Un ministerio en caos, una ejecución que no habría superado el 6 por ciento, docenas de programas por depurar y una millonaria nómina paralela en el Fondo del Ministerio de la Igualdad conforman el panorama que ahora deberá enfrentar el Gobierno de Abelardo De La Espriella en el proceso de liquidación de dicha cartera, que está en manos de John Milton Rodríguez.
La prioridad será evitar que las posibles irregularidades y malas prácticas terminen perjudicando a los verdaderos beneficiarios de los programas sociales. La instrucción que ha dado el presidente es revisar exhaustivamente todos los procesos, conservar lo que funciona y proteger tanto los recursos públicos como a los trabajadores que han actuado correctamente. Eso sí, quienes no hayan sido transparentes serán denunciados ante la justicia.
Uno de los puntos que más llama la atención está en el fondo adscrito al ministerio. Según las cifras conocidas durante la revisión, la nómina paralela del fondo habría llegado a los 21.600 millones de pesos, mientras que su director habría tenido una remuneración cercana a los 70 millones de pesos mensuales. Dicho fondo funcionó como caja menor de la cartera y salían recursos para gasto de funcionamiento.
La junta del fondo, conformada por 12 integrantes, se reduciría a cinco personas aproximadamente, bajo un esquema de gobierno corporativo que busca hacer eficiente su funcionamiento.
El diagnóstico es contundente: habría más personas dedicadas a administrar que a ejecutar los programas para los cuales fue creada la entidad.
El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, denunció que el Fonigualdad suscribió seis contratos por más de 82.090 millones de pesos a días de que terminara la administración de Petro. Eso se está revisando.
También se pondrá la lupa sobre cerca de 707 programas, de los cuales unos 90 estarían en ejecución. Después de la depuración, la cifra podría reducirse a 50, dependiendo de su viabilidad, ejecución, presupuesto y pertinencia.
Los programas que estén funcionando correctamente y sean necesarios para las comunidades serán respetados. Otros podrían ser trasladados a los ministerios del Interior, Agricultura y Educación.
Los recursos que no deban permanecer comprometidos serían devueltos al Ministerio de Hacienda con un objetivo: recuperar dinero público.
El proceso de liquidación también tendrá que resolver la situación de cerca de 500 trabajadores provisionales. De ellos, alrededor de 300 habrían manifestado encontrarse bajo alguna condición de estabilidad laboral reforzada. Por esta razón, se plantea establecer una ruta con las ARL que permita realizar revisiones masivas y determinar cuáles casos cumplen efectivamente con los requisitos legales.
También deberán respetarse los fueros sindicales y las situaciones de estabilidad laboral reforzada debidamente acreditadas. A esto se suma una avalancha de trámites jurídicos: habría cerca de 1.000 solicitudes entre derechos de petición, tutelas y requerimientos de revisión, buena parte relacionados con asuntos de nómina.
La liquidación deberá, además, enfrentar el riesgo de demandas derivadas de posibles desvinculaciones realizadas durante el Gobierno anterior sin el cumplimiento adecuado de los procedimientos.
Otro de los grandes retos será establecer con precisión qué ocurrió con los recursos. Los estados financieros presentan retrasos de entre tres y cuatro meses. Por eso, entre las primeras tareas estará poner la contabilidad al día y adelantar la revisoría fiscal, una auditoría interna y posteriormente forense que permita identificar eventuales irregularidades para establecer responsabilidades cuando haya lugar.
Se revisará cada programa teniendo en cuenta su presupuesto, vigencia, ejecución y resultados. La revisión podría incluso tocar intereses políticos. Se advierte que podrían aparecer personas vinculadas a sectores políticos o congresistas alrededor de algunos programas, por lo que la instrucción será revisar cada proceso sin excepciones y determinar, con evidencia, si existieron irregularidades.
También surgen cuestionamientos sobre la vigilancia ejercida durante el funcionamiento del ministerio y del fondo. Una de las preguntas será qué ocurrió con el control fiscal y por qué las situaciones que ahora son objeto de revisión no fueron advertidas o corregidas oportunamente. La Contraloría General no advirtió nada.
El proceso de transición también habría encontrado dificultades relacionadas con inventarios, dominios digitales, redes, accesos y otros activos institucionales, que ahora deberán ser identificados, recuperados y puestos nuevamente bajo control del Estado.
La fase deberá concluir con un plan de liquidación que permita establecer qué recibió el Gobierno, qué ocurrió con los recursos y qué responsabilidades podrían existir.
La expectativa es que, al terminar el primer semestre del proceso, se puedan entregar al país resultados concretos sobre recuperación de recursos, depuración de programas, situación laboral y el verdadero estado financiero y administrativo del ministerio y su fondo. La próxima semana se darán a conocer más avances de los hallazgos.