Un férreo rechazo generó la decisión de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de avalar la declaración del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, en el juicio que se adelanta contra seis excongresistas por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
Para los apoderados de los acusados, existe suficiente evidencia para concluir que Carlos Ramón González no se va a presentar a declarar en el proceso penal.
Esto debido a que desde hace más de dos años se encuentra fuera del país y no ha sido posible contactarlo para que se presente en el proceso penal que cursa actualmente en su contra.
Defensa de la congresista Karen Manrique cuestionó que se cite como testigo al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González: “No va a comparecer”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/rOffRTcnkz
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 21, 2026
El abogado Luis Carlos Torregrosa, apoderado del senador conservador Wadith Manzur, aseveró que el testimonio de Carlos Ramón González no aportaría absolutamente nada al proceso penal.
“Por varias consideraciones, su señoría, su clara falta de utilidad como criterio para decretar la prueba, existen varios testimonios que se refieren a los hechos ocurridos el 27 de noviembre (de 2023)”, señaló.
Esto en referencia al llamado cónclave que se celebró en la Casa de Nariño y en el cual se habrían dado órdenes para el pago de los sobornos a un grupo de senadores y representantes a la Cámara, con el fin de que aprobaran las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.
“El mismo Olmedo López, testigo de cargos en este proceso, advierte que en esa reunión del 27 de noviembre no se habló nada en absoluto de la Comisión de Crédito Público. Además, su señoría, más allá de su abierta inutilidad de decirse que es improbable su práctica”, precisó.
La situación de asilo del exdirector del Dapre complica su presencia en el proceso penal.
“Carlos Ramón González está asilado, está fuera del país, está en un país con el que no tenemos relación diplomática o consular. En el expediente reposa que incluso sus abogados no tienen contacto con él. Luego entonces, su señoría, esa prueba puede advertirse desde ya que es bastante, bastante improbable su práctica”, enfatizó.
Esta posición fue compartida por los apoderados de los exsenadores Liliana Esther Bitar Castilla y Karen Astrith Manrique Olarte.
Los seis excongresistas que hicieron parte, en 2023, de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ya fueron acusados por el delito de cohecho impropio.
Esto por presuntamente haber ejercido presión para el redireccionamiento de los contratos de obra e interventoría en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), valorados en 90.000 millones de pesos.