SEMANA conoció en su totalidad la decisión de la Procuraduría General, por medio de la cual se decidió no prorrogar la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas Herrera y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía.
En la decisión firmada por el procurador delegado de la sala disciplinaria de instrucción se manifiesta que no se cumplen los requisitos para realizar la prórroga de la suspensión de sus respectivos cargos, la cual fue emitida el pasado 27 de noviembre.
“No prorrogar la suspensión provisional del ejercicio de los cargos de comandante de personal del Ejército Nacional y director de inteligencia de la DNI, respectivamente, al BG Juan Miguel Huertas Herreras y el señor Wilmar de Jesús Mejía”, señala el resuelve.
En días anteriores, la DNI le había enviado una petición a la Procuraduría General con el fin de que les indicara si la suspensión de Mejía seguía o no vigente.
“No se ha recibido respuesta por parte del ente de control, lo que impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del investigado”, señaló la DNI ante el Ministerio Público.
Con la decisión de la Procuraduría General, Mejía podrá volver a su cargo en medio de fuertes cuestionamientos por las funciones de la DNI.
En varias oportunidades, el general Huertas y Wilmar Mejía han negado haber tenido vínculos con este grupo armado ilegal.
¿Vínculos con alias Calarcá?
En la decisión que ordenó la suspensión de los cargos tanto del general Mejía como del funcionario de la DNI, la Procuraduría General mencionó la necesidad de recolectar evidencias en el desarrollo de la investigación preliminar por su supuesta relación con las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.
En el auto de medidas cautelares se señalaba que se indagaba por los presuntos vínculos y el suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc.
En este punto se enfatizaba que, con el objetivo de asegurar que no se repitiera un hecho como el que era materia de investigación, se había optado por la suspensión de tres meses del cargo al oficial y al funcionario.
“Con esto se busca evitar que podrían presentarse o derivar en conductas que afecten el desarrollo del proceso disciplinario”, señaló el organismo de control disciplinario.
Igualmente, la decisión se consideró necesaria para evitar que el general Huertas y Wilmar Mejía continuaran en el ejercicio de sus cargos y funciones, y que se reiteren los comportamientos materia de investigación disciplinaria.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se busca establecer, además de los presuntos vínculos con miembros de las disidencias de las Farc, la supuesta entrega de códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública, así como un eventual apoyo para la creación de empresas de seguridad que permitieran legalizar armas y prepararse frente a una eventual finalización de los diálogos con el Gobierno.
Con el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.