La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se convirtió, durante el Gobierno de Gustavo Petro, en una especie de policía política. La máxima dependencia a cargo de garantizar la seguridad nacional perdió la “confiabilidad”. Por si fuera poco, hubo infiltraciones, corrupción, injerencia de agentes extranjeros, los sistemas tecnológicos fueron “infectados”, se perdieron las capacidades adquiridas y, al final, la información más sensible y reservada se politizó y terminó en la calle en manos peligrosas.
SEMANA revela en exclusiva los alarmantes hallazgos de una minuciosa auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella a esa entidad que promete destapar uno de los peores escándalos en la historia de la inteligencia en Colombia.
Este medio conoció que ya existe información bajo cadena de custodia que será entregada a la Fiscalía. Son 147 terabytes, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y tablets que les permitirán a los investigadores rastrear todo lo que hizo el Gobierno Petro en la DNI y judicializarlo.
Algunas fuentes en esa agencia que aceptaron hablar con este medio bajo reserva, y que entregaron documentos, advierten de un posible “concierto para delinquir”. Por lo menos el 20 por ciento de los más de 500 empleados de la DNI empezó a colaborar aportando información valiosa de lo sucedido en los últimos cuatro años.
Tras la llegada de Petro al poder, la DNI quedó en manos de sus antiguos compañeros del M-19, un detalle no menor y que derivó en una división estratégica en la entidad. Por un lado, un grupo quedó a cargo de las labores rutinarias de inteligencia y, por el otro, se conformó un cerrado bloque de “contrainteligencia de Estado” que les reportaba a Petro y al director de turno. Eso se materializó en una reorganización que quedó plasmada en el Decreto 1077 del 23 de agosto de 2024, firmado por Petro. Funcionarios califican hoy ese grupo como un “hoyo negro” que operó sin reglas y que tuvo acceso a la información más crítica que se manejó entre 2022 y mediados de 2026, incluida la que tuvo relación con la oposición al Gobierno y la campaña presidencial.
Dicho grupo trabajó de forma articulada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dian, y se indagan posibles extralimitaciones con la información privada de opositores, periodistas y funcionarios que fueron un muro de contención frente a los intereses del entonces presidente Petro.
Uno de los capítulos más sensibles está relacionado con la campaña política porque desde la DNI presuntamente se habría intentado influir en las pasadas elecciones presidenciales. ¿Hubo carpetas con información reservada de cada uno de los candidatos? ¿Les hicieron espionaje? Son preguntas que tendrá que resolver la Fiscalía en el desarrollo de las investigaciones.
El equipo auditor detectó lo que habría sido un patrón de comportamiento: desde los organismos de inteligencia se creaba una falsa amenaza, posteriormente se le asignaba un esquema de protección de la UNP o la Policía a la supuesta víctima y allí se recaudaba información milimétrica de los personajes que se convertían en objetivo. Era una operación de infiltración.
La orden del presidente Abelardo De La Espriella es llegar al fondo de lo que hizo la anterior administración con la DNI, limpiarla y depurarla, modernizarla y recuperar sus capacidades y su confiabilidad tras haber sido usada “para fines políticos y delictivos”, según las fuentes consultadas.
El objetivo es conformar la mejor agencia de inteligencia estatal y una de las más capaces del continente. El primer paso es convocar a un grupo de expertos de las Fuerzas Militares y de Policía que puedan llegar en comisión a la DNI para asumir el control de la entidad. Asimismo, se busca recuperar la cooperación internacional con agencias como la DEA, la CIA, el FBI, el Mossad, el MI6, entre otras, con una participación muy activa en el Escudo de las Américas y en el Grupo Egmont.
El presidente De La Espriella ha dado la instrucción de recuperar la misionalidad de la DNI y, en ese sentido, será crucial la “anticipación y neutralización” de las amenazas de “espionaje, subversión y narcotráfico transnacional”.
La misión se la encargó al general (r) Jorge Andrés Zuluaga, uno de los héroes de la operación Jaque, quien no completa 15 días al frente de la DNI y ya se nota su transformación.
“Intención de daño grave”
La auditoría, conocida por SEMANA, reveló que por lo menos la mitad de los funcionarios que ingresaron a la DNI durante la administración anterior no eran idóneos ni confiables. Pese a que muchos de ellos perdieron el polígrafo y no cumplieron los requisitos, en todo caso formaron parte de la entidad. Todo ya está documentado. Más de 100 trabajadores son considerados como un factor de riesgo “crítico” o “alto”; incluso algunos tendrían la intención de hacer “daño grave” desde la DNI. Unos ya han sido retirados en el plan de choque que puso en marcha el actual Gobierno.
El desorden en la agencia en los últimos cuatro años llegó a tal nivel que se reporta el caso de una persona que tiene una orden de captura vigente. Aún hoy, no ha podido ser despedida de la entidad.
