El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se metió en la discusión que ha despertado en la opinión pública un fallo del Consejo de Estado en el que se atribuyeron responsabilidades civiles a los manifestantes de una junta de acción comunal en Acacías, Meta, que bloqueó una estación de Ecopetrol en esa región.
Peñalosa respaldó la decisión que tomó el alto tribunal. “Bien que el Consejo de Estado no permita que minorías ínfimas perjudiquen a cientos de miles. Está bien que una manifestación con 50.000 personas cope una vía, pero no puede permitirse que 100 matoncitos bloqueen el transporte masivo y perjudiquen a cientos de miles de ciudadanos, que tienen que caminar horas para llegar a sus viviendas, su trabajo o su estudio, para recoger a sus niños del colegio o el jardín”, aseguró.
Bien que el Consejo de Estado no permita que minorías ínfimas perjudiquen a cientos de miles. Está bien que una manifestación con 50.000 personas cope una vía. Pero no puede permitirse que 100 matoncitos bloqueen el transporte masivo y perjudiquen a cientos de miles de…
— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 2, 2026
El excandidato presidencial dijo que tampoco se puede permitir, que se destruyan las propiedades públicas y privadas ni que los ciudadanos deban asumir los costos derivados de esos hechos.
“Si los que protestan tienen derechos, los ciudadanos que no están protestando y llevan a cabo su vida cotidiana también los tienen”, dijo.
Peñalosa recordó que cuando estudiaba en París hace 50 años vivió una protesta en la que los manifestantes solamente obstaculizaban el tráfico, cuando llegó la Policía y los golpeó con bolillo. Cuando preguntó por qué lo hacían, le respondieron que esa manifestación no tenía permiso de la alcaldía, por lo que no estaba permitida.
El fallo del Consejo de Estado condenó a la Corporación Juntas de Acción Comunal San Isidro de Chichimene y a su representante legal, Sandra Patricia Ruiz, por los bloqueos a la estación de Chichimene y otros daños que causaron los manifestantes a la infraestructura, entre ellos, computadores, oficinas, equipos de laboratorio, entre otros.
Asimismo, bloquearon la operación, lo que generó afectaciones en siete contratos comerciales para el abastecimiento de bienes y servicios, así como en la producción diferida de 20 pozos petroleros que disminuyeron sus ganancias y la extracción de crudo de cerca de 32.000 barriles, con pérdidas cercanas a los 4.000 millones de pesos.
El alto tribunal determinó que, en este caso, se demostró que se ocasionó un daño y que los bloqueos impidieron la extracción de petróleo, lo que generó grandes afectaciones para la empresa del Estado y para los ciudadanos.
Para los magistrados del Consejo de Estado, las manifestaciones sobrepasaron los límites constitucionales y generaron afectaciones a la propiedad y al libre desarrollo de la actividad económica.