En tan solo dos meses la lucha contra el narcotráfico en Colombia tuvo un vuelco importante y se fortalecieron las operaciones, que hoy tienen al país con resultados importantes en todas las regiones. SEMANA conoció cifras consolidadas por el Ministerio de Defensa que dan cuenta de la ofensiva que adelantan.
Desde el 7 de agosto hasta el 25 de septiembre han decomisado más de 102 toneladas de estupefacientes, van 25.353 capturas, 480 laboratorios destruidos y 2.284 hectáreas de hoja de coca erradicadas. Una de las cifras que más ha llamado la atención son los 65.653 kilogramos de cocaína que fueron incautados durante las operaciones. También quedaron en poder de las autoridades 35.665 kilogramos de marihuana y 1.396 kilogramos de base de coca.
En 49 días de gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella ha logrado golpear el corazón del narcotráfico con el fin de poder reducir los hechos de violencia que se desatan de esta actividad económica ilegal. En los cultivos ilícitos, también han visto un avance relacionado con la erradicación, pues son 2.284,9 hectáreas de hoja de coca eliminadas.
La producción de droga en este Gobierno también ha sido golpeada de una manera contundente con la destrucción de 480 laboratorios, un aumento del 12 por ciento, según las cifras suministradas hasta el corte del 17 de septiembre. De ese total, 450 eran laboratorios de pasta base, con un incremento del 16 por ciento. También fueron destruidos 22 laboratorios de clorhidrato de cocaína.
Otros seis laboratorios de permanganato fueron neutralizados, indicador que registró un incremento del 200 por ciento. El balance incluye, además, un laboratorio de heroína y otro de ácido sulfhídrico. Son 480 infraestructuras que dejaron de ser utilizadas dentro de las economías ilícitas en poco más de un mes.
Uno de los operativos más recientes realizados por la Armada de Colombia dio uno de los golpes más contundentes a las redes del narcotráfico. “Gracias al trabajo de unidades de la Fuerza Naval de la Orinoquía, con Inteligencia Naval, realizaron una operación de interdicción fluvial en el sector de Nueva Antioquia, Vichada, donde fue interceptada una embarcación que transportaba aproximadamente 1.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 38 bultos”, explicó la institución naval.
Del mismo modo, precisaron que las operaciones se mantienen en las diferentes regiones del territorio nacional colombiano: “El resultado afecta las capacidades logísticas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico que utilizan los corredores fluviales para movilizar sustancias ilícitas hacia territorio venezolano”.
En medio de esta lucha, el presidente De La Espriella dijo que no van a escatimar las fuerzas del Estado para poder combatir a estas redes que siguen moviéndose en Colombia hacia destinos internacionales.
“No vamos a aflojar. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso, golpeando sus estructuras, sus armas, sus finanzas y sus economías criminales. Vamos por los criminales, sus armas, sus laboratorios, sus finanzas y sus territorios”, destacó.
La inteligencia militar
SEMANA conversó con un integrante de la inteligencia militar, quien entregó algunos detalles de esta ofensiva que están adelantando con la ayuda de la cooperación internacional con el fin de poder detectar estos cargamentos que salen desde Colombia con destinos internacionales.
“El tema de la cooperación internacional no se encontraba tan fuerte con la anterior administración, pero ahora se ha intensificado con el cruce de la información en las agencias de inteligencia. Desde el Catatumbo pasa al sur del departamento de Bolívar hasta llegar al Caribe colombiano, es decir, Bolívar, Atlántico y Magdalena, que son los corredores estratégicos para la extracción de la droga hacia Centroamérica, y, finalmente, hasta Estados Unidos”, señaló.
Lo que ahora preocupa a las autoridades y a las agencias de inteligencia del Estado colombiano es la instrumentalización de menores de edad para este tipo de actividades y adelantarse a las operaciones de la Policía y de las Fuerzas Militares.
“Buscan instrumentalizar a los menores de edad para este tema de movilización, porque saben que las leyes en Colombia no los castigan como sí lo hacen con una persona mayor de edad. En todo el país hay varias zonas en las que son clave para el narcotráfico y es donde se están articulando esfuerzos y, sobre todo, labores de inteligencia y ayudas técnicas”, sostuvo.
Guerra de poderes
Las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y hasta las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en varios puntos del sur de Bolívar, libran una lucha a sangre y fuego con el fin de tener el control absoluto del narcotráfico, pero también de la minería ilegal, que es una de las principales fuentes de financiación.
SEMANA obtuvo información de los cabecillas, quienes serían los responsables de estos hechos graves de violencia en Bolívar. En el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentra Jesús Navarro Robles, alias Casinga u Omar; es el máximo cabecilla del frente de guerra Darío Ramírez Castro, en el sur de Bolívar. Desde su posición de mando dirige las operaciones armadas, logísticas y políticas de la estructura, garantizando el control sobre amplias zonas rurales estratégicas.
Su estructura mantiene una fuerte capacidad de movilidad en terrenos de difícil acceso, aprovechando la geografía para evadir operaciones militares. Por su parte, alias Harold lidera la compañía Tito Marín, del frente de guerra Darío Ramírez Castro, y se ha convertido en un actor clave dentro de la innovación bélica del ELN.
“Su principal distintivo es el uso de drones cargados con explosivos para hostigar y atacar posiciones del Ejército, una táctica que aumentó la capacidad de daño de la organización sin exponer directamente a sus combatientes. Harold coordina misiones de sabotaje y hostigamiento selectivo, buscando golpear objetivos de alto valor estratégico y mantener la presión constante sobre la fuerza pública”, dijo una fuente militar.
En el sur de Bolívar, el Clan del Golfo tiene como máximo líder a Roineiro David Jiménez, alias Jefferson, cabecilla de la estructura Arístides Mesa Páez.
Un líder social bajo el anonimato precisó que los grupos ilegales obligan a los menores de edad a incorporarse a sus filas en puntos como el sur de Bolívar y terminan en zonas de conflicto como el Catatumbo, en Norte de Santander.
“Las autoridades locales, departamentales y el mismo Gobierno del presidente De La Espriella deben revisar muy bien el componente social en esta zona porque acá las operaciones se ven, los militares se mueven contra esa gente, pero el punto es que los niños y jóvenes no tienen casi oportunidades y tienen como una opción ser criminales. Acá hay un Estado fallido, pero ahora vemos la esperanza de que pueda mejorar”, precisó el hombre que ha sido amenazado por los grupos ilegales.
Esta revista conoció que, con apoyo de Estados Unidos, avanzan con operaciones de alto valor en esta zona del país con el fin de poder generar una ruptura en la fuente de financiación en la guerra para los ilegales.