El Ministerio de Defensa insistirá en pasarle una dura cuenta de cobro al general (r) Juan Miguel Huertas, el mismo que fue apartado de su cargo por presuntas relaciones con las disidencias de las Farc. Apareció mencionado en los computadores del criminal, hoy gestor de paz, Alexánder Díaz, alias Calarcá. El asunto es grave y tiene relación con un falso positivo.
La acción de repetición busca que el general Huertas reembolse 737 millones de pesos que la cartera tuvo que pagar como indemnización a los familiares de un vendedor ambulante y cotero, presentado, sin justificación alguna, como un guerrillero abatido en combate.
SEMANA accedió a decenas de documentos en los que el Ministerio de Defensa le pide a la Sección Tercera del Consejo de Estado que le ordene al general Huertas y otros nueve oficiales del Ejército asumir de su propio bolsillo parte de las indemnizaciones que la cartera pagó por daños morales y materiales a las víctimas.
El meollo del asunto consiste en que, como comandante del Batallón de Artillería n.º 4 Jorge Eduardo Sánchez, el entonces capitán Huertas firmó un documento oficial en el que afirmaba que Norberto de Jesús Isaza Guzmán, el vendedor asesinado, era un guerrillero que murió en combate con tropas del Ejército en zona rural del municipio de Granada, Antioquia, el 6 de junio de 2003. Supuestamente, la víctima era integrante del frente Noveno de las Farc.
En el informe firmado por el capitán (hoy general) Huertas, titulado Operación Marcial Norte, fechado el 21 de julio de 2023, un mes y medio después de los supuestos combates, el oficial describió que en una vivienda de la vereda San Cosme se encontraron a un “grupo de bandidos armando campos minados”. Por tal razón, los militares decidieron ingresar, lo que generó un intercambio de disparos.
“Se inicia un combate de encuentro con el grupo de bandidos, dando de baja a cuatro de ellos, pertenecientes a las Farc del Noveno frente y recuperando material de guerra, intendencia y comunicaciones”, se lee en el documento, que fue desmentido por las investigaciones, pues concluyeron que en realidad se trató de un falso positivo.
El capitán Huertas no contó con que dicha vereda no está registrada en el municipio de Granada ni en zonas aledañas. Igualmente, ninguna otra autoridad consignó la existencia del mencionado combate. Las pruebas topográficas e informes técnicos fueron demoledores y terminaron de hundir lo que se describía en el informe militar.
“A pesar de lo consignado en el Informe de la operación Marcial Norte, lo cierto es que, en la Investigación de Campo FPJ-11 y en el Informe 005 del 20 de enero de 2010, la Fiscalía General logró concluir que en las coordenadas 68°04’47” / 75°07’15” no se encuentra ninguna vivienda, ni siquiera caminos o trochas; describiéndose el lugar como de difícil acceso, con gran cantidad de piedras, con mucha vegetación y sin viviendas cercanas”, señala el informe, que ratifica el falso positivo.
El Tribunal calificó este reporte como “falaz”. Igualmente, se indicó que “en las declaraciones de indagatoria se faltó a la verdad por parte de los militares que desarrollaron la operación (...) las inconsistencias en las declaraciones de los militares no se ciñen a lo manifestado en el Informe de la operación Marcial Norte, de ahí que no sean convincentes las circunstancias de modo en que ocurrieron los hechos”.
De esta forma, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el 20 de junio de 2025 el pago de una indemnización cercana a los 1.441 millones de pesos.
En la acción de repetición, en manos del Consejo de Estado, el Ministerio de Defensa insiste en señalar que este es el mecanismo idóneo, como lo señala la Constitución, para “recuperar los montos dinerarios que debió pagar a un administrado en razón de la responsabilidad estatal (objetiva o subjetiva), derivada esta última de la conducta (dolosa o gravemente culposa) de un agente o exagente del Estado que derivó en una condena”.
Por estos hechos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos abrió, en agosto de 2024, una investigación disciplinaria al entonces capitán Juan Miguel Huertas Herrera, quien salió del Ejército el pasado 6 de enero, justamente por decisión de la Procuraduría, en medio de la investigación que se adelanta por presuntamente entregarle información de inteligencia a alias Calarcá, como lo denunció Noticias Caracol.
En el caso del general Huertas y los otros nueve militares, el Ministerio sostiene que su actuar configuró un engaño que derivó en una demanda contra la entidad y terminó en una condena por falsos positivos.
Crimen de lesa humanidad
En la decisión judicial de segunda instancia, el Tribunal consideró que el caso de Norberto de Jesús Isaza Guzmán se trató de un “crimen de lesa humanidad atribuible al Estado”. Estimó que se falseó información para presentar a un civil ajeno al conflicto y armado como un integrante de un grupo subversivo.
La avalancha de pruebas documentales y testimoniales le permitió a la Sala establecer que lo consignado en el informe del capitán Huertas estaba totalmente alejado de la realidad.
“El cuerpo presentó dos orificios de entrada de la parte anterior y cuatro orificios de entrada en la parte posterior, incluso uno de ellos fue en la cabeza; lo anterior permite desestimar el argumento de defensa de la entidad accionada según el cual los disparos se recibieron por la espalda porque las víctimas se encontraban huyendo”, anota el fallo, conocido en su totalidad por SEMANA.
Teniendo en cuenta los informes del Instituto de Medicina Legal, se llegó a la conclusión de que el vendedor ambulante no murió en combate alguno, sino que fue víctima de un inmisericorde ataque armado estando totalmente indefenso.
“Pues véase que Norberto de Jesús Isaza Guzmán también recibió disparos en la parte anterior del cuerpo, lo que permite concluir a la Sala que más bien se trató de un fusilamiento desde distintos ángulos, sin que mediara la supuesta huida que alega el Ejército Nacional”, enfatiza la decisión de segunda instancia.
Varios testimonios coincidieron en que, en la noche del 2 de julio de 2023, el hombre se encontraba en el sector conocido como El Hueco, en el centro de Medellín, cuando cuatro hombres vestidos de civil, que nunca había visto, se acercaron para buscar a alguien que descargara una mercancía. Norberto de Jesús aceptó la oferta y se montó a la camioneta roja. Dos días después apareció con varios impactos de bala y vestido con camuflaje.
Pese a la insistencia del Ministerio de Defensa, ninguna prueba pudo demostrar que el cotero formara parte de algún grupo subversivo. “Se logró acreditar que la víctima era un hombre de familia que trabajaba vendiendo frutas y cargando bultos en la Minorista, ello con el fin de llevar el sustento al hogar. Igualmente, antes de ese trabajo, laboró por ocho años en una cooperativa de Empresas Varias en el cargo de barrendero”.
SEMANA intentó comunicarse varias veces con el general (r) Huertas para conocer su opinión sobre esta acción judicial y su presunta relación con el falso positivo. Sin embargo, pese a que respondió el saludo por WhatsApp, no volvió a contestar los mensajes.
