La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró la etapa de investigación en el esclarecimiento de las responsabilidades del nivel nacional del Caso 03 que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado, más conocidos como falsos positivos.

Tras esto, se tomó la decisión de llamar a reconocer responsabilidad a siete generales retirados y remitió a otros tres a la UIA por su participación en la consolidación de este patrón nacional entre 2005 y 2008.
“La Sala analizó el papel que habría desempeñado cada uno de los comparecientes en el fenómeno criminal, teniendo en cuenta las funciones que ejercían, las actuaciones que se les atribuyen y su relación con los hechos investigados”, señaló la JEP.
Los generales que fueron llamados son los siguientes: el general (r) Luis Felipe Paredes Cadena; los mayores generales (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiróz y el brigadier general (r) José Joaquín Cortés Franco.
Además, la sala también identificó como máximos responsables por estos crímenes a los generales (r) Mario Montoya Uribe y Óscar Enrique González Peña, y al mayor general (r) Luis Roberto Pico Hernández.
No obstante, aclaró que, tras valorar sus actuaciones procesales previas en las que manifestaron de manera expresa y reiterada que no reconocerían responsabilidad por los hechos y conductas que les fueron atribuidos por la JEP, la sala remitió sus procesos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde se adelantará un proceso adversarial.
La JEP describió varios aspectos que fueron relevantes, como la dimensión de la investigación, el contexto en el que se produjeron los crímenes, la política de facto, el desmonte de la política de conteo de cuerpos, el patrón macrociminal que se identificó, entre otros.
Asimismo, explicaron los casos de cada uno de los generales que fueron llamados a reconocer su responsabilidad, como el del general (r) Mario Montoya. Sobre este, resalta que la investigación encontró bases suficientes para considerarlo “máximo responsable por su contribución a la consolidación e institucionalización de una política de facto de conteo de cuerpos que privilegió el número de bajas en combate”.

“La Sala documentó que el señor Montoya Uribe promovió mecanismos de presión, seguimiento y competencia entre unidades, mediante programas radiales, metas cuantitativas, clasificaciones o ‘rankings’ y sistemas de incentivos que privilegiaban el reporte de muertos en combate sobre otros resultados operacionales”, indicó la JEP.
De hecho, menciona que el alto oficial conocía denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y, pese a esto, mantuvo las presiones y los incentivos asociados al aumento de bajas.
Otro de los casos es el del general (r) Óscar Enrique González Peña, quien, según las investigaciones, habría contribuido a la expansión y sostenimiento del patrón macrocriminal mediante presiones constantes y públicas a las unidades militares bajo su mando para incrementar el número de muertos en combate reportados.

En cuanto al mayor general (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira, la Sala señaló que “no ejerció de manera idónea las funciones que le fueron asignadas, como Inspector General del Ejército, para detener la comisión de estos crímenes”.
Tras esta decisión de la JEP, los generales en retiro deberán manifestar si reconocen o no los hechos y su responsabilidad. Además, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público también podrán presentar observaciones.
