Hace dos años, el gobierno del presidente Gustavo Petro entregó 38.000 millones de pesos a una asociación con sede en Bucaramanga, dirigida por Rosalba Gualdrón y su hija, Andrea Santos Gualdrón. La primera es la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para el Desarrollo Social, conocida como Asoandes, y la segunda es su presidenta.
El dinero se entregó para la “generación de habilidades digitales bajo la modalidad de bootcamps” en Santander, Arauca y Norte de Santander.
Gualdrón firmó un contrato con el Gobierno en 2024 cuando Mauricio Lizcano era ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC). Lizcano fue candidato a la presidencia en 2026. Obtuvo 53.000 votos.
Según el MinTIC, se buscaba apoyar cursos de educación en programación, inteligencia artificial, análisis de datos, blockchain, arquitectura en la nube y ciberseguridad.
Para acreditar la experiencia requerida, Rosalba Gualdrón presentó ante el ministerio un contrato firmado en 2020 entre su asociación y una empresa de Barranquilla que hace mantenimiento de computadores, Virtual Tec.
Gualdrón señaló ante el ministerio que ese contrato se firmó “bajo el marco del programa Iraca, convenio suscrito entre el Departamento para la Prosperidad Social y la UT Iraca DPS 2019”.
El contrato firmado por Gualdrón con la empresa de Barranquilla señala: “Se hace necesario subcontratar a una institución educativa o asociación con experiencia”. En esa frase, la palabra clave es subcontratar.
El Departamento para la Prosperidad Social certificó que no hubo subcontratos derivados del convenio bajo el marco del programa Iraca.
En oficio del 3 de agosto, el DPS indicó que dentro del convenio no hubo contratos “que puedan catalogarse como subcontratos o subcontratación”. Firma el oficio la directora técnica Gina Lena Álvarez Hernández.
Es decir, el supuesto contrato de 2020 por 1.434 millones de pesos entre la asociación de Rosalba Gualdrón y Virtual Tec no existió, no se realizó y no se pagó.
El 3 de septiembre, Luz Enith Duarte, directora técnica del DPS, pidió a la asociación de Gualdrón informar la fecha en que Virtual Tec hizo el pago del contrato. La asociación guardó silencio.
Las personas y entidades que suscriben contratos estatales tienen que inscribirlos en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la correspondiente Cámara de Comercio. Aunque el supuesto contrato entre la asociación de Gualdrón y Virtual Tec tiene fecha de abril de 2020, solo fue inscrito en marzo de 2024, es decir, cuando la asociación lo necesitó para presentarse a la licitación por 38.000 millones de pesos.
Hace dos años, la asociación de Rosalba Gualdrón fue acusada de falsedad.
En la audiencia de adjudicación de los 38.000 millones de pesos en 2024, el rector de la principal universidad privada de Santander señaló que la asociación de Rosalba Gualdrón presentó un documento falso a la licitación.
Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), indicó en esa ocasión, refiriéndose a Asoandes, la asociación de Gualdrón: “Se debe rechazar al proponente Asoandes, puesto que no realizó los aportes de parafiscales, contrario a lo que certificó el representante legal/revisor fiscal”.
La Unab amplió así sus objeciones: “Asoandes no debe ser habilitado por presentar información inexacta con respecto al Anexo 5, certificación de cumplimiento del pago de contribuciones y aportes parafiscales, toda vez que se observa en el documento de estado de cuenta emitido por Protección S. A. que a la fecha la empresa se encuentra en mora por concepto de pago de aportes y contribuciones parafiscales por el no pago de aportes a pensión de sus trabajadores”.
Pese a las objeciones de la Unab, el contrato por 38.000 millones de pesos fue adjudicado a Asoandes. El MinTIC, a cargo de Mauricio Lizcano, concluyó: “Su propuesta cumplió con todos los requisitos establecidos por la entidad, obtuvo el mayor puntaje, esto es 99,588; por ende, se encuentra en el primer orden de elegibilidad”.
No es casual que Rosalba Gualdrón haya presentado en 2024 un contrato dentro del marco del convenio suscrito entre el Departamento para la Prosperidad Social y la UT Iraca DPS 2019.
No es casual porque su hija Andrea Santos Gualdrón fue la representante legal de la Unión Temporal Iraca DPS 2019, a la cual Prosperidad Social le entregó ese año otros 38.000 millones de pesos. Ese dinero se debía destinar a “disminuir las afectaciones de acceso a alimentos” en Murindó, Vigía del Fuerte, Acandí, Carmen del Darién, Juradó, Unguía, Barrancas, Santa Marta, Riosucio (Caldas) y Riosucio (Chocó).
Es decir, desde 2019 la hija manejó 38.637.423.736 pesos del convenio 214 con Prosperidad Social, firmado en el Gobierno del presidente Iván Duque, y desde 2024, la mamá y la hija manejaron 38.703.997.658 pesos del contrato 1518 firmado con el MinTIC en el Gobierno Petro.
En cinco años, mamá e hija recibieron del Estado dos contratos por más de 77.000 millones de pesos, hoy equivalentes a 25 millones de dólares.
El contrato adjudicado cuando Mauricio Lizcano fue ministro cubría Santander, Norte de Santander y Arauca.
Para Norte de Santander, Asoandes entregó a la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña 45 computadores Dynabook Tecra A30-G, que en Homecenter cuestan 1.600.000 pesos cada uno, así como cinco mesas y 30 sillas, que fueron utilizados por 960 estudiantes, indicó el director de la universidad, Edwin Edgardo Espinel Blanco. Esos implementos no costaron más de 100 millones de pesos, en un contrato que se firmó por una suma 380 veces mayor.
Rosalba Gualdrón Vargas tiene 69 años. Nació en Mogotes, Santander, en 1957. En 1979 se casó con Édgar Santos Lemus. Tuvo dos hijos: Andrea Paola Santos Gualdrón y Édgar Eduardo Santos Gualdrón. En 1997, el Banco Ganadero demandó en un proceso ejecutivo ante un juzgado de Aguachica, Cesar, a Rosalba Gualdrón Vargas, “cuyo domicilio se desconoce”.
Gualdrón contrajo segundas nupcias con Héctor Moreno Galvis, quien fue alcalde encargado de Bucaramanga en 2011. La Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años debido a irregularidades en el contrato de alumbrado navideño con la Fundación Asistencia Social. El exmandatario falleció en 2021.