En la investigación por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se han presentado graves errores; esta no avanza como se espera y los protagonistas de este escándalo ya recuperaron la libertad por vencimiento de términos. Uno de ellos, el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, se encuentra prófugo.
Ahora, el proceso contra uno de los testigos estrella, el exsubdirector Sneyder Pinilla, tuvo cambio de fiscal y el reemplazo es un funcionario júnior, quien hasta hace poco era un asistente.
Este último hecho generó la preocupación de Pinilla, quien, pese a tener alto grado de riesgo y la orden de un juez de ser recluido en una guarnición militar, fue trasladado a La Picota.
A través de un derecho de petición, cuyo asunto señala: “Petición especial de información y explicaciones sobre reasignación de investigaciones en el caso UNGRD”, solicita que se le aclare por qué se hizo el cambio de fiscal para poner a David Giraldo Tabares, quien hasta hace apenas unos meses era “asistente II”.
La petición de Pinilla, que llama la atención del país político y judicial por tratarse del caso de corrupción más grande del gobierno Petro, advierte que “se sirva informar por qué se reasignó parte de las investigaciones que adelantaba la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de otro fiscal delegado, a un fiscal seccional que no está en carrera y que su cargo inmediatamente anterior es de asistente fiscal”.
Y es que el cambio es radical: cuando estalló el escándalo de la UNGRD, ante la gravedad de los hechos, el caso pasó de la Dirección Anticorrupción a manos de la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, y se creó un grupo de tareas especiales, pero ahora el interés del ente acusador parece haber menguado.
La clave está en una de las preguntas que hace Pinilla: ¿la Fiscalía le está restando importancia al caso? “¿Por qué estos cambios parecieran, en vez de fortalecer el grupo, boicotear las investigaciones que se adelantan por temas del escándalo de corrupción de la UNGRD?”, pregunta el testigo, quien fue el encargado de entregar los 4.000 millones de pesos a los expresidentes de Senado, Iván Name; y de la Cámara, Andrés Calle.
Hay un tercer cuestionamiento del cual está pendiente de respuesta Pinilla y, por la gravedad del caso, todo el país: “Se informe si dentro de los estudios de cargas laborales, perfiles y competencias se evaluó el impacto de esta modificación, y se me aclare formalmente por qué estos cambios y de competencia, en vez de fortalecer el grupo de las investigaciones, parecieran boicotear las investigaciones cruciales que se adelantan en el marco del escándalo de corrupción de la UNGRD”.
Errores de la Fiscalía
Esta no es la primera movida preocupante frente al proceso de la UNGRD en la Fiscalía. Basta recordar que, con todas las pruebas a su disposición, su poderosa influencia y la posibilidad latente de que el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, se fugara, la Fiscalía nunca le pidió a un juez la detención.
Pese a las advertencias, cuando el país se preguntaba por su paradero, SEMANA reveló que se encontraba en Nicaragua bajo el amparo del gobierno del dictador Daniel Ortega, desde donde difícilmente vendrá a responder, pese al arsenal de pruebas que lo señalan como el funcionario que dio la orden de saquear la UNGRD para implementar con los congresistas la fórmula de contratos por votos.
Asimismo, en un error de principiantes, la Fiscalía dejó vencer el plazo para presentar la acusación contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de quien existían suficientes pruebas y testimonios en su contra.
Así, la Fiscalía dejó pasar más de 120 días, como contempla la ley, desde la imputación de cargos hasta la acusación formal, con lo cual se dio la libertad por vencimiento de términos. El asunto fue bochornoso, pues el fiscal, tratando de enderezar el yerro, cuando ya había arrancado la audiencia, radicó el escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia. Para la magistrada Isabel Álvarez Fernández, ese trámite debía haberse cumplido antes de instalarse la audiencia.
Los primeros salpicados, los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, recuperaron también la libertad por vencimiento de términos hace apenas unas semanas. Lo propio seguramente ocurrirá con el exministro de Interior, Luis Fernando Velasco.