El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un nuevo marco para regular la actuación de las autoridades durante las protestas. El borrador, publicado por el Ministerio del Interior, modifica el decreto 003 de 2021 y busca establecer con mayor precisión qué deben hacer las autoridades antes, durante y después de una manifestación, especialmente cuando aparecen bloqueos, agresiones o daños a bienes e infraestructura. El texto está abierto a comentarios hasta el 4 de octubre.
Uno de los cambios centrales está en la manera como se respondería cuando una protesta deja de ser pacífica. El proyecto mantiene la obligación de dialogar y mediar, pero aclara que ese diálogo no necesariamente tendría que detener una intervención contra personas que estén cometiendo actos violentos.
En otras palabras, la Policía podría actuar contra quienes estén agrediendo personas, utilizando armas o explosivos, reteniendo a alguien contra su voluntad o atacando infraestructura, mientras el diálogo continúa con los demás manifestantes. El borrador señala que esa intervención debe ser individualizada y no puede convertirse en una actuación generalizada contra toda la movilización.
Para ordenar esa respuesta, el proyecto establece cinco niveles. Primero están la prevención y los gestores de convivencia; después, el diálogo directo; luego, la mediación y la articulación institucional. Si esas herramientas no funcionan, aparece la disuasión y, finalmente, el restablecimiento del orden con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, o la unidad policial disponible.
Sin embargo, el propio borrador contempla situaciones en las que los tres primeros niveles pueden omitirse. Entre ellas están la presencia de armas de fuego, explosivos o artefactos incendiarios, ataques contra personas, destrucción de infraestructura, retención de personas o agresiones contra servidores públicos, personal médico o periodistas. La decisión debe quedar documentada y justificada.
¿Y qué pasa con los bloqueos? El proyecto no establece que bloquear una vía convierta automáticamente una protesta en violenta. Por el contrario, señala que la obstrucción de una carretera, por sí sola, no cambia el carácter pacífico de la manifestación.
Para decidir si es necesario intervenir, el Puesto de Mando Unificado deberá mirar, entre otros factores, cuánto tiempo lleva el bloqueo, si existen vías alternas, si están siendo afectados vehículos de emergencia, servicios esenciales o el abastecimiento, y si la obstrucción está afectando de manera verificable los ingresos de personas y establecimientos de la zona. Solo en situaciones excepcionales, cuando exista una afectación grave e inminente y no haya una alternativa menos lesiva, podría ordenarse la disolución.
El borrador también introduce los llamados corredores solidarios: franjas que deberán mantenerse disponibles para ambulancias, bomberos, organismos de socorro, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, niños y adolescentes, además del traslado de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos perecederos. La obligación de garantizar esos corredores recaería en las autoridades y no en los manifestantes.
Si se comprueba que no es posible mantenerlos o que existe una negativa expresa a permitir el paso de vehículos de emergencia, esa situación podría convertirse en una causal para dar por agotada la etapa de diálogo.
Otro cambio visible sería la presencia policial durante las movilizaciones. El proyecto establece que el dispositivo de acompañamiento de la Policía deberá ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros de la manifestación, con el propósito de proteger tanto a quienes protestan como a quienes no participan.
Buena parte de las decisiones quedaría concentrada en el Puesto de Mando Unificado, que deberá funcionar antes, durante y después de la jornada. Allí se documentarían las decisiones, las razones para avanzar de un nivel de respuesta a otro, las afectaciones registradas y las actuaciones de las autoridades.
El proyecto también ordena que, después de una jornada con incidentes, las alcaldías o gobernaciones publiquen un balance sobre personas lesionadas, daños a bienes, infraestructura afectada y denuncias formuladas.
El Gobierno sostiene que la propuesta busca proteger simultáneamente el derecho a la protesta y los derechos de quienes no participan en ella. El borrador mantiene, además, que las manifestaciones se presumen pacíficas, que el aviso previo no es una condición para ejercer el derecho y que las Fuerzas Militares no intervienen en estas actuaciones.