La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó este martes 17 de noviembre la imputación de cargos contra 18 exintegrantes de la Fuerza Pública por hechos de violencia basada en género contra civiles cometidos directamente por soldados y policías, en alianza con grupos paramilitares.

Los 16 exintegrantes del Ejército Nacional y los dos exagentes de la Policía Nacional deberán responder por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El magistrado Óscar Parra, ponente de la decisión, señaló que la Sala de Reconocimiento de la Verdad determinó la existencia de dos patrones de macrocriminalidad que evidencian cómo integrantes de la fuerza pública cometieron, facilitaron o permitieron violencias basadas en género contra la población civil en distintas regiones del país, tanto de manera directa como en acciones conjuntas con grupos paramilitares.

“En el marco de esta investigación, la sala seleccionó hechos ilustrativos que evidencian rasgos comunes a los patrones de macrocriminalidad, los cuales ocurrieron principalmente en territorios no priorizados por otros macrocasos, como Putumayo, Arauca o Boyacá”, señaló el magistrado Parra.
En este expediente se citan 565 casos de violencias basadas en género contra la población civil y 755 víctimas directas: 650 mujeres, 85 hombres y 20 personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas por hechos ocurridos entre 1978 y 2016.

“De dicho total, 35 fueron cometidos de manera directa por grupos paramilitares en el marco de masacres que contaron con la tolerancia, aquiescencia o colaboración de agentes de la fuerza pública”, resaltó el magistrado.
“Este universo corresponde a los hechos recibidos, documentados y analizados por la sala y no representa la totalidad de las violencias ocurridas, pues aún existe un alto subregistro, el cual no impide la investigación de los hechos, pero sí evidencia barreras que persisten para la denuncia y el tratamiento judicial de estos casos”, añadió.
Por esto fueron vinculados a un proceso por asesinato y homicidio, tortura, desaparición forzada, esclavitud sexual, violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, persecución por motivos de género y políticos, traslado forzoso de la población, desplazamiento de personas civiles, tratos crueles y otros actos inhumanos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad convocó a los 18 antiguos integrantes del Ejército Nacional y de la Policía Nacional a reconocer su responsabilidad.
En esta lista figuran un brigadier general, un coronel, un mayor del Ejército y un capitán de la Policía, todos vinculados al proceso como autores por omisión.
Otros 13 comparecientes son llamados como coautores por haber contribuido al despliegue de la alianza con paramilitares o al desarrollo de operativos militares en los cuales se cometieron violencias basadas en género.
Por parte del Ejército Nacional se llamó a reconocer responsabilidad a dos coroneles, tres tenientes coroneles, cuatro mayores, dos tenientes y un soldado; por parte de la Policía a un mayor, todos en retiro.
Mientras que un sargento segundo del Ejército fue llamado como coautor y autor de violencias basadas en género.
