El exfiscal general Francisco Barbosa emitió un comunicado a la opinión pública tras las revelaciones de SEMANA por presuntas acciones de espionaje, seguimientos e interceptaciones ilegales en su contra durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Los hechos, que fueron dados a conocer por este medio, a partir de una alta fuente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), han desatado una profunda preocupación sobre las garantías democráticas y la independencia de la justicia en el país.
De acuerdo con Barbosa, de confirmarse estas versiones, se estaría ante uno de los “ataques más graves contra la independencia judicial en la historia reciente de Colombia”.
El exfuncionario señaló que la utilización del aparato de inteligencia del Estado para vigilar al fiscal general de la nación —en momentos en que la entidad adelantaba investigaciones contra personas del entorno del entonces presidente de la República— representaría un claro intento de intimidación y neutralización de la administración de justicia.
Ante las graves revelaciones conocidas hoy sobre presuntas acciones de inteligencia, seguimientos y espionaje en mi contra mientras ejercía como Fiscal General de la Nación, he decidido pronunciarme públicamente.
— Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) October 3, 2026
En este comunicado explico las acciones que emprenderé ante la… pic.twitter.com/5BFEkeWjnp
“Ninguna autoridad administrativa ni de inteligencia en Colombia puede interceptar comunicaciones sin orden judicial. Lo prohíben el artículo 15 de la Constitución y la Ley 1621 de 2013. Hacer seguimientos y perfilamientos con fines políticos es una práctica propia de regímenes autoritarios y no tiene cabida en un Estado de derecho”, enfatizó Barbosa.
Ante la gravedad de las revelaciones, el exfiscal general anunció que el próximo lunes, 5 de octubre, acudirá personalmente a la Fiscalía General de la Nación para radicar una denuncia penal formal.
Esta acción judicial estará dirigida contra todas las personas que resulten responsables de ordenar, ejecutar, encubrir o recibir el producto de estas actividades de espionaje ilegal, sin importar su nivel jerárquico dentro de la administración pública.
“Pediré a la Fiscalía que adelante la investigación con la mayor celeridad, para que el tiempo no borre las huellas criminales. Si las responsabilidades alcanzan a aforados constitucionales, acudiré también ante las instancias competentes”, indicó Francisco Barbosa en el documento.
Como parte de su estrategia, Barbosa anunció que exigirá formalmente a la Uiaf y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) la entrega de toda la información, los registros y las órdenes de trabajo que existan sobre él, así como que se garantice la preservación de toda la evidencia.
En el comunicado, el exfiscal también expresó su solidaridad hacia la exvicefiscal general Martha Mancera y hacia todas las demás personas que, según las revelaciones periodísticas, habrían sido víctimas de esta misma campaña de persecución sistemática.
“La sociedad colombiana merece conocer la verdad completa. Defendí la independencia de la justicia como fiscal general y lo seguiré haciendo como ciudadano”, sentenció el exjefe del organismo de control.
De acuerdo con lo revelado por SEMANA, una fuente de la Uiaf aseguró que esa entidad tenía capacidades de intervenir las comunicaciones de sus objetivos. Entre ellos estarían la entonces procuradora Margarita Cabello, a quien también le habrían monitoreado a un hijo; el excontralor Carlos Felipe Córdoba, por dudas sobre sus estudios en derecho. Además, el general (r) Eduardo Zapateiro, el general (r) Luis Fernando Navarro, el general (r) Jorge Luis Vargas, el expresidente Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay (quien murió en agosto de 2025 tras sufrir un atentado el 7 de junio de ese año), Jenny Rozo, el abogado y columnista Ramiro Bejarano y periodistas, entre los que estaba Vicky Dávila, en su momento directora de SEMANA, y quien luego fue candidata presidencial.