Tal como lo anticipó en la campaña, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la creación de un bloque anticorrupción que perseguirá las redes ilegales que se apropian de los recursos públicos de los colombianos. SEMANA conoció detalles de cómo operará este grupo y cuál será su alcance.
El Gobierno nacional lo ha definido como un cuerpo élite que será coordinado desde el despacho del jefe de Estado; es decir, estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, pero tendrá brazos en cada una de las dependencias del Ejecutivo para detectar ilegalidades.
El bloque estará complementado por unidades de policía judicial, inteligencia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dian, además del apoyo de la comunidad internacional y la cooperación de los órganos de control de Colombia, que ya le habrían dado el visto bueno al proceso.
En el marco de sus competencias, trabajarán junto al equipo de Abelardo De La Espriella delegados de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, que recibirán las denuncias y se encargarán de investigarlas.
En un comunicado público, la Casa de Nariño estableció el alcance del bloque: “Su objetivo prioritario será la identificación integral de las estructuras corruptas, el rastreo estratégico de los fondos comprometidos y el aporte de pruebas contundentes a los organismos judiciales para acelerar la judicialización de los responsables”.
El trabajo ya comenzó. SEMANA conoció que diferentes direcciones y ministerios están analizando con lupa el estado financiero y contractual que heredaron de la administración de Gustavo Petro, y ya se conocieron reparos e indicios de presunta corrupción que fueron puestos en conocimiento de los órganos de control.
Se trata de una especie de auditoría forense, tal como la hizo el alcalde Federico Gutiérrez en Medellín tras la salida del poder de Daniel Quintero, pero aplicada a las cuentas de todos los ministerios.