“Se acabó la guachafita”. De esta forma, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó el pasado martes el traslado de lugar de reclusión de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El primer mandatario indicó que se acababan los “beneficios” para los procesados y condenados por hechos de corrupción en Colombia.
La decisión motivó que la defensa del exdirector de la UNGRD presentara una solicitud urgente ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá para que se revise la decisión del jefe de Estado.
En la solicitud, de 13 páginas, el abogado José Luis Moreno Caballero insistió en la necesidad de proteger la vida e integridad de su cliente, quien es testigo de cargo de la Fiscalía en los procesos penales que se adelantan por este escándalo de corrupción.
Para presentar su petición, se solicitó que se fije una audiencia lo más pronto posible.
“Como medida preventiva y mientras se celebra la audiencia, solicito ordenar al Inpec, a la Dirección de Centros de Reclusión Militar, al Centro de Reclusión Militar del Cantón Militar Caldas y al Complejo Carcelario La Picota que se abstengan de ejecutar el traslado dispuesto”, señala la petición.
El jurista indicó que, en la decisión tomada el 31 de agosto de 2024, el juzgado había ordenado el traslado del exdirector de la UNGRD a una guarnición militar, atendiendo una solicitud de la Fiscalía General.
La petición se hizo por la colaboración del exdirector de la UNGRD con las autoridades judiciales para desenredar la trama de corrupción en el desvío de contratos.
Con el pasar de los meses, hubo amenazas e intimidaciones para que Olmedo López evitara entregar más información a las autoridades.
“El mismo 16 de septiembre de 2026, la fiscal novena solicitó por oficio al director de Centros de Reclusión Militar (Dicer) del Ejército Nacional que mi representado no fuera trasladado de su centro de reclusión militar, precisamente por haber sido ordenado por este despacho al evaluar el riesgo, situación que se agrava al ser testigos de cargo”, indicó Moreno.
“Mi representado y su entorno han sido objeto de ofrecimientos económicos para guardar silencio y de amenazas directas, hechos puestos en conocimiento de las autoridades, además del ingreso de personas armadas a la residencia del suscrito mientras preparaba su defensa y la sustracción de dos cajas fuertes en una empresa familiar”, añadió.
Debido a esta situación, se pidió que, de ser trasladado a La Picota, se le brinden las garantías de seguridad y protección con el fin de evitar cualquier atentado en su contra.
“Finalmente, es importante manifestar que mi representado fue trasladado a un centro carcelario donde se encuentran de manera paralela aquellas personas a las cuales se pretende que el referido declare en los distintos procesos ante la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades judiciales, situación que muestra el alto peligro que corre su vida e integridad personal, al ser trasladado al lugar donde se encuentran los coprocesados a los cuales servirá como testigo”, concluyó Moreno.