la Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien en su intervención ante la Corte pidió casar la sentencia y condenar al acusado, informó que la semana pasada apareció una bala disparada en su oficina, lo que provocó “gran preocupación”.

Ese proyectil fue el que se encontró en el piso 26 de la Procuraduría. Aunque la Policía tenía como primera hipótesis una posible bala perdida, la Corte Suprema alertó que Kiko Gómez estaría detrás de ese plan criminal.

El magistrado Solórzano explicó en el documento que “existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar. Además, porque me parece necesario y urgente que la Dirección de Protección de la Policía Nacional los conozca e incremente las medidas de protección necesarias para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias”.

Frente a esa situación, el magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de esa corporación, se reunió con el área encargada de la seguridad de la Corte y con la Dirección de Protección de la Policía para reforzar la seguridad de los magistrados. La amenaza es latente.