En un documento de cinco páginas, el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción concluyó que no existían méritos para prorrogar por otros tres meses la suspensión de los cargos del general Juan Miguel Huertas Herrera y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía.
Para el procurador, no existen pruebas de que el oficial del Ejército y el funcionario de la DNI hayan continuado con las actividades que motivaron la apertura de una investigación disciplinaria en su contra y su respectiva suspensión temporal de sus cargos; es decir, la entrega de información a las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.
En el documento revelado en primicia por SEMANA, el delegado del organismo de control disciplinario concluyó que las pruebas presentadas tanto por la Corte Suprema como por la Fiscalía General no permiten inferir que las acciones hayan seguido desplegando en estos meses.
“(…) en este momento procesal, si bien en el pasado (2024) se tuvo la información acerca de las presuntas concertaciones de los disciplinables con personas al margen de la ley, ya siendo servidores públicos, no se tiene la corroboración de que hayan seguido en esas alianzas”, enfatiza la decisión.
Pese a que no se prorroga la suspensión —advierte—, el proceso sigue su curso mediante la recolección de evidencia: “Habida cuenta de ello, corresponde entonces continuar con la labor probatoria que permita establecer si las conductas cuestionadas, además de ser corroboradas, se han extendido a épocas en las que los disciplinados tenían la calidad de servidores públicos”.
Teniendo en cuenta los informes enviados por la Fiscalía 12 Auxiliar Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se indica que los hechos materia de investigación se presentaron el 8 de febrero de 2024, “momento para el cual el general Huertas estaba en retiro de las fuerzas militares y el señor Mejía no había accedido al cargo en la Dirección Nacional de Inteligencia”.
Mientras que en el caso de la Fiscalía 75 Especializada de Medellín no se envió información relacionada en la que “se desprenda y que concrete que los disciplinables, siendo ya servidores públicos, hayan mantenido relaciones con personas pertenecientes a organizaciones criminales”.
El general Huertas y Wilmer Mejía están en la mira por presuntamente entregar códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública, así como brindar un eventual apoyo para la creación de empresas de seguridad que permitieran legalizar armas y prepararse frente a una eventual finalización de los diálogos con el Gobierno.
Con la decisión de la Procuraduría, el general Huertas podrá regresar a su cargo de comandante de personal del Ejército Nacional, mientras que Wilmar Mejía se reintegrará como director de inteligencia de la DNI.