El presidente Abelardo De La Espriella se detuvo durante su alocución ante uno de los asuntos que, según explicó, exige especial cuidado por parte del Estado: el reclutamiento de menores por organizaciones criminales. “Quiero detenerme particularmente en un asunto extremadamente delicado”, señaló.
El mandatario dejó claro que los menores reclutados utilizados por estos grupos deben ser considerados víctimas y sostuvo que su presencia en campamentos criminales no puede impedir que las autoridades actúen contra quienes los reclutan.
El menor es víctima, dijo el presidente
De La Espriella señaló que la protección de los niños debe estar en el centro de cualquier operación de la Fuerza Pública.
“Un niño reclutado es una víctima, un secuestrado. El Estado tiene frente a él una obligación reforzada de protección y nuestra fuerza pública debe actuar con inteligencia, precisión, precaución y estricto respeto por los principios de distinción y proporcionalidad”, afirmó el presidente.
Sin embargo, advirtió sobre lo que considera un riesgo si los grupos criminales utilizan a los menores para dificultar las operaciones estatales.
“Pero esa protección no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños. Los que cometen el delito son esos bandidos”, dijo De La Espriella.
El presidente agregó que no se puede permitir que los responsables encuentren en el reclutamiento una forma de protegerse frente a las acciones de las autoridades.
“No podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado. Eso produciría un incentivo perverso, premiaría precisamente al criminal que viola el derecho internacional humanitario reclutando niños”, sostuvo.
Inteligencia y precisión para actuar
Frente a este escenario, De La Espriella planteó que la respuesta estatal debe combinar la protección de los menores con acciones contra las organizaciones criminales.
“La respuesta no puede ser actuar sin precaución, pero tampoco puede ser paralizar al Estado. Nuestra respuesta tiene que ser mejor inteligencia, mayor precisión operacional, evaluación rigurosa de cada objetivo y protección reforzada de los menores”, afirmó.
El mandatario añadió que su Gobierno mantendrá la obligación de enfrentar a las organizaciones que representan una amenaza para la población.
De La Espriella también habló de los cultivos ilícitos
El presidente extendió su planteamiento a la lucha contra los cultivos ilícitos y señaló que cualquier decisión relacionada con fumigación o presión aérea deberá contar con los soportes necesarios.
“Cualquier decisión de este gobierno deberá contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario, cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que en derecho debe hacerse”, dijo.
Después, defendió las competencias del Ejecutivo en esta materia y aseguró que ya impartió instrucciones para fortalecer la defensa jurídica del Estado.
“No voy a convertir esto en una pelea del presidente contra los jueces. Esta no es una discusión personal, es una discusión institucional”, afirmó De La Espriella.
Finalmente, sostuvo que respetar las decisiones judiciales y garantizar la seguridad deben ser objetivos que avancen simultáneamente.
“Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles. Tenemos que hacer ambas cosas”, concluyó.