El abogado penalista Víctor Mosquera Marín solicitó a la Fiscalía General abrir una investigación penal y preservar pruebas ante las denuncias de presuntos seguimientos ilegales e inteligencia contra el exsenador Miguel Uribe Turbay y otros líderes de la oposición en Colombia, que fueron revelados por SEMANA.
Las revelaciones de este medio en su edición más reciente generaron toda una tormenta política y jurídica en el país, debido a las presuntas actividades de inteligencia y seguimientos ilegales contra destacados miembros de la oposición política en Colombia, expresidentes y periodistas.
Ante la gravedad de los hechos, el abogado penalista Víctor Mosquera Marín anunció que radicará una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a fondo esta presunta red de espionaje institucional.
A través de un pronunciamiento oficial en su cuenta de X, el jurista detalló el alcance de las acciones legales que emprenderá en representación de los afectados. Según el abogado, es imperativo que el ente acusador actúe con la mayor celeridad para recaudar y preservar los elementos materiales probatorios que impidan la alteración de los registros de seguridad.
Ante la información conocida sobre actividades de inteligencia y seguimiento reveladas por @RevistaSemana contra Miguel Uribe Turbay y otros miembros de la oposición, solicitaré formalmente a la Fiscalía General de la Nación que estos hechos sean investigados a fondo y que las…
— Victor Mosquera Marin (@VictorMosqueraM) October 3, 2026
“Pediremos acceso a toda la información relacionada que repose en las investigaciones correspondientes, incluyendo órdenes de trabajo, seguimientos, interceptaciones, consultas en bases de datos, informes de inteligencia, reportes financieros y cualquier intercambio de información entre la DNI, la Uiaf y otras entidades del Estado”, señaló Mosquera.
“Es indispensable establecer quién ordenó estas actuaciones, quién las ejecutó, quién tuvo acceso a la información obtenida, a quién fue entregada y cuál fue su destino”, dijo en sus declaraciones públicas, advirtiendo que la impunidad en estos escenarios vulnera los pilares de la democracia.
El abogado penalista insistió en la necesidad de que se conozca la verdad sobre lo ocurrido por completo. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias jurídicas para establecer todas las responsabilidades”, reiteró el jurista.
SEMANA reveló este sábado que la DNI se convirtió, durante el gobierno Petro, en una especie de policía política que interceptó las comunicaciones de miembros de la oposición.
Se trata de los graves hallazgos de una minuciosa auditoría forense ordenada por el presidente De La Espriella a esa entidad, que promete destapar uno de los peores escándalos en la historia de la inteligencia en Colombia.
Allí queda claro que el aparato de inteligencia de la DNI no habría actuado como una rueda suelta. Por el contrario, fue una pieza más en un complejo engranaje que incluía a la Uiaf, a la Dian y a algunos oficiales de la Policía y el Ejército.