Las revelaciones de SEMANA en su última edición sobre las actividades de seguimiento y perfilamiento hechas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro generaron una avalancha de reacciones.
Entre la indignación y el miedo, la mayoría de las personas exigió a las autoridades judiciales que investigaran a fondo las acciones ilegales que adelantó la entidad que tuvo, entre sus directores, a varias de las personas más cercanas a Petro, algunos de ellos con un pasado en el M-19.
La entidad, que estuvo en manos de Carlos Ramón González, Jorge Lemus y Wilmar Mejía, habría realizado labores de recolección de información contra un grupo determinado de personas, entre las que se encontraban dirigentes políticos de oposición al gobierno de Gustavo Petro y a la campaña presidencial de Iván Cepeda.
“Hubo una parafiscalía”: la dura respuesta del exfiscal tras las revelaciones de SEMANA sobre las “chuzadas” en la DNI. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/v7giSASRnD
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 5, 2026
Así como los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez; el exfiscal general, Francisco Barbosa; la exvicefiscal general, Martha Mancera; los congresistas Miguel Uribe Turbay (quien murió en agosto de 2025 tras sufrir un atentado sicarial); el exdirector del DAS, Ramiro Bejarano; y la abogada Jenny Rozo.
Además, figuraba la exprocuradora general, Margarita Cabello Blanco; el excontralor general, Carlos Felipe Córdoba; y la directora de SEMANA, Vicky Dávila.
El primero en reaccionar fue el exfiscal general, Francisco Barbosa, quien pidió que se investigue a fondo y en el menor tiempo posible este nuevo escándalo del gobierno Petro.
“Ninguna autoridad administrativa ni de inteligencia en Colombia puede interceptar comunicaciones sin orden judicial. Lo prohíben el artículo 15 de la Constitución y la Ley 1621 de 2013. Hacer seguimientos y perfilamientos con fines políticos es una práctica propia de regímenes autoritarios y no tiene cabida en un Estado de derecho”, enfatizó el exjefe del ente investigador.
Barbosa presentó una denuncia este lunes 5 de octubre.
Por su parte, el exinvestigador del CTI, Víctor Forero, cuyo trabajo fue fundamental en la primera etapa de la investigación contra Nicolás Petro Burgos por la financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022, señaló que, pese a las denuncias sobre perfilamientos y seguimientos, en la Fiscalía General nunca se apersonaron del caso.
“Informé ante el despacho que adelanta la investigación que se dispuso de todas las capacidades y recursos de algunas entidades como la DNI, la Uiaf, la Policía, el Ejército, entre otras, y la participación de oficiales y suboficiales en servicio y retirados con amplia experiencia en inteligencia y en operaciones militares. Esto se suma a diferentes situaciones que me han ocurrido desde que se judicializó a Nicolás Petro, las cuales he puesto en conocimiento de este proceso y que no puedo ver aisladas”, advirtió Víctor Forero.
Por su parte, el exsenador y exprecandidato presidencial, David Luna, manifestó que hace varios años citó a un debate de control político a Carlos Ramón González para preguntarle por varias irregularidades.
“Un debate que intentaron sabotear y que claramente incomodó al Gobierno Petro. Allí lo enfrenté por las denuncias de seguimientos e interceptaciones desde la Dirección Nacional de Inteligencia. Le pregunté por equipos de inteligencia, por un software para interceptar WhatsApp, por inmuebles arrendados cerca de las casas de periodistas y por la información que se estaba recopilando sobre opositores y críticos del Gobierno. Carlos Ramón González negó todo bajo juramento”, detalló Luna.
Por su parte, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia durante el gobierno de Iván Duque, Víctor Muñoz, fue enfático al señalar que es necesario aclarar inmediatamente esta situación.
“Es hora de esclarecer quién ordenó, quién ejecutó y quién encubrió. Que respondan ante la justicia. Sin impunidad y sin importar el cargo”, señaló Muñoz en su cuenta de X.