El páramo de Santurbán, una de las joyas ambientales más importantes del continente, fue descuidado por la administración de Gustavo Petro, pese a que la protección de los ecosistemas fue una de las principales banderas de su gestión. Así lo prueban documentos y fotografías que reposan en los archivos del Ministerio de Ambiente y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) conocidos por SEMANA.
Las páginas ilustran cómo la minería ilegal se apoderó de la vereda Angosturas del municipio de California, Santander, y el grave daño que causó en los recursos naturales. Pero no es solo eso. Pese a que el Gobierno nacional identificó el problema, no materializó las decisiones de las autoridades ambientales para frenar los graves hallazgos.
La denuncia se sustenta en la Resolución 002842 del 20 de diciembre de 2024, cuando la Anla expuso la destrucción en esa zona del departamento y emitió una serie de órdenes para proteger el ecosistema, las cuales fueron incumplidas por todos los actores involucrados en el proceso, de acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Ambiente.
La historia comenzó el 4 de julio de 1997, cuando la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga estableció el plan de manejo ambiental presentado por la compañía Greystar Resources LTD (hoy Eco Oro Minerals Corp. Sucursal Colombia) para la ejecución del proyecto de explotación minera de oro y plata en la vereda Angosturas.
Entre tantas cosas, esa organización excavó túneles y conformó zonas de disposición de materiales para cumplir sus metas personales.
En 2019, la empresa renunció al contrato y presentó el plan de cierre, desmantelamiento y abandono del sector.
En la verificación del mismo plan en el año 2024, las autoridades se llevaron una gran sorpresa. Al parecer, la empresa no cerró las estructuras conforme a la ley y fueron utilizadas para la minería ilegal por particulares, generando un daño sin precedentes en esa zona del páramo de Santurbán.
Se documentó que los túneles quedaron abiertos con nulas restricciones para el ingreso. Los funcionarios detectaron que en una de las estructuras había múltiples cables eléctricos, que evidenciaban la presencia de personas bajo tierra buscando metales preciosos.
En un fragmento del archivo se afirmó: “Se evidenció que por parte de personas indeterminadas se vienen adelantando actividades de minería no autorizada, que se relacionan con la existencia de túneles en dicha área, situaciones que afectan el medioambiente, los recursos naturales, el paisaje y los ecosistemas y/o la salud humana”.
En total, se hallaron 52 puntos de minería no autorizada por terceros dentro del título, ubicados dentro de la ronda hídrica de la quebrada Angosturas y la quebrada Páez.
La gravedad de la situación fue descrita de la siguiente manera por los funcionarios de la Anla, y se alertó de eventuales problemas en el suministro de agua potable para los habitantes de la capital de Santander: “La degradación del suelo, la erosión marcada y la disposición inadecuada de residuos han alterado negativamente el paisaje natural y la estabilidad. Además, la generación de drenaje ácido y la contaminación de cuerpos de agua, como la quebrada Páez, representan un riesgo directo para el suministro de agua potable en los municipios aguas abajo y el área metropolitana de Bucaramanga”.
De manera insistente, se agregó que la situación de la vereda era crítica y se enumeraron cada una de las consecuencias. En un fragmento se describió que las medidas de manejo y planes de contingencia incrementaban la posibilidad de colapsos y pérdidas de vida.
Frente a este crítico panorama, se solicitó suspender las actividades que atentan contra el medioambiente en ese sector, tanto a Eco Oro Minerals Corp. Sucursal Colombia como a las personas indeterminadas que estaban sacando provecho ilegal de las zonas.
El alcance de la sanción era claro: “Comprende, igualmente, la inhabilitación de los túneles, socavones, maquinaria, infraestructura asociada y equipos utilizados para la extracción minera”. También se pidió la incautación de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos para la explotación minera.
Junto a las medidas preventivas de cumplimiento inmediato, la entidad suministró las coordenadas exactas que se debían seguir para efectuar la resolución. Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Ambiente, hoy en cabeza de Fabio Arjona Hincapié, las medidas no se cumplieron por parte de la administración de Gustavo Petro y la destrucción continúa en Santurbán.
La hipótesis que se tiene en esa dependencia es que el Gobierno saliente no solo no ejecutó la resolución, sino que habría favorecido la minería ilegal. Por esta razón, se elevará una petición ante las autoridades judiciales para que establezcan las eventuales irregularidades en las que se habría incurrido.
Lo llamativo de todo es que la misma resolución estableció las eventuales sanciones que se aplicarían en caso de que no se cumpliera su ejecución: “Podrá configurar el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de policía, o como posible causal de agravación en caso de que se configure la comisión de delitos contra los recursos naturales y el medioambiente”. Hoy, según las fuentes consultadas, no hay responsables a la vista.
El aparente descuido de la administración de Petro con el páramo de Santurbán solo es la punta del iceberg de la problemática ambiental que se tiene en ese departamento.
El páramo de Santurbán queda, entonces, en medio de una paradoja: mientras el Gobierno de Gustavo Petro hizo de la defensa del medioambiente una de sus principales banderas y luchas en la plaza pública, documentos oficiales advertían sobre el deterioro de uno de los ecosistemas más importantes del país y ordenaban medidas concretas para detenerlo. Casi dos años después de esas órdenes, las preguntas siguen abiertas, los responsables no aparecen y la minería ilegal continúa avanzando sin freno en el departamento, ahora bajo la sombra de grupos armados ilegales. Serán las autoridades judiciales las llamadas a establecer si lo ocurrido fue producto de la posible negligencia u omisión.
Son muchas las dudas que están sobre la mesa en el sector ambiente, no solo en materia de operación territorial, sino también en el escenario contractual. Entre tantas decisiones que se están tomando, SEMANA conoció que se hará una auditoría forense al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, adscrito al Ministerio de Ambiente, ante las graves sospechas de posibles irregularidades durante la gestión de Gustavo Petro y sus altos funcionarios.