SEMANA reveló en su última portada cómo los organismos de inteligencia del Estado habrían permanecido al servicio de los intereses políticos de la administración de Gustavo Petro. Las conclusiones las arroja una completa auditoria forense ordenada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Se trata de un informe de una enorme magnitud, con información analizada que corresponde a 147 terabytes, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y tablets que les permitirán a los investigadores rastrear todo lo que hizo en la administración Petro en esa entidad.
“La máxima dependencia a cargo de garantizar la seguridad nacional perdió la “confiabilidad”. Por si fuera poco, hubo infiltraciones, corrupción, injerencia de agentes extranjeros, los sistemas tecnológicos fueron “infectados”, se perdieron las capacidades adquiridas y, al final, la información más sensible y reservada se politizó y terminó en la calle en manos peligrosas", dice la investigación.
Estos son sus cinco grandes hallazgos.
1. “El Hoyo Negro”
Durante la administración de Gustavo Petro, la DNI estuvo al mando de sus antiguos compañeros del M-19. La auditoria detectó que en ese tiempo se produjeron cambios estructurales.
El mayor fue realizado por medio del Decreto 1077 de 2024, firmado por el presidente Petro. Allí, se creó un grupo cerrado denominado “contrainteligencia del Estado”.
El objetivo de ese grupo no era público, pero las fuentes consultadas para el informe de auditoria lo describen como una estructura opaca lejos de controles. Y, por esa razón, la llamaban el “hoyo negro”.
“Operó sin reglas y tuvo acceso a la información más crítica que se manejó entre 2022 y mediados de 2026, incluida la que tuvo relación con la oposición al Gobierno y la campaña presidencial”, dice el informe de SEMANA.
2. Interceptaciones a opositores
La investigación también arrojo otra arista. Durante el gobierno Petro, numerosos miembros de la oposición fueron objeto de investigación por cuenta de estas agencias.
Una fuente de la UIAF narró cómo estaba la instrucción de esculcar en la vida de importantes personajes del Estado que le eran incómodos al ejecutivo.
“A partir de unas órdenes de trabajo que impartió la Uiaf, se le empezaron a hacer escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos al fiscal Francisco Barbosa. A la vicefiscal Martha Mancera también le estaban esculcando hasta el nido de la perra”, narró esa fuente.
No fueron los únicos en la mira. “Margarita Cabello, a quien también le habrían monitoreado a un hijo; el excontralor Carlos Felipe Córdoba, por dudas sobre sus estudios en derecho. Además, el general (r) Eduardo Zapateiro, el general (r) Luis Fernando Navarro, el general (r) Jorge Luis Vargas, el expresidente Iván Duque, el expresidente Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay (quien murió en agosto de 2025 tras sufrir un atentado el 7 de junio de ese año), Jenny Rozo, el abogado y columnista Ramiro Bejarano y periodistas, entre los que estaba Vicky Dávila, en su momento directora de SEMANA, y quien luego fue candidata presidencial”, se dijo en el informe.
3. Agentes extranjeros en la inteligencia
También llamó la atención la presencia de numerosos funcionarios con doble nacionalidad en los organismos de inteligencia. Y se estudia si muchos de ellos nacieron en otros países, pero se les entregó la nacionalidad colombiana o se les crearon registros civiles falsos antes de entregarles el cargo.
“En los últimos cuatro años, además, la DNI tuvo una preocupante injerencia extranjera y hay una “sospecha fundada” de la presencia en territorio nacional de agentes de inteligencia de Rusia, Irán, Cuba y Venezuela, que habrían permeado a dicha institución. Hasta el 7 de agosto de 2022, esos países eran monitoreados por Colombia al ser considerados una amenaza”, explica la investigación publicada por SEMANA.
También se investigan dos viajes a Rusia para participar en entrenamientos, al parecer del Servicio Federal de Seguridad, conocido como FSB, conocida como la “agencia de espías de élite de Rusia”.
4. Las posibles ayudas a delincuentes
Hay investigaciones sobre posibles favorecimientos a actores ilegales. Se menciona en la auditoria a Julio Lozano, J Firma, el Boyaco Sinaloa, Tonto Contreras, Runcho, alias Falcón y Fortuna, relacionados con el Clan del Golfo. También se habla de disidentes de las Farc, el de alias Araña, extraditado por De La Espriella.
SEMANA confirmó que parte de esta información viene de fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
5. El abuso de los gastos reservados
La auditoria evidenció que no existe trazabilidad de muchos de los gastos reservados de la entidad. Menciona que se contrató un software llamado ABIS, de registro biométrico, que nunca funcionó. “Se pagaba a informantes identificados con códigos que armaron empresas y fundaciones de fachada. Una agente identificada como N. D., de la dirección de contrainteligencia, por ejemplo, tiene un proceso de desfalco de 20 millones de pesos porque solo justificó 20.000 pesos”, establece el documento.
“En los últimos cuatro años, para gastos reservados, la DNI destinó entre 7.000 y 10.000 millones de pesos cada año, aproximadamente. El mayor desembolso ocurrió en 2025 en medio de la campaña presidencial. En este frente, se detectó el uso de por lo menos 350 millones de pesos en misiones de trabajo que no eran de la competencia de la dirección de contrainteligencia de la DNI y que tenían relación, por ejemplo, con los casos de alias Papá Pitufo, la llamada paz urbana en Medellín, alias el Mocho Olmedo y el periodista Enrique Tapias”, asegura el informe.