En una carta enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lemus Gómez, el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla Álvarez, pidió que se tomen medidas urgentes para garantizar su protección.
Esto después de que el pasado martes el presidente Abelardo De La Espriella ordenara su traslado a la cárcel La Picota, de Bogotá, para que allí siga cumpliendo la condena relacionada con el saqueo a la UNGRD.
En la misiva de nueve páginas, Pinilla aseguró que, por su colaboración con las autoridades y la entrega de información, ha recibido amenazas que ponen en riesgo su integridad personal y la de su núcleo familiar.
“Esta solicitud busca preservar mi vida, mi integridad física y psicológica, así como mi seguridad personal y las condiciones necesarias para continuar cumpliendo mis obligaciones como testigo colaborador de las investigaciones relacionadas con los hechos de corrupción de la UNGRD”, expresó en un párrafo.
Desde agosto de 2024, el exsubdirector de la UNGRD se encontraba privado de su libertad en una guarnición militar por orden del Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá. En dicha decisión se consideró menester garantizar su vida e integridad.
En abril de 2025, el Juzgado 10 Especializado de Bogotá lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión tras el preacuerdo en el que aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.
En esa oportunidad, se indicó que se le debía garantizar su vida e integridad física, por lo que se ratificó que cumpliera su condena en una guarnición militar.
Por esta razón, Pinilla consideró que la resolución firmada hace pocos días por el Gobierno De La Espriella pone en riesgo su vida.
“En tal sentido, la Resolución 8041 de octubre 6 de 2026 viola el debido proceso administrativo (artículo 29 de la Constitución Política) por tener una motivación simplemente formal y contradictoria, que no consideró ningún elemento sustantivo conforme lo exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, alegó.
Las peticiones de Sneyder Pinilla
Sneyder Pinilla le pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia que promueva una “coordinación institucional urgente” con la Fiscalía General y el Inpec para “garantizar la efectividad de las decisiones de protección”.
Igualmente, que le solicite a la autoridad carcelaria un informe sobre la “motivación de mi traslado, el tratamiento dado a las providencias judiciales y el oficio del 16 de septiembre de 2026″.
“Acudo a la Corte con respeto y autonomía de cada autoridad y con la convicción de que las decisiones judiciales de protección deben tener eficacia real. Mi compromiso de colaborar con la justicia continúa vigente; por ello, solicito que el Estado garantice las condiciones necesarias para cumplir y proteja oportunamente mi vida”, sentenció.
El exsubdirector de la UNGRD citó que en los últimos dos años y medio ha entregado información, tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Fiscalía General, que ha permitido abrir nuevas líneas de investigación y vincular judicialmente a varios implicados en este expediente.
Entre estos, se encuentran los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, así como los excongresistas Iván Name y Andrés Calle. También el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González Merchán.