Gran revuelo generó un proyecto de ley que presentaron los representantes Julio César Triana, de Cambio Radical, y Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, en el que se propone sancionar penalmente a quienes cometan actos vandálicos en medio de las protestas.
En entrevista con SEMANA, Triana defendió la iniciativa y respondió a los cuestionamientos sobre su supuesta inconstitucionalidad.
SEMANA: ¿El proyecto que presentaron para castigar a los encapuchados que cometan actos vandálicos es constitucional?
Julio César Triana: Estamos absolutamente convencidos de que este proyecto va a pasar el examen de la Corte Constitucional. Lo decimos por dos razones: primero, porque la misma carta política, en su artículo 87, dice en uno de sus apartes que solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio al derecho de la protesta y eso es lo que estamos diciendo.
Aquí también se ha pronunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 15, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 21, han dicho que las restricciones que se prevean por ley que sean necesarias en una sociedad democrática para mantener el interés de la seguridad nacional y del orden público pueden darse, siempre y cuando se tramiten por ley ante el Congreso.
Aquí la restricción, y quiero en esto ser muy claro, no es al derecho de la protesta. Una persona puede salir a protestar y ocultar su rostro y no pasa nada, no se le va a aplicar este nuevo delito inmerso en el Código Penal. Si la persona protesta de manera pacífica con una máscara, con un pasamontañas o cualquier elemento que oculte su rostro, no va a pasar nada, siempre y cuando lo haga de manera pacífica. Aquí lo que ocurre es que se dice que, para que este delito ocurra, tienen que darse tres circunstancias que son obligatorias. Primero, que sea en el marco de una protesta; segundo, que cometa actos vandálicos; y tercero, que oculte su identidad a través de cualquier elemento.
Aquí no se está poniendo como delito que una persona salga a protestar pacíficamente y oculte su rostro; aquí el delito es que oculte su rostro para cometer actos vandálicos.
SEMANA: ¿Cómo se podría llegar a identificar a estas personas si precisamente estarían como cubriendo su identidad?
J. T.: Construyendo este tipo penal, las autoridades ya tienen una herramienta para poder actuar en tiempo real. La Fiscalía ya no va a necesitar que alguien vaya a poner la denuncia, sino que debe actuar de oficio porque esto es lo que va a generar este tipo penal y la pena inmersa hará que la Fiscalía actúe de oficio. Lo que hemos visto por los encapuchados que han causado actos vandálicos con bombas artesanales o incendiarias en locales comerciales o plazas es que siempre se espera a que haya una denuncia. Con este tipo penal tendrá que haber una actuación de oficio de la Fiscalía y las autoridades tendrán un tipo penal para poder actuar en tiempo real.
SEMANA: ¿Qué antecedentes encontraron en la Corte Suprema de Justicia sobre lo que están proponiendo?
J. T.: Permítame citar la sentencia de la Corte más reciente, la C-014 del 2023. Esa sentencia dice: “El uso de elementos para ocultar el rostro en el desarrollo de protestas o movilizaciones se marca en el ejercicio de los derechos fundamentales y de los derechos de reunión de la manifestación pública y pacífica, siempre que la conducta se circunscriba a la ejecución de una manifestación constitucionalmente viable”, lo que quiere decir que la Corte nunca ha dicho que puede utilizar la capucha para cometer actos vandálicos, sino para ejercer su derecho de manera tranquila y pacífica. En esta sentencia la Corte protege la manifestación ocultando el rostro siempre y cuando sea pacífica; lo que nunca ha avalado es que se pueda ocultar el rostro para adelantar actos delictivos.
SEMANA: ¿Cómo ha sentido el ambiente en el Congreso tras un día de haberse presentado el proyecto y todo el debate que ha generado?
J. T.: Es normal que un proyecto genere controversia, pero muchas veces se tergiversa. He visto videos de algunos congresistas del Pacto hablando de la inconstitucionalidad del proyecto sin conocer el texto, como también he visto tergiversación de algunos actores políticos diciendo que se va a penalizar el uso de cualquier elemento para tapar u ocultar en una manifestación pacífica; eso no se va a penalizar. Se va a penalizar el acto delictivo, el acto vandálico que se valga del uso de la capucha o de cualquier elemento para ocultar el rostro.
También veo unos partidos y unas mayorías que le van a dar el éxito a este proyecto. Recuerde que es una ley ordinaria y, por serlo, requiere solo de cuatro debates y mayorías simples. Es bueno tener de presente que no estamos hablando de una ley estatutaria que modifique o desarrolle el derecho de la protesta; no se está tocando ese derecho fundamental.
SEMANA: Según lo que investigaron, ¿estas capuchas son utilizadas por infiltrados en medio de las protestas?
J. T.: Siempre que unos encapuchados aparecen en una protesta a generar actos de violencia, los organizadores de esa protesta salen a decir que son infiltrados, que no hacen parte de quienes la lideraban. Entonces esta ley les va a caer como anillo al dedo porque les va a permitir que les caiga todo el peso de la ley y se judicialice a esos infiltrados que se salen de una protesta, del ejercicio pacífico de la protesta, del ejercicio constitucional para adelantar actos vandálicos. Esta ley lo que va a permitir es que esos delincuentes que buscan infiltrarse en las protestas para incendiar policías, los CAI y atentar contra la infraestructura pública o privada, de aquí en adelante lo tienen que pensar dos veces. No podrían volverse a infiltrar porque ya hay un tipo penal que recaería sobre ellos.