Wadith Manzur cuestionó que el exviceministro de Hacienda, Diego Guevara, no haya sido vinculado al proceso de la UNGRD

Tres extensas sesiones se registraron en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia durante el proceso penal que vincula a seis excongresistas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (UNGRD).

Después de que se formalizara la acusación por el delito de cohecho impropio, los exparlamentarios y sus apoderados han pedido la palabra para cuestionar varios apartes del escrito de acusación y la medida de aseguramiento que pesa en contra de dos de ellos.

En tres oportunidades, el senador conservador Wadith Manzur pidió la palabra para pedir, además de una nulidad de todo lo actuado, que se revise con lupa la declaración de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides; así como la actitud de dos conjueces que en marzo pasado apoyaron la ponencia que pedía cobijarlo con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Seis excongresistas fueron acusados por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Foto: Corte Suprema de Justicia

Manzur, quien hace pocas semanas fue trasladado a la cárcel La Picota, de Bogotá, manifestó que llama mucho la atención que la principal testigo en su contra, es decir María Alejandra Benavides, hubiera relatado con todos los detalles las charlas y encuentros que sostuvo con él tanto en el Congreso como en la sede del Ministerio de Hacienda.

Únicamente, relató, se le olvidó lo que ocurrió en el encuentro del 7 de noviembre en la sede del Ministerio donde supuestamente -según la acusación- se hizo selló el acuerdo criminal que hoy lo tiene privado de la libertad.

Igualmente, cuestionó el hecho que pese a que María Alejandra Benavides ha reconocido que hizo parte de todo esto junto al exviceministro de Hacienda, Diego Guevara, ninguno de los dos ha sido vinculado a un proceso penal por el delito de cohecho, es decir, la entrega de los sobornos.

“Se acusa de cohecho impropio a seis congresistas, con la particularidad, como lo dijo mi abogado ayer, que los cohechadores, por lo menos en mi caso, la señora Alejandra Benavides y el viceministro Diego Alejandro Guevara, ninguno de los dos ha sido imputado por cohecho de dar o ofrecer, ninguno de los dos”, reclamó.

Esta práctica, indicó, ha tenido el aval y apoyo en la Rama Legislativa. Sin embargo, solo en este caso, se le ha querido vincular con una práctica delictiva.

“En este proceso no se ha perdido ni un solo centavo del Estado colombiano. Y sobre todo, la compra, porque nos filtran también en los medios de comunicación a la compra de los carrotanques de La Guajira, cuando aquí nada tiene que ver con los carrotanques de La Guajira”, detalló.

Diego Guevara era el viceministro de Hacienda para la época de los hechos. Sin embargo, meses después llegó al cargo de ministro. Foto: Juan Carlos Sierra

En otro de los apartes de su intervención el congresista oriundo de Córdoba aseveró que en su caso se han presentado varias situaciones irónicas e insólitas. Puesto que se ha desconocido el papel que tienen los congresistas para buscar proyectos para sus respectivas regiones.

Finalmente, recalcó que la acusación hecha el pasado martes en su contra no se entiende, pues tiene muchos hechos sin soporte probatorio o con menciones contradictorias.

“Aquí vamos a terminar o condenados por A, o por B, o por C (...) por cualquiera de las hipótesis que está; o por favorecer contratistas, o por impulsar un proyecto a su contratación, o por pedir que viabilizaran un proyecto de interés regional. Con un peligrosismo inusual para la existencia del Congreso de la República. A los señores congresistas de la República les quiero decir que lo que aquí están proponiendo no es nada menor a que se contradice lo que dice la propia ley, que nosotros podemos gestionar y convenir en todo tiempo con los agentes del gobierno nacional para conseguir obras para nuestra región”, indicó.

“Pero resulta y pasa que si lo hacemos en la mitad, en el camino, cuando se está tramitando un proyecto de ley, el ministro o el funcionario puede entender que si me da, que si ese proyecto sale adelante, entonces yo me comprometí con mi voto”, indicó.

Los cuestionamientos hechos durante estas audiencias serán resueltos por la Sala de Casación Penal en los próximos días.