Los representantes Julio César Triana, de Cambio Radical, y Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, junto a otros congresistas, radicaron un proyecto de ley que dará mucho de qué hablar. Se trata de una iniciativa que busca sancionar a los manifestantes que utilicen capuchas, ocultando su identidad, y estén inmersos en actos vandálicos.
La iniciativa propone que en el Código Penal quede consignado que quien “cometa acto vandálico aprovechándose del ocultamiento de su identidad, con ocasión de una manifestación pública, reunión, movilización o concentración pública, o aprovechando su desarrollo, incurrirá en pena de prisión de cincuenta y cuatro meses (54) a noventa y seis (96) meses y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
La pena aumentará en dos tercios si se utilizan objetos peligrosos hechos a mano, explosivos, sustancias que puedan causar daño o cualquier otro medio para herir a las personas o dañar bienes públicos y privados.
Asimismo, el que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente las vías de infraestructura o de transporte que afecten a la humanidad, la salud pública o la seguridad alimentaria, incurriría en una pena de prisión entre 54 y 96 meses y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la pérdida de inhabilidad de derechos y de funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.
Según aclaran los congresistas en el proyecto de ley, la protesta pacífica está garantizada como se establece en la Constitución Política.
Asimismo, pusieron como precedente lo que ha ocurrido en otros países con reformas similares, como fue el caso de Chile con la Ley Antiencapuchados que se aprobó por el Congreso de ese país tras las manifestaciones violentas de 2019. Allí, más allá de sancionar a quienes usen capuchas, se busca desincentivar el anonimato cuando estos elementos sean utilizados para cometer actos de violencia o afectar los bienes públicos y privados.
En el caso de Guatemala se impuso una prohibición directa con consecuencia penal, por lo que se impidió utilizar elementos que oculten intencionalmente la identidad.
Se trata de un proyecto que generará un profundo debate por las posiciones que se sabe que hay en el país. La iniciativa es respaldada por Julio César Triana, Andrés Guerra, Guillermo Alvira, Luis Eduardo Díaz, Germán Rodríguez, Daniel Briceño y Juan David Londoño.
Por otro lado, en los últimos días congresistas de sectores de izquierda habían radicado otro proyecto en el que pretendían darle mayores garantías a los manifestantes.