Además, la auditoría lanzó una grave alerta por servidores públicos en la DNI “relacionados con posibles vínculos con grupos armados organizados”. Diez de ellos “representarían un alto riesgo de fuga de información”. Sobre este asunto, según la auditoría, el sistema de ciberseguridad de la DNI es “vulnerable”. Varias personas lograron acceder de forma no autorizada a información física, digital y verbal, y hubo un debilitamiento de los protocolos de seguridad para el acceso a las instalaciones “y el control de activos institucionales”.
Hay otro dato relevante y es que se encontraron funcionarios con doble nacionalidad, principalmente colombianos y venezolanos. Los investigadores sospechan que estas personas, en realidad, nacieron en el vecino país, pero les habrían creado un registro civil falso en Colombia porque aparecían registradas tan solo dos horas después de haber nacido.
En los últimos cuatro años, además, la DNI tuvo una preocupante injerencia extranjera y hay una “sospecha fundada” de la presencia en territorio nacional de agentes de inteligencia de Rusia, Irán, Cuba y Venezuela que habrían permeado a dicha institución. Hasta el 7 de agosto de 2022, esos países eran monitoreados por Colombia al ser considerados una “amenaza”.
La lupa del personal que hoy recoge las evidencias está puesta también en dos viajes a Rusia, donde por lo menos dos grupos de hasta diez personas de la DNI recibieron entrenamiento en 2025. La labor habría estado a cargo del Servicio Federal de Seguridad, conocido como FSB, el principal organismo de inteligencia de ese país, que adoptó buena parte de las funciones de la extinta KGB. La BBC ha calificado al FSB como la “agencia de espías de élite de Rusia”.
En los informes de auditoría de la DNI se habla de un “uso indebido de la entidad” por parte de la administración Petro al ser “empleada como refugio de personal ajeno al honor y la pulcritud exigibles a la agencia”.
La auditoría es tajante al señalar que “la gestión tecnológica y de seguridad digital de la DNI requiere una transformación estructural total. Falta la infraestructura tecnológica en el nivel estratégico, táctico y técnico. Se requiere intervención estructural para la gobernanza, arquitectura y seguridad de la información”.
La auditoría descubrió presuntos malos manejos con los gastos reservados por falta de trazabilidad de los dineros, ya que, entre otras razones, un software conocido como ABIS, de registro biométrico, nunca funcionó. Se invirtieron 580 millones de pesos en esa tecnología para detectar las combinaciones de los dedos (huellas dactilares) y así llevar un control de los pagos por información. Al día de hoy, realmente no se sabe con detalle quiénes recibieron dichos recursos.
“Se pagaba a informantes identificados con códigos que armaron empresas y fundaciones de fachada. Una agente identificada como N. D., de la dirección de contrainteligencia, por ejemplo, tiene un proceso de desfalco de 20 millones de pesos porque solo justificó 20.000 pesos”, dice un documento confidencial en poder de SEMANA.
Con el software ABIS ocurrió exactamente lo mismo que con el dron adquirido en octubre de 2023 por la DNI por 9.000 millones de pesos. El aparato se siniestró en el Catatumbo, con pérdida total, y la auditoría concluyó que el dron “no cumplió con las especificaciones técnicas” y, además, tuvo que ser asignado a personal de la Fuerza Aérea, pues en la misionalidad de la DNI no tenía cabida el uso de ese equipo.
En los últimos cuatro años, para gastos reservados, la DNI destinó entre 7.000 y 10.000 millones de pesos cada año, aproximadamente. El mayor desembolso ocurrió en 2025 en medio de la campaña presidencial. En este frente, se detectó el uso de por lo menos 350 millones de pesos en misiones de trabajo que no eran de la competencia de la dirección de contrainteligencia de la DNI y que tenían relación, por ejemplo, con los casos de alias Papá Pitufo, la llamada paz urbana en Medellín, alias el Mocho Olmedo y el periodista Enrique Tapias.
Los salpicados
Ninguno de los directores de la DNI en el Gobierno Petro se escapó de la controversia. Por ejemplo, Manuel Casanova, exmilitante del M-19, estuvo cerca de dos años en el cargo y salió cuando fue cuestionado por supuestamente pagarles a personas que intentaron extorsionar al entonces canciller Álvaro Leyva en medio de la licitación de pasaportes. El pago se habría hecho con dineros reservados de la DNI sin estar permitido. Carlos Ramón González, otro exintegrante del M-19 que llegó a la dirección de la entidad, fue salpicado por el escándalo de corrupción de la UNGRD y hoy está prófugo de la justicia. Durante el Gobierno Petro se escapó hacia Nicaragua con ayuda de diplomáticos de la administración.
Varias fuentes del petrismo que hablaron con SEMANA aseguraron que González supuestamente manipulaba al entonces presidente Petro con información falsa sobre la llamada Junta del Narcotráfico y los supuestos planes para asesinarlo.
Jorge Arturo Lemus, quien también perteneció al M-19, fue encargado al frente de la entidad entre marzo de 2025 y enero de 2026. Renunció tras estallar el escándalo que probaba sus contactos con la defensa de alias Papá Pitufo. Fue durante la administración de Lemus que ocurrió el siniestro del dron. Asimismo, hay dudas sobre lo sucedido con una sede de la DNI en el municipio de Funza, Cundinamarca, un edificio que terminó costando unos 40.000 millones de pesos y hasta ahora no ha sido entregado.
Por la DNI también pasaron exmilitantes del M-19 como René Guarín y Wilmar de Jesús Mejía, un licenciado en Educación Física que terminó al frente de la inteligencia del Estado. El periodista Ricardo Calderón lo denunció por sus presuntos nexos con alias Calarcá, de las disidencias de las Farc.
El nombre de Mejía apareció en los archivos de Calarcá y ha sido vinculado con el también cuestionado general (r) Juan Miguel Huertas. A Mejía lo relacionan, en medio de las indagaciones, con una mujer cercana a Petro, conocida con el alias de la Negra. También es motivo de preocupación hasta dónde habrían llegado sus contactos con alias Boyaco Sinaloa y algunos exjefes de las bandas criminales de Itagüí.
Mejía es relacionado sentimentalmente con una teniente coronel que en su momento manejaba la contrainteligencia de la Policía. Ella habría sido el enlace para que Mejía entablara comunicaciones estratégicas con altos oficiales de la institución, entre ellos dos coroneles y tres tenientes coroneles. Todos tenían acceso a información sensible que presuntamente le era compartida a Mejía. Al final, todos salieron de la institución.
Otro episodio que está siendo indagado tiene que ver con una petición directa del presidente Petro, según las fuentes. Se trató de la vinculación de una inspectora de la DNI que fue jueza en el Tolima, de la cual este medio se abstiene de revelar su nombre.
La misión de ella presuntamente consistió en “esculcar” todo lo que se supiera en la DNI de la posible participación del Gobierno de Iván Duque en la muerte de los jefes de las disidencias de las Farc. Las averiguaciones buscaban saber todo acerca de la caída de exjefes de la Segunda Marquetalia como Jesús Santrich; el sanguinario Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa; Miguel Botache, alias Gentil Duarte, y alias Romaña, en la zona de frontera, en territorio venezolano, a finales de 2021. Asimismo, se le pidió investigar el atentado que sufrió Iván Márquez en junio de 2022, en Venezuela, donde resultó gravemente herido.
Petro quería establecer con exactitud si hubo participación de las Fuerzas Militares y de Policía colombianas en esos sucesos que ocurrieron antes de su llegada a la Casa de Nariño. De hecho, se desató una persecución feroz contra algunos oficiales.
“La inspectora solo respondía a órdenes superiores, decía que venía del presidente Petro, y todos acatábamos las solicitudes. En eso estuvo durante más de seis meses y no encontró nada. Ellos no entienden cómo funciona la inteligencia”, agregó un miembro de la DNI a SEMANA.
Pero no solo eso. Las autoridades tendrán que establecer hasta dónde llegó un presunto favorecimiento en la DNI a reconocidos narcotraficantes identificados en los documentos como “Julio Lozano, J Firma, el Boyaco Sinaloa, Tonto Contreras y Runcho”, así como “alias Falcón y Fortuna, relacionados con el Clan del Golfo”, y algunos integrantes de las disidencias de las Farc, cuyos casos fueron conocidos por la opinión pública, como el de alias Araña, extraditado por De La Espriella. SEMANA pudo confirmar que parte de esta información proviene de fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Contra la oposición
El aparato de inteligencia de la DNI no actuó como una rueda suelta. Por el contrario, fue una pieza más en un complejo engranaje que incluía a la Uiaf y a la Dian, y a algunos oficiales de la Policía y el Ejército, aliados del Gobierno Petro. Desde 2024, SEMANA ha investigado las denuncias que han llegado a la redacción sobre el abuso en el manejo de la información al que este grupo de inteligencia tenía acceso y que habría sido usada contra la oposición. Es decir, la DNI, la Uiaf y la Dian se habrían convertido en una policía política conjunta cuyos alcances hasta ahora empieza a conocer la opinión pública.
“A partir de unas órdenes de trabajo que impartió la Uiaf, se le empezaron a hacer escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos al fiscal Francisco Barbosa. A la vicefiscal Martha Mancera también le estaban esculcando hasta el nido de la perra”, contó una alta fuente de la Uiaf, cercana al primer director de esa entidad en el Gobierno Petro, Luis Eduardo Llinás Chica, que aceptó conversar con SEMANA. Barbosa y Mancera fueron un contrapeso para Petro con su fracasada política de paz total, y durante esa Fiscalía se iniciaron las investigaciones contra Nicolás Petro y Laura Sarabia, entre otros.
Aunque la Uiaf está adscrita al Ministerio de Hacienda, se rige por la ley de inteligencia y contrainteligencia. Todas las órdenes de trabajo y misiones especiales no tienen control de legalidad ante un juez.
La fuente de la Uiaf aseguró que esa entidad tenía capacidades de intervenir las comunicaciones de sus objetivos. Entre ellos estarían la entonces procuradora Margarita Cabello, a quien también le habrían monitoreado a un hijo; el excontralor Carlos Felipe Córdoba, por dudas sobre sus estudios en derecho. Además, el general (r) Eduardo Zapateiro, el general (r) Luis Fernando Navarro, el general (r) Jorge Luis Vargas, el expresidente Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay (quien murió en agosto de 2025 tras sufrir un atentado el 7 de junio de ese año), Jenny Rozo, el abogado y columnista Ramiro Bejarano y periodistas, entre los que estaba Vicky Dávila, en su momento directora de SEMANA, y quien luego fue candidata presidencial.
“Por ejemplo, escucharla a usted, la ven como alguien no afín al régimen, le hacen monitoreo a ver qué le encuentran”, le dijo la fuente de la Uiaf a Dávila en enero de 2024 antes de que ella decidiera competir en las elecciones. “Hay más periodistas. Todos los que le tiraban piedras al Gobierno están en el radar de la Uiaf”, agregó la fuente. Otro objetivo en ese momento fue el entonces presidente de Findeter, Juan Carlos Muñiz Pacheco, a quien le tenían desconfianza y consideraban un infiltrado en el Gobierno Petro. “A toda la gente que huela a uribismo”, sostuvo la fuente cuando se le preguntó a quiénes les hacían seguimientos.
Semanalmente, el presidente Petro recibía un informe de esas actividades de inteligencia, según la fuente de la Uiaf. En 2023, el mandatario recibió un informe de los movimientos financieros de su hijo Nicolás Petro antes de que estallara el escándalo originado por las denuncias de Day Vásquez en SEMANA.
Según esa fuente de la Uiaf, un periodista cercano al Gobierno Petro recibía constantemente información fruto de esta “inteligencia infectada y con motivaciones políticas”.
“Las solicitudes de búsqueda de información no siempre se hacían con misiones de trabajo. Daban órdenes verbales o incluso en papelitos para no dejar huella de seguimiento, pero eso es ilegal, la inteligencia tiene protocolos”, sostuvo la fuente.
El comportamiento en la Uiaf fue exactamente igual a lo sucedido en la DNI, pues también se aceptaron funcionarios sin pasar la prueba del polígrafo. “Esa herramienta mide la capacidad de una persona para mentir, engañar, y en la Uiaf se requiere de personas en las que se pueda confiar”, dijo el analista.
En este rompecabezas, uno de los funcionarios más poderosos en el sistema de inteligencia del Gobierno Petro fue René Guarín, quien llegó a la Uiaf en octubre de 2022 como subdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero, cargo en el que permaneció hasta junio de 2023.
“Era el dueño de toda la información de bases de datos de productos financieros, información cambiaria, abonados celulares, notarial, vehículos, pensiones, ingresos y salidas del país”, señaló la fuente de la Uiaf. “Guarín sacaba la información de los servidores y la trabajaba de forma remota, lo cual está prohibido. Antes de su salida ocurrió una extraña casualidad: se cayeron los servidores de la Uiaf durante tres meses, empezaron a ingresar ingenieros externos desconocidos con la excusa de arreglar el daño, pero nadie sabía qué era lo que hacían y por qué se les daba acceso a lo más importante, la información”.
Posteriormente, en agosto de 2023, Guarín aterrizó en la Casa de Nariño como jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información, una dependencia a cargo de Carlos Ramón González, director del Dapre.
Una ficha clave en el manejo de la inteligencia fue el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien estuvo en el cargo entre 2022 y 2025 y que llegó con la misión de hacer un revolcón en instituciones como la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Velásquez buscó centralizar todo el manejo de la inteligencia en la DNI, con el apoyo de la Uiaf y la Dian.
El presidente De La Espriella tiene claro que una inteligencia efectiva, al servicio del Estado, le permitirá cumplir con varias de sus propuestas de campaña, como recuperar la seguridad y combatir la corrupción. Por esta razón, la orden es clara: depurar por completo la DNI y ponerla a funcionar como corresponde. Eso sí, le entregará a la Justicia los hallazgos de lo que ocurrió en los últimos cuatro años en esa agencia para que los responsables paguen por sus fechorías y los colombianos sepan toda la verdad